De pueblos moribundos

Representantes de seis comunidades autónomas en el II Encuentro Interterritorial por el Cambio Demográfico, celebrado a finales de febrero en Zaragoza. // Foto: Zamora24horas.com

Representantes de seis comunidades autónomas en el II Encuentro Interterritorial por el Cambio Demográfico, celebrado a finales de febrero en Zaragoza. // Foto: Zamora24horas.com

Por Concha Balenzategui

El Parlamento de Castilla y León aprobó la semana pasada una Proposición No de Ley que me parece de gran interés, a pesar del escaso eco obtenido en los medios de comunicación fuera de la comunidad vecina. Todos los diputados regionales aprobaron de forma unánime solicitar al Gobierno central una estrategia nacional para el cambio demográfico. ¿De qué va esto? Pues en resumidas cuentas, se trata de un grito de auxilio para combatir la despoblación rural y la dispersión de la población. Es un fenómeno que conocen muy bien los castellanos del norte o castellanos viejos, pero al que en Guadalajara tampoco somos ajenos.

Leo en un reportaje de ABC que hay en España casi 1.200 pueblos moribundos, considerando como tales los que se mantienen con menos de 100 habitantes. El caso más extremo es el de la provincia de Soria, donde el 62 por ciento de sus ayuntamientos están en esta situación. Inmediatamente detrás va nuestra Guadalajara, que según los últimos datos oficiales, los de 2012, mantiene 164 de sus 288 municipios con poblaciones de dos cifras, es decir, un 57 por ciento.

Los periodistas de Guadalajara hemos reflejado por activa y por pasiva la preocupante situación de la demografía provincial en muchas de nuestras informaciones. Y todos sabemos que las cifras ocultan una realidad aún más dura, teniendo en cuenta que varios miles de personas siguen empadronados “artificiosamente” en sus pueblos de origen por mantener vínculos y censos, o por preservar su cuota de decisión en las elecciones locales.

La llamada de atención de Castilla y León va dirigida al Gobierno de Rajoy y pretende que se considere la despoblación como un problema de Estado, y que suponga una respuesta conjunta en forma de estrategias y medidas por parte de las administraciones estatal, autonómica, provincial y local. Además, apela la Proposición No de Ley a la implicación de la Unión Europea.

Los castellanos del norte, que tienen provincias como Burgos, Palencia, Segovia o Ávila en situaciones cercanas a las dos citadas, comenzaron con una estrategia de alianzas con otras comunidades autónomas que deberían tomar cartas en el asunto, reuniéndose por primera vez el pasado octubre. A finales de febrero, consejeros de Aragón, Asturias, Galicia, Extremadura y Castilla y León y Castilla-La Mancha (representada por la consejera de Empleo, Carmen Casero) suscribieron una declaración institucional por el cambio demográfico. Todas las comunidades, salvo Asturias, están gobernadas por el mismo partido que ocupa la Moncloa, lo que a priori debe facilitar que su voz tenga eco en el Gobierno central.

Pero no se trata de una cuestión de partidos, o no se debe ver así si se trata de convertir el tema en una cuestión de Estado, y si el primero de los parlamentos en debatir el tema ya ha contado con unanimidad. Lo que es evidente es la necesidad de tomar medidas frente a esta realidad, la de una España que pierde población, un 0’3 por ciento en el último censo registrado, pero repartida con desigualdad en territorios y entre el mundo rural y el urbano.

Es oportuna la llamada que se hace a la puerta de Europa. Pero es cuestión también de aplicar esta realidad incontestable a las políticas nacidas en las administraciones dentro de España, empezando por la Ley de Administraciones Locales y siguiendo por el espinoso asunto de la financiación autonómica. Porque, como recuerdan los representantes de estas comunidades, la dispersión geográfica sale muy cara. No cuesta lo mismo llevar servicios a poblaciones dispersas que concentradas, y eso tendría que contemplarse igual que se tiene en cuenta la situación de insularidad de otras comunidades.

Más aún, habría que ver empezar a recapacitar sobre los recortes que han castigado en mayor medida a las zonas rurales, como se ha denunciado en muchas ocasiones, por ejemplo desde el colectivo La Otra Guadalajara. La atención sanitaria que se aleja, las infraestructuras que se demoran, los colegios que se agrupan y un buen montón de ejemplos denunciados en estos años contribuyen a acrecentar la sangría que supone el éxodo sin freno del campo a la ciudad.

Vivir en los pueblos y depender de economías como la sacrificada ganadería o el turismo marcado por la temporalidad no es fácil. Pero más duro se hace cuando fallan la escuela, el centro de salud o el suministro de agua. Una realidad que, de no tomarse medidas transformadoras de forma urgente, puede acabar dando la puntilla definitiva en unos años a los pueblos que ahora llamamos moribundos. Ya lo dicen ellos, cuestión de Estado.

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