Guardias civiles de fijo más comisión

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico. // Foto: vozpopuli.com

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico. // Foto: vozpopuli.com

Por Concha Balenzategui

Como suelen hacer los políticos cuando las estadísticas soplan favorables, el subdelegado de Gobierno en Guadalajara sacó pecho, a principios de este año, dando cuenta de la reducción de la siniestralidad en nuestras carreteras. Esta vez tenía motivos. El resultado era récord sobre récord, porque la provincia registraba el mayor descenso a nivel nacional. Nuevamente se dieron las circunstancias de la «tormenta perfecta» que ha reducido en nuestro país el número de accidentes a niveles de los años 60. A saber: una recesión económica que ha apartado de la carretera muchos camiones de transporte y muchos desplazamientos de ocio; una dura normativa que retira el carné, impone cárcel o multas dolorosas a los infractores; y una mayor conciencia social.

Juan Pablo Sánchez destacaba entonces “la labor de coordinación entre la Jefatura Provincial de Tráfico de Guadalajara, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y responsables de carretera en Guadalajara”. Así que no lo deben hacer mal los agentes, como señalan ahora desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el colectivo organizado que hace oír las reivindicaciones de un cuerpo donde están prohibidos los sindicatos. Lo dicen en un reciente comunicado en el que se han quejado del sistema de retribuciones, que les trata, según sus propias palabras, “como máquinas registradoras”.

Desde el año 2010, una parte del salario de los guardias civiles de Tráfico viene marcado por el Resumen de Actividades Individuales (RAI), que supone que cobran más quienes realicen determinadas acciones, y menos quienes sean menos activos en estos deberes. Lo perverso del sistema es que muchas de las tareas que realizan los agentes, como regular un embotellamiento o auxiliar en un siniestro, no están tan bien consideradas -o remuneradas- como otras: las denuncias por infracción. Hablando en plata: A más multas, más sueldo.

El RAI se viene imponiendo desde el verano de 2010 como una forma de frenar las huelgas “de bolis caídos”, aquellas quejas encubiertas de unos trabajadores que no tienen derecho a la huelga y a ejercer otros tipos de protesta. Pero mientras en otras provincias españolas los guardias que han llevado este tipo de casos a los tribunales han logrado que se les dé la razón, en los juzgados guadalareños las sentencias les están siendo desfavorables. Por tanto, el Gobierno primero, y la Justicia después, están reforzando el papel recaudador de la Benemérita, así de sencillo.

Tantos años hablando de la conciencia social, tantas campañas pidiendo prudencia a los conductores y poniéndoles frente a las horribles consecuencias de sus infracciones, para que ahora se nos venga a decir que no, que lo que realmente funciona es el palo, y no la zanahoria. Es verdad que estamos ganando la batalla a uno de los males que sólo hace una década considerábamos casi endémico. ¿Recuerdan cuando aceptábamos con resignación cada lunes las cifras de siniestralidad en carretera pensando que era un efecto inevitable de nuestro estilo de vida motorizado? Se prescribían dos medicinas para combatirlo: mayor sensibilización ciudadana y endurecimiento de los castigos.

Optar decididamente por la segunda es dar por sentado que los conductores nos convertimos en auténticos lobos para el conductor cuando nos ponemos al volante, paradigmas de Hobbes. Que sean las propias autoridades -legislativas, ejecutivas y judiciales- las que se vuelquen en endurecer las penas y la vigilancia, supone que poco confían en educar o sensibilizar a la «fauna» que puebla el asfalto. Es triste, pero quizá tengan razón. No voy a discutirlo.

Pero hay una gran diferencia entre el castigo ejemplarizante y el simple afán recaudatorio. Es distinto instalar un radar y anunciarlo, con lo que lógicamente disminuye la velocidad y aumenta la seguridad, que sembrar las cunetas de coches camuflados. Si es necesaria una vigilancia, una normativa y una penalización, es buscando evitar muertes, no para aumentar los ingresos. Como estamos del lado del respeto y la prudencia, queremos pensar que el Estado nos sube las multas y multiplica los radares para velar por nuestra seguridad. Aunque tardemos una hora más en llegar a la playa.

Pero el RAI viene a tratar a los guardias como radares humanos, como vigías de nuestros excesos, más que como un cuerpo de seguridad y auxilio. Como decía jocosamente aquel papel que circulaba por la Comandancia de Guadalajara cuando comenzó a aplicarse el sistema, es aconsejable y beneficioso para los agentes escrutar todas las matrículas en circulación para cazar las ITV caducadas o los seguros impagados…. aunque no supongan a priori una amenaza para la seguridad inmediata.

Los agentes se quejan de este método, que les supone una merma en sus salarios, y que les aboca a ser meros “cazadores de fitipaldis”, volviendo a la imagen más marrullera del guarda de la porra. Pero es que además convierte a la carretera en campo abonado para la recaudación por decreto. Porque nos pone a los conductores en la picota de los presuntos delincuentes. Si los agentes se ven relegados al papel de cobradores de impuestos, nosotros nos vemos irremediablemente representando el de fuente fácil de financiación de las maltrechas arcas del Estado. Pero de esto, de las multas que se ponen, no saca pecho don Juan Pablo.

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