¿Y ahora quién paga la cuenta?

Obras en Pioz. // Foto: elmundo.es

Por Yago López

En mi pueblo si el que lleva el bote cuando salimos de fiesta se lo gasta todo y no dice nada, nos deja una deuda en el bar de diez veces más de lo que pusimos y otro pufo multimillonario con una productora musical por montar un escenario en la plaza para un concierto de los Rolling, que además nunca podremos disfrutar porque no queda pasta para terminar la instalación y menos para traer a la banda, como mínimo se va de cabeza al pilón, le ponemos a currar como una bestia para pagar lo que debe y, desde luego, no vuelve a tocar un duro que no sea suyo en lo que le queda de vida. Eso sí, en España parece que si el que juega con nuestro dinero es el alcalde aquí paz y después gloria.

Hace unos meses el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, a cuenta del Plan de Proveedores lanzado por el Gobierno central para ayudar a los Ayuntamientos a pagar sus deudas, destacó que el pueblo más endeudado de España estaba en Guadalajara y añadió que tardaría 7.000 años en pagar lo que debía. Y en cuestión de horas todos señalaron a la localidad de Pioz, donde su por aquel entonces recién nombrada alcaldesa, la dirigente popular Amelia Rodríguez, desveló que el municipio debía nada menos que 16 millones de euros. Casi nada para un pueblo con menos de 3.500 habitantes que hace apenas una década no llegaba a los 500.

Unos meses después los mismos dirigentes que provocaron el descalabro económico de la localidad, encabezados por los socialistas Vladimiro Pastor –ahora bajo las siglas de Ciudadanos por el Cambio- y Emilio Rincón –quien continúa en el PSOE-, realizaron una moción de censura y tomaron de nuevo las riendas del consistorio. Aunque para esta nueva aventura intercambiaron sus papeles y Pastor, que fue teniente alcalde en la pasada legislatura, se convirtió en primer edil, mientras que Rincón pasó a ser su segundo de a bordo en la Alcaldía.

Y el último capítulo de este culebrón lo hemos vivido esta semana cuando el equipo de Gobierno de Pioz comparecía en rueda de prensa para desmentir que la deuda de la localidad ascendiera a los 16 millones de euros que indicó el PP justificando sus palabras en un informe de la interventora municipal que asegura que Pioz debe aproximadamente la mitad. 8 millones que indicaron se podrían asumir en los próximos 40 años con el esfuerzo de todos, al tiempo que lamentaron el daño que los populares habían hecho a la imagen de la localidad al haber inflado las cifras de deuda.

Sin embargo, los populares insisten en que el informe de la interventora tiene muchas lagunas y señalan que determinadas facturas, en especial las relativas a la construcción de una depuradora que nunca llegó a acabarse y a la piscina municipal están falseadas y las cuantías son mucho mayores. Tanto es así, que reiteran, que como ya anunciaran cuando llegaron al Gobierno, la deuda era y sigue siendo de 16 millones. En todo caso, tanto los jueces –El PP denunció cuando llegó al Ayuntamiento a los ediles salientes ante la Fiscalía por su gestión- como la Sindicatura de Cuentas, que tiene sobre la mesa la auditoria del municipio, serán los que determinen la cifra final que adeuda la localidad y depuren las pertinentes responsabilidades.

Dejando a un lado si son 8 o 16 los millones de euros que debe el pueblo, lo que no acabo de comprender es que un dirigente, ya sea municipal, provincial, regional o nacional, pueda sumir en la ruina más absoluta la administración que dirige condenando a los vecinos a una deuda que en muchos casos padecerán el resto de sus vidas y por un lado, no haya ningún control que lo haya impedido y además no deba asumir ninguna responsabilidad por ello. Es más, ni siquiera se le inhabilite y pueda estar dirigiendo de nuevo el municipio.

Comenta Pastor que no esperaban que la burbuja inmobiliaria estallara y que todo lo que hicieron lo llevaron a cabo con la mejor de las intenciones. No se trata de saber si son o no buenas personas- aunque no estaría de más saber si les movió el interés general o el volumen de su cartera- , lo que está por determinar es por qué se les permitió especular con la posible expansión urbanística de la zona y arruinar para siempre, y puede que impunemente, a una localidad y a sus vecinos. Este caso es especialmente sangrante pero no es el único, ni mucho menos, donde administrar temerariamente los bienes públicos en España sale gratis. Piensen en aeropuertos, cajas de ahorros, obras faraónicas, etc… Así nos luce el pelo. De momento, en Pioz la cuenta la pagarán sus vecinos.

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