¿Por qué somos de derechas?

Cospedal, en las Cortes de Castilla-La Mancha. // Foto: Efe.

Cospedal, en las Cortes de Castilla-La Mancha. // Foto: Efe.

Por Rubén Madrid

Circula por ahí el chiste de que estos días hay un puñado de niños blaugranas preguntando a sus padres por qué son del Atleti. Con idéntica extrañeza, algunos guadalajareños al ver uno de los resultados del barómetro del CIS se estarán preguntando por qué Guadalajara es de derechas.

El Centro de Investigaciones Sociológicas acaba de dictaminar, muy al contrario de lo que pareciera, que en Guadalajara somos de centro izquierda. Magdalena Valerio se habrá quedado a cuadros, desde luego, pero lo cierto es que la media de la exhaustiva encuesta sociológica nos sitúa en un 5,2 dentro de un abanico de nueve puntos que van del 1 (extrema izquierda) al 10 (extrema derecha), cuando el centro de la horquilla está en 5,5.

Así pues, el resultado final de la operación nos deja como una provincia de izquierdas aunque poquito, y menos desde luego que el resto del país (4,5), que las otras cuatro provincias de la región o que la vecina Comunidad de Madrid. No deja de ser una orientación muy general, porque, como dictan los manuales básicos de sociología, no todo el mundo tiene un concepto idéntico de izquierda y de derecha. Algo así sucede cuando se compara el 5 exacto que refleja el Principado de Asturias, región que conozco bien, con el 3,9, aparentemente mucho más escorado a la izquierda, de nuestra vecina provincia de Cuenca.

En cualquier caso, lo que sí resulta del todo desequilibrado es el resultado electoral de los últimos comicios (y, por tanto, la actual representación en nuestras instituciones) y la realidad social que viene a precisar, con todas sus reservas, la encuesta demográfica del CIS. El PP lo gobierna todo con un margen que poco tiene que ver con ese ligero deslizamiento a la izquierda de la realidad sociopolítica en la encuesta.

¿Por qué es así? Lo pueden explicar muchas razones: los niveles de abstención, tradicionalmente superiores en la izquierda; el desencantamiento mostrado con toda obviedad en 2011 por muchos de sus votantes contra el PSOE en todo el país y en la ciudad de Guadalajara de manera significativa; el voto de castigo a los partidos políticos por parte de los indignados; o la mayor fragmentación de las opciones de izquierdas (aquellas que más se beneficiarían de quienes puntúan entre el 1 y el 5). Por no hablar del desencanto que también entre otros electores habrán tenido las políticas de una derecha que hace sólo tres años clamaba tener “la receta” para aplicar un nuevo “milagro económico”.

Pero hay otro factor que sin duda tiene una importancia vital a la hora de explicar el desbarajuste entre la composición política de nuestras cámaras de representantes y la realidad social que puede detectar una investigación rigurosa como la del CIS: el sistema electoral. Ya ni siquiera es un secreto a voces que nuestras reglas del juego sacrifican la proporcionalidad en favor de la estabilidad institucional.

Esto, que ocure en todo el país, aumentará considerablemente en Castilla-La Mancha en la próxima cita con las urnas. El lunes el Senado tumbó todas las enmiendas y vetos de la oposición a la reforma electoral impulsada por el PP, de la que ya hablé hace medio año en ‘Del golpe de Estado al pucherazo’, pero que me sigue resultando uno de los acontecimientos más destacables del primer mandato del PP en Castilla-La Mancha, por cuanto dice de su espíritu democrático y por las consecuencias que acarrea.

Quien hace la ley hace la trampa. La de Cospedal lo es con todo el descaro, tal vez aprovechando el antecedente sentado por Barreda, pero intentando olvidar que la propia presidenta lanzó otra reforma en 2012 aumentando (han leído bien) las Cortes en dos escaños. Lograba así, y cito textualmente, una ley “más democrática y más justa”.

Las nuevas reglas del juego que seguramente reciban el visto bueno definitivo en el Senado la semana que viene conforman una ley electoral populista y popular: justifica en un falso ahorro para las arcas públicas un atropello de la voluntad ciudadana que en realidad beneficia al partido en el poder, que vuelve a actuar con las trazas de un partido único.

La maniobra se asienta sobre argumentos falaces -los diputados ya no cobran sueldos fijos, lo aprobó con su mayoría el propio grupo popular-; no sólo reduce sino que deja el resultado final (una horquilla de 25 a 35) al cálculo de no sabemos bien qué intereses oportunistas; y, además, envía votos directamente a la papelera: algunas formaciones tendrán todavía más difícil reflejar en escaños una realidad indiscutible, su apoyo en las urnas, minoritario pero real.

Es lo que ocurriría si a día de hoy se trasplantase la proyección de voto de las encuestas (como la que publicaba días atrás el ABC) que dejarían sin representación opciones como Izquierda Unida, con un 8% de los sufragios, o EQUO o UPyD, aun cuando constituyan un un 5% del total. ¿Es justa y democrática una ley electoral que tira a la basura casi 150.000 votos? Se trata de un ‘sufragicidio’.

El recurso falaz al ahorro es, en realidad, un adorno populista para esta operación que desvirtua la razón de ser de una institución democrática. Si de veras se quisiera ahorrar en políticos, como dice el PP con la contundencia de los mensajes propagandísticos, cabría tomar otras medidas contra las que nada se anuncia:

  • justificando mejor el gasto en asesores en consejerías, delegaciones o mancomunidades. Sólo entre la presidenta y la Consejería de Presidencia gastan más de 3,25 millones de euros en un plantel formado por 77 políticos;

  • dejar vacíos los escaños correspondientes al voto en blanco;

  • reducir inversiones en saraos como el acto central del Año del Greco: la contratación de Riccardo Muti (estimada en medio millón de euros) para el concierto de hace un mes del Requiem de Verdi no sólo fue carísima, sino que fue un acto prácticamente privado: 1.200 de las 2.000 butacas fueron ocupadas con entradas regaladas;

  • trabajar mejor en servicio de los ciudadanos y no consentir algunas estampas típicas de campaña electoral en las que consejeros, alcaldes, diputados provinciales, diputados regionales, ediles, delegados y otros funcionarios públicos entregan buena parte de su horario laboral en actos de partido, las más de las veces como palmeros. Resultaría de una desfachatez absoluta sacrificar la proporcionalidad del sistema electoral alegando un falso ahorro en sueldos públicos y que dentro de unos días veamos a muchos de estos dirigentes asistiendo a actos de partido en horario laboral.

Si de veras Cospedal quiere abanderar una reforma real de la cámara de representación debería apostar de una vez por todas por la circunscripción única, acabando con las desigualdades entre provincias (aquí también las hay) y haciendo de la cámara un foro de representación fiel a la realidad política de nuestra región. Aquí radicaría un verdadero compromiso con la democracia. Pero eso, sobra decirlo, no le interesa. Ocurriría que Guadalajara -y Castilla-La Mancha- tal vez ya no serían de derechas. Por eso intentan cambiar el relato verdadero por otro cuento. Pero no se dejen engañar: la reina está desnuda.

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