Tenía que venir Europa a obligarnos

desahucios

Imágenes de una concentración de Stop Desahucios en Guadalajata. // Foto: enlascallesdeguadalajara.blogspot.com

Después de la previsible sentencia europea que determina que la Ley hipotecaria de España es ilegal y debe modificarse y no permitir los abusos de la Banca, a los dirigentes de este país, en especial a los populares y socialistas que están y estuvieron al frente del Gobierno en la actual y la pasada legislatura respectivamente, se les debería caer la cara de vergüenza si es que tienen, vergüenza me refiero, cara han demostrado que les sobra.

Después de años de movilizaciones y miles de familias arruinadas, por no hablar de los recientes suicidios producto de la desesperación de quedarse en la calle y con una impagable deuda de por vida, tiene que venir el Tribunal Europeo a decirnos que ya nos vale, y que le demos una vuelta a una legislación anacrónica, abusiva e injusta. Manda huevos, que diría aquel.

Lo peor es que el Partido Popular se temía que esto iba a suceder y por eso, contra todo pronóstico, fiel al estilo donde dije digo digo Diego de Rajoy, los populares no tiraron por tierra la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por la Plataforma Stop Desahucios, y aún están a tiempo de abrasarla a enmiendas. Un ejercicio fariseo porque bien sabe el Gobierno que no va a permitir la dación en pago ni las grandes propuestas que propone el texto. Temen demasiado a la Banca.

La reciente sentencia abre una brecha en una legislación que bajo un análisis lógico caía por su propio peso pero que hasta ahora en un Tribunal no había quien le tosiera. Sin embargo, ahora los jueces podrán parar las ejecuciones hipotecarias si consideran que existen cláusulas abusivas, algo es algo. El problema es que a largo plazo, igual que sucede en el casino, en la sociedad española la banca gana siempre.

La cuestión es si el Gobierno se atreverá a meterle mano de verdad a la Ley Hipotecaria o le lavará la cara con cuatro ajustes para adaptarla a los mínimos exigidos por la normativa europea sin atender a las demandas de la ciudadanía. Me da a mí que se decantarán por lo segundo. Los Lobbys del sector ya están trabajando y alegan que un cambio profundo desestabilizaría el sistema financiero y generaría desconfianza en los mercados. Lo que no dicen es que tal y como está desestabiliza vidas y genera ruina familiar y exclusión social. Pongamos en una balanza ambas consecuencias y elijamos.

Otro de los argumentos que esgrimen los estafadores oficiales, las entidades financieras, es que la culpa de la imposición de cláusulas abusivas no era solo suya sino también de los notarios y registradores que ratificaban los contratos hipotecarios. Mal por estos últimos que toleraron estas prácticas sin cuestionarse su legalidad pero eso no exime a los autores materiales del abuso ni un ápice de su responsabilidad.

Con este panorama está en manos del PP apostar por la justicia social, aunque mucho me temo que no lo hará. Me pregunto si podrá Antonio Román y el resto de parlamentarios nacionales del PP mirar a los ojos a sus ciudadanos y decirles que no piensan cambiar sustancialmente una Ley injusta que les condena a la ruina porque están atados de pies y manos por los que de verdad mandan, que son los mismos que se forran con las hipotecas abusivas. Y yo mismo me respondo: sí que podrán, la integridad brilla por su ausencia en el hemiciclo y ese es uno de los principales problemas de nuestra democracia y una de las razones por las que cada día menos ciudadanos cree en nuestras instituciones.

Situaciones como ésta en la que tienen que venir de Europa a tirarnos de las orejas por algo que la propia ciudadanía lleva años alertando manifestación tras manifestación, denuncia tras denuncia, pone de relieve la desconexión absoluta que existe entre los dirigentes y el pueblo y saca a relucir las miserias de nuestra política que solo atiende las necesidades de los poderosos y pasa olímpicamente de lo que le sucede al ciudadano de a pie mientras no haya elecciones a la vuelta de la esquina, único momento donde regalan los oídos de los votantes con listas interminables de promesas que caen en saco roto en cuanto los colegios electorales echan el cierre.

Esta buena nueva procedente de Europa es un pequeño oasis en un inmenso desierto que no debe desmovilizar a la población. Los ciudadanos deben exigir masivamente al Gobierno, hoy con más fuerza que ayer, que impongan de una vez la dación en pago, anulen las deudas perpetuas con carácter retroactivo  y garanticen el derecho a la vivienda a través de alquileres sociales. Eso como mínimo y sin esperar a que venga nadie a obligarnos.

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