Distintas formas de matar

Carta firmada por los médicos del Servicio de Urgencias del Hospital de Toledo. // Fuente: Cadena Ser

Carta firmada por los médicos del Servicio de Urgencias del Hospital de Toledo. // Fuente: Cadena Ser

Por Yago López

Reconozco la cruda violencia del titular teniendo en cuanta que mi intención es hablar del sistema sanitario de Castilla La Mancha, pero la situación en que se encuentra exige esa crudeza, porque efectivamente, por omisión, en esta región se está matando a los pacientes. Era de esperar que tanto recorte pasara factura y que ésta la acabaran pagando los enfermos con menos recursos. Ahora lo que queda es saber cuánta gente ha de morir para que se ponga remedio al desaguisado.

En lo que va de año han sido varios los enfermos que han fallecido en los pasillos de urgencias donde, según han reconocido los profesionales sanitarios, no se puede prestar a los pacientes la vigilancia y el cuidado que exige su hospitalización. Por un lado, porque las estancias que se habilitan de forma improvisada para su atención no cumplen con las prestaciones necesarias, y por otro, porque no hay tampoco personal suficiente para atenderles. No lo digo yo, ya hay varios casos denunciados públicamente por los propios médicos.

Con este panorama, uno puede preguntarse cómo se ha llegado a esta situación y lo más grave es que la respuesta es evidente y sus consecuencias vienen siendo vaticinadas por especialistas en la materia desde hace meses. Si a un sistema sanitario, por muy insostenible económicamente que fuera, le recortas espacio físico en sus hospitales y despides, o dejas de renovar, a miles de sus empleados, el resultado no puede ser otro.

Yo no sé si alguien creyó -yo desde luego no- al Consejero del ramo, José Ignacio Echániz, cuando al inicio de los recortes sanitarios -medidas de ajuste prefirieron llamarlas- aseguró que las actuaciones acometidas por la Junta en esta materia equilibrarían un sistema sanitario desorganizado haciéndole más eficiente y mejor, en otras palabras, que iban a hacer más con menos, y por supuesto de forma más económica.

Por centrarnos en Guadalajara, no hace tanto que reclamábamos con vehemencia la ampliación del Hospital Universitario, dado que el centro sanitario de referencia en la provincia se había quedado pequeño respecto al volumen de población que debe atender. Hace ya unos años, cuando se puso la primera piedra de estas obras, el alcalde de la capital, Antonio Román, médico de carrera además, solicitaba públicamente al por entonces presidente de la Junta, José María Barreda, celeridad en unos trabajos de los que decía dependía la calidad de la asistencia sanitaria de los ciudadanos de Guadalajara.

Han pasado los años, y no es que no se haya concluido la ampliación, es que se ha cerrado una planta del viejo hospital y cientos de trabajadores se han ido a la calle. Mientras tanto, la imperiosa necesidad de la provincia de un nuevo y moderno espacio sanitario ha salido del discurso del alcalde por la puerta de atrás, no vaya a ser que incordie a su compañero de partido y amigo José Ignacio Echániz.

Me consta que muchos dirigentes populares justifican la situación actual como una respuesta sensata aunque dolorosa para sacar al sistema sanitario de la ruina absoluta en la que le dejó sumido el PSOE, o lo que es lo mismo, vuelven a recurrir al manido argumento de la herencia recibida. No les rebato que la gestión socialista de los recursos sanitarios fuera nefasta y las cuentas del Sescam hicieran aguas por todos lados, ahora bien, otra cosa es que la manera de racionalizar el gasto para cuadrar las cuentas que han puesto en marcha desde el PP no suponga de facto un atentado contra los derechos más fundamentales de los ciudadanos.

Vuelvo a insistir en que reducir el déficit a base de suprimir servicios públicos lo hace hasta un mono, lo que requiere una cierta habilidad política es priorizar el gasto de manera que se garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos y se equilibren a su vez las cuentas de la administración. Esto no es sencillo, por supuesto que no, pero su dificultad no justifica la inoperancia que está demostrando la Junta.

La presidenta no puede ingresar en tres años 400.000 euros de dinero público (su partido se financia en gran parte con los impuestos de los ciudadanos) y luego asegurar que no queda más remedio que reducir las partidas para infraestructuras y personal sanitario hasta el punto en que los enfermos de la región se mueren en los pasillos. No es demagogia señores, es una cuestión de humanidad.

Evidentemente suprimiendo el sueldo de Cospedal y de sus decenas de asesores o las dietas de los dirigentes que ya cobran su nómina por otro lado, entre otros muchos conceptos a mi entender prescindibles, aunque supondrían un gesto de decencia no solucionarían demasiado, porque es cierto que el gasto fundamental de la administración lo copan la sanidad, la educación y los servicios sociales. Pero por otro lado, lo lógico es que si no tienen la fórmula para garantizar esos servicios públicos bajo esta coyuntura económica, que al menos hablen claro de una vez.

Si con los números sobre la mesa los dirigentes regionales creen que no pueden mantener los servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación o la dependencia, que sean honestos y planteen un nuevo modelo de sistema o que se aparten del camino. Lo que no es de recibo es que se cuelguen medallas como magníficos gestores, presumiendo de garantizar los servicios básicos de la región al tiempo que ahorran, mientras el sistema educativo se descompone y los pacientes se mueren esperando en eternas listas de espera o directamente fallecen desatendidos en un pasillo de hospital.

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