Por Borja Montero
Hoy es 6 de diciembre, Día de la Constitución Española. Para los que hemos nacido después de la muerte de Franco, esta festividad ha estado siempre ahí y si hemos sabido de su significado, más allá de la confección de minivacaciones invernales junto a la celebración festiva de origen religioso de dos después, ha sido porque hemos querido tomar conciencia de nuestra idiosincrasia política y ciudadana. En la cuadragésima celebración de este 6 de diciembre con valor añadido, si bien no fue festivo hasta 1983, parece un buen momento para mirar a aquello que se homenajea en este día, la Constitución, pieza central del ordenamiento jurídico español, que fue votada en referéndum tal día como hoy de 1978 y entró en vigor tres semanas después.
Precisamente el paso de estas cuatro décadas de servicio, y la maduración que en este tiempo deberían haber sufrido nuestras entendederas democráticas, ha hecho que muchos vean cada más cercana la posibilidad de modificar la carta magna, este sacrosanto documento que otros, por su parte, ven intocable. Es cierto que la Constitución establece las bases de algunos de los pilares fundamentales de la organización del país, precisamente por lo cual es un tema tan delicado que no puede ser impuesto por una sola opción política sino que requiere de una visión poliédrica de los asuntos y de un talante de diálogo y acuerdo de los que el mundo político español en la actualidad adolece (y no soy muy optimista en que los próximos años).
A pesar de que su reforma esté más bien lejos, y con la perspectiva y el cambio de enfoque que nos dan cuarenta años de existencia y el hecho de que la mayoría de la población a la actualmente afecta siempre ha vivido a su amparo, en el articulado de la Constitución, encontramos algunas cuestiones que podrían estar sujetas a revisión, algunas por la pérdida de la utilidad social que pudieron tener en su momento, otros por tratarse de conceptos pasados de moda y otros por ser preceptos que no se aplican, si bien esto tendría más que ver con la falta de desarrollo legislativa posterior que por la propia redacción del texto constitucional.
Sea cual sea el diagnóstico de cada uno y de las mejoras que cada uno pueda pretender (el PP es el único partido que no ha propuesto ninguna modificación a la carta magna, mientras que el resto de partidos, desde todos los ámbitos de la izquierda hasta la derecha más radical, sí incluyen en sus programas puntos a revisar), este cuadragésimo aniversario de la ratificación ciudadana de la Constitución Española parece venir a decirnos que tengamos paciencia y aprendamos a vivir con los preceptos y mandatos de nuestra viaje amiga de 1978, ya que parece poco probable que un Gobierno, ni siquiera el Ejecutivo interino y muy aficionado a la grandilocuencia en sus gestos e iniciativas, se atreva a iniciar un proceso tan sofocante como puede ser el pactar una modificación de cierto calado en el texto constitucional en un ambiente político tan fragmentado y lleno de egocentrismos.
La sociedad española debería estar madura para afrontar las correcciones que impone la vida adulta, pero puede que la política española, en lugar de madurar, haya regresado a una etapa infantil.
