La importancia del signo político

Más de 1.200 multas ha tenido que anular el Ayuntamiento por el caso del Plan Astra. // Foto: lacronica.net

Más de 1.200 multas ha tenido que anular el Ayuntamiento por el caso del Plan Astra. // Foto: lacronica.net

Por Abraham Sanz

El grado de enfrentamiento entre la antigua Administración regional socialista y el Ayuntamiento capitalino durante la legislatura anterior, llegó a su punto máximo con el conflicto del Plan Astra. Situación que rozó el esperpento cuando desde el Consistorio se envió a los agentes de la Policía Local a sancionar a los conductores de autobús del recién estrenado plan regional de transporte por el hecho de efectuar parada tanto en la calle Francisco Arito como en las proximidades del Hospital Universitario. Las razones que se esgrimían tenían que ver más con un boicot hacia un plan que nacía con mucho artificio, pero que luego se ha traducido en un servicio que no ha colmado las expectativas de usuarios –a los pocos meses de su puesta en marcha hubo de replantear servicios y suprimir líneas-; pero que pretendía mejorar la movilidad en la zona del Corredor, facilitando el acceso a lugares clave de la capital como pudieran ser la estación de Renfe o el propio citado centro sanitario.

La situación fue inverosímil. Policías multando a los conductores que a título personal tenían que asumir unas multas –más de 1.200 se llegaron a elevar durante el año 2010- sólo por el mero hecho de realizar su trabajo diario que no era otro que realizar la ruta que se le encomendaba ese día. Tan dantesca fue la situación que hoy, cuatro años más tarde, la irrupción de la noticia de la anulación de estas multas por parte del Tribunal Superior de Justicia no podía aparecer sin tener algún cariz singular, como es el hecho de que esta sentencia se dictó en verano del año pasado y hasta hoy no se ha tenido noticia de la misma. Sin duda, todo un varapalo para la gestión municipal del Partido Popular que durante el tramo final de la pasada legislatura, se enrocó en una lucha de partido contra el Gobierno presidido por José María Barreda, donde cada acuerdo suponía sangre, sudor y lágrimas entre los miembros de los diferentes partidos y, cada convenio venía precedido de intensas polémicas a su alrededor. Tales fueron los casos del pabellón multiusos de Aguas Vivas o del propio Foro de la Juventud o Centro Joven de El Fuerte así como la no inclusión de Guadalajara en el Plan de Choque contra el desempleo que lanzó la Junta para tratar de amortiguar los efectos de la crisis. U otros que ya se desecharon por la poca fluidez de las relaciones como sería la reforma o construcción completa de la estación de autobuses –cuyo estado merecerá otro post- o la ejecución de un nuevo ambulatorio en los terrenos del antiguo auditorio municipal, cuya añeja construcción sigue muriendo lentamente.

Nos guste o no, el interés general brilla por su ausencia cuando el enfrentamiento entre administraciones se reduce a un enfrentamiento político donde se persigue damnificar al rival, dañando a su propio pueblo, es decir, a sus propios electores. La casta política tanto de nuestra región como de nuestra provincia le duele ver aciertos en el partido contrario y, como esté en su mano, hará lo posible por evitar la implantación de un nuevo servicio aún a costa de reducir así el bienestar de sus conciudadanos. Es terrible, pero esta es la realidad que se vive en los despachos de las instituciones donde, administraciones del mismo signo político no tienen problemas de diálogo y en lograr acuerdos; mientras que cuando la negociación tiene lugar entre partidos opuestos, es casi imposible lograr que se cierren los mismos cuando los intereses son incluso mayores para la ciudadanía. Ya lo dice la gente de campo –que es muy sabia- a sus futuros alcaldables, “haceos del partido del que gane, que si no, luego no llegan las subvenciones” y no les falta razón. Lo peor, es que hemos asumido esta situación como un hecho habitual cuando es de lo más mezquino y deleznable ya que, aquí, los únicos que perdemos somos los ciudadanos.

Guadalajara ha escenificado muy bien estas rupturas entre administraciones de distinto signo como ocurrió con la Junta de Bono y el Ayuntamiento de Bris; los rifi-rafes entre la Diputación de María Antonia Pérez León y el Consistorio gobernando por Román; o los ya más recientes de Román con Barreda; o del alcalde azudense Pablo Bellido con Mª Dolores de Cospedal. Y si de estas rupturas, volaron proyectos que hubieran beneficiado a la sociedad alcarreña; también de la falta de acuerdos y talante negociador en las sesiones plenarias, se perdieron grandes oportunidades de lograr posturas unánimes que hubiesen logrado para Guadalajara mejores proyectos que los designios de Toledo querían para la ciudad como hubiera sido un proyecto mixto para el campus universitario, a caballo entre la ciudad y el polígono del Ruiseñor para así lograr enriquecer la vida de la ciudad. Tanta propaganda llevó el proyecto que tal como vino, se fue y sin dejar rastro; cuando, aún a regañadientes –especialmente el alcalde del momento, Antonio Román- todos habían aceptado las condiciones de la Junta por el bien de la ciudad.

La ciudadanía está harta de enfrentamientos políticos que se traducen en simple polvareda que ahí queda. La ciudadanía quiere una clase política que trabaje, que busque el acuerdo, el consenso, que realice una política constructiva para que esta ciudad, cada vez más triste y carente de vida, comience a renacer. Y eso no sólo se logra mejorando el granito de la ciudad, sino tendiendo una mano al contrario; apostar por el interés de Guadalajara antes de por el interés político o personal y, realmente, demostrar una vocación real por lo público que permita que muchos que hoy no lo hacen, vuelvan a confiar en la política como solución y no la vean, como hasta ahora y no sin razón, como uno de nuestros grandes problemas.

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