El fondo y las formas de la Diputación

Por Yago López

Bicentenario de la Diputación

Celebración del Bicentenario de la Diputación de Guadalajara. // Foto: eldigitalcastillalamancha.es

Suele suceder, en especial en el terreno político, que en ciertos debates se confunden las formas con el fondo. Esto ocurre de una manera mucho más evidente a raíz de la crisis ya que la escasez de provisiones y los brutales recortes del Gobierno han puesto en cuestión algunos gastos públicos, apuntando la posible eliminación de instituciones -sobre todo la del Senado y las Diputaciones- e incluso provocando que la ciudadanía se plantee la supresión de figuras dirigentes, otrora intocables, como los propios diputados del Congreso.

 No conviene poner en tela de juicio el mantenimiento de los representantes electos del pueblo, pero eso no quiere decir que acatemos sus estructuras (orgánicas e institucionales), sus criterios de promoción, su falta de autonomía, su ausencia de ética y empatía, su precaria preparación, entre otros muchos aspectos demasiado recurrentes en el Parlamento. En definitiva: apoyar su existencia no legitima la forma en la  actualmente desarrollan su función sus señorías.

Esto mismo puede verse en el caso de las Diputaciones, donde considerar muy positiva, incluso imprescindible su supervivencia no significa aprobar ni su organización ni su gestión. Ayer mismo la de Guadalajara celebró su bicentenario y todos y cada uno de los representantes de las distintas administraciones que intervinieron en el acto de conmemoración, cierto es que todas gobernadas por el Partido Popular, insistieron en defender sin fisuras “la insustituible labor de los Gobiernos provinciales para garantizar los derechos de todos los ciudadanos”.

Hasta aquí todos de acuerdo, pero resulta paradójico que los dirigentes populares añadieran al discurso su apuesta por el municipalismo y la autonomía de los pequeños pueblos cuando a nivel estatal tienen entre manos una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local que tendrá precisamente el efecto contrario. Pero dejando de lado esta absoluta contradicción, estoy completamente de acuerdo en la necesidad de que exista la Diputación provincial como institución garante de los derechos de los vecinos gestionando la igualad de los servicios mínimos de competencia municipal en todo el territorio de la provincia en aquellas localidades que por sus dimensiones no pueden hacer frente a sus obligaciones asistenciales, y coordinando su labor con el resto de administraciones. Otra cosa es lo que está llevando a cabo en la actualidad.

Retomando el fondo y la forma, en el primer caso defiendo a capa y espada la existencia de la administración provincial de Guadalajara y, en cuanto al segundo punto, critico de principio a fin su organización y labor, al menos en la última década, tiempo en el que he seguido de cerca su actividad. Y el principal argumento de mi consideración es prácticamente irrebatible: ni cumple su función ni tiene intención de hacerlo. Como hemos recordado anteriormente su deber es garantizar los servicios mínimos de competencia municipal en los pequeños pueblos de la provincial. Pues es evidente que no lo ha logrado. Ni en gestión de residuos, ni en protección de incendios, ni en infraestructuras viarias, ni en nuevas tecnologías, ni en promoción del comercio, ni en servicios sociales y así sucesivamente en decenas de materias básicas, han sido capaces de garantizar unos servicios mínimos de calidad en todos los pueblos de la provincia. Además de gobernar a espaldas de sus vecinos y sin un mero atisbo de participación ciudadana en el reparto de recursos, algo por otra parte incomprensiblemente habitual.

Cierto es que es sencillo aducir la falta de financiación unida a la peculiar conformación territorial de la provincia, nada menos que más de 200 núcleos de población, pero resulta más complicado explicar el porqué se derrochan miles de euros en otras partidas superfluas cuando existen tantas necesidades básicas por cubrir.

No menos importantes son las tan manidas competencias impropias que derivan en la duplicidad de servicios que generan por definición ineficiencia en el gasto público. El problema es que las líneas que definen los campos de acción de las cuatro administraciones que conforman nuestro sistema político (local, provincial, regional y estatal) son demasiado difusas, tanto que en ocasiones se solapan y en otras no cubren las necesidades. Para solucionar esa problemática se debe actuar con diligencia y definir con precisión las competencias dotando a las distintas administraciones de la financiación adecuada para cumplir con sus funciones y estableciendo un sistema de coordinación lógico y solvente. Coger el camino de en medio y eliminar las instituciones más próximas al ciudadano, como se propone desde algunos sectores, sería un error de bulto, ya que la centralización del poder empobrece la democracia al barrer de un plumazo la relación directa entre el vecino y su representante.

Otra cuestión a analizar entre los males de la Diputación es la composición de su corporación y los gastos de personal en relación con el rendimiento que perciben los ciudadanos de los pueblos a los que representan. Pero esto lo dejaremos para un próximo artículo. Por el momento, y como pequeño homenaje a los dos siglos de existencia de la institución provincial de Guadalajara expongo mi más sentida defensa a su mantenimiento como institución y mi más sincera repulsa a su composición y a su forma de gestionar sus recursos.

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