Un ‘tasazo’ discriminatorio

Tabla con los valores de las tasas que entraron en vigor el pasado 21 de noviembre.

Por Abraham Sanz 

Si hay uno de los principios dentro de la sociedad democrática en la que vivimos que más se vulnera no es otro que el de la Justicia cuando, por el contrario, debería ser uno de los principales pilares en los que se asentara nuestro actual ordenamiento, el mal llamado Estado de Derecho. Y digo mal llamado porque uno de sus principales valores se está viendo dilapidado paso a paso por el Estado que, no sólo no dota de los mejores medios informáticos para agilizar la gestión de cada proceso cuyas demoras hacen que la situación sea insostenible; sino que con el ‘tasazo’ de Gallardón está sobrepasando los límites constitucionales que regulan un acceso libre y universal a la Justicia.

Si ya iniciar un proceso judicial tiene un elevado coste emocional y no es plato de gusto para nadie; además saber que te supondrá un coste abusivo e impracticable casi para cualquier contribuyente, hace que recurrir a la Justicia quede en manos de una élite haciendo nula la afirmación que dice que: “todos somos iguales ante la ley”. Está claro que, la rama más conservadora del Gobierno del PP, se ha salido con la suya y está buscando una mayor polarización entre las clases sociales hasta lograr que haya una élite que someta a la plebe y, una de estas vías es negarles el libre ejercicio de la Justicia.
Se achaca esta medida de elevar las tasas a una búsqueda de racionalizar el uso de la Justicia debido al colapso que sufren los juzgados, en especial el que trata las cuestiones de lo Social debido a la gran cantidad de demandas tanto de reclamación de cantidades como de despido que se han producido durante los años de recesión.

Y en vez de solucionar el atasco dotando de más medios al sistema judicial, el Gobierno busca desatascarlos por la vía fácil: si no entran casos, no habrá casos. ¿Y cuál es la mejor vía para lograrlo? Limitar la universalidad de este derecho a todo aquel que disponga de medios económicos suficientes, que deberá arriesgar pues desconoce si luego el cumplimiento de la sentencia llegará a buen fin.

Los juzgados de Guadalajara ya han sido sede de concentraciones contra el ‘tasazo’.

También se ha tratado de acusar al propio colectivo de abogados de ser instigadores para que los demandantes inicien procesos judiciales, cuando, sin embargo, son los propios abogados los que buscan fórmulas alejadas de la frialdad del juzgado para llegar a acuerdos y evitar el temido proceso judicial. Ante esta situación, parece cobrar fuerza una nueva vía que permitirá resolver los asuntos civiles y mercantiles como es la mediación, cuya normativa se aprobó el pasado mes de julio. Esta iniciativa es una alternativa ya empleada en Europa para dirimir estos casos que, en España, se lleva gestando su implantación desde 2010 cuando el anterior ministro de Justicia, Francisco Caamaño, impulsó el anteproyecto de Ley que ahora este año culminó el nuevo titular del área, Alberto Ruiz Gallardón.

Sin duda, esta opción desde el espectro judicial se valora positivamente puesto que hay mayor índice de cumplimiento de laudos y sentencias; así como los propios usuarios de la Justicia valoran más –según el último Barómetro de la Abogacía- la capacidad de acuerdo que ponga fin a la disputa que su experiencia en juicios para obtener el máximo beneficio del pleito. Sin embargo, la bondad de esta medida no implica que se difumine el acceso a la Justicia Ordinaria que puede llevar a una familia que quiere denunciar una estafa de, por ejemplo, 100.000 euros, a tener que poner casi 3.800 euros sin tener la seguridad de que lograrán su objetivo.

Cabe apuntar que no sólo la sociedad civil ya ha mostrado su desacuerdo ante esta nueva medida del Gobierno cuya urgencia parece perseguir más un fin recaudatorio –ha aprobado la ley, sin que Hacienda haya dado el visto bueno el documento de liquidación de tasas– que cualquier otro fin. Es más, ha conseguido aunar tanto a abogados, como a jueces y fiscales en contra del ‘tasazo’. La Asociación de Jóvenes Abogados de toda España ha protagonizado diferentes encierros en los juzgados mientras que en Guadalajara, por ejemplo, se concentraron jueces y fiscales –con la presencia de un buen número de letrados-en la plaza Beladiez clamando contra esta medida así como solicitando otra batería de iniciativas como la creación de más plazas de magistrado o fiscal para terminar con la sobrecarga de trabajo en el órgano judicial.

Además, esta nueva normativa va a tener un doble efecto en el sector judicial donde se estima que esta normativa puede ser la debacle para los pequeños despachos de abogados puesto que con esta nueva medida se estima que puede estar en juego el 90% de la cifra de negocio, especialmente porque este encarecimiento limitará el acceso del cliente a los despachos. Una merma que, de nuevo, va a repercutir en un mercado laboral que puede que encuentre otra vía de alimentación desde el sector judicial.

Si bien, es cierto que en los procesos penales no se debe hacer frente al pago de esta tasa –faltaría más-, pero la imposición de las mismas cuando fueron retiradas en la década de los 80 por el Gobierno de Felipe González, sólo hace más que degradar por parte del Ejecutivo a un estamento como el de la Justicia que debería ser un pilar inquebrantable del Estado de Derecho y no un valor con el que se juega en función de lo que marque la balanza. Y esta, últimamente, sólo va a mirar al que tenga la cartera llena…

Un pensamiento en “Un ‘tasazo’ discriminatorio

  1. Estoy de acuerdo con tu artículo y coincido en tu análisis. Si miramos lo que ha hecho este gobierno,en el año que lleva, podemos pensar en los recortes llevados a cabo en Educación , Sanidad, Dependencia. Ahora tocan la Justicia. ¿Dónde están los puestos de trabajo que prometieron? En las aulas los niños se nos apiñan, en los hospitales se cierran plantas, ahí vemos la “marea blanca” . Tenemos los jóvenes mejor formados y países como Alemania e Inglaterra les abren las puertas, ¿por algo será? En cualquier caso “yo no subiré los impuestos, ni el Iva, no bajaré el sueldo a los empleados públicos” que nos cuenten otra milonga ante el robo de la paga extra de Navidad. ¿Cuál será la PPróxima ocurrencia?

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