De “poner en valor” a “malvender”

Antigua casa cuartel de Sigüenza, que el Estado va a vender en subasta. // Foto: addmeet.com

Antigua casa cuartel de Sigüenza, que el Estado va a vender en subasta. // Foto: addmeet.com

Por Concha Balenzategui

Que el Estado quiere deshacerse de un montón de propiedades inmobiliarias no es ningún secreto. Es, concretamente, una de las medidas previstas en la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas desde el año pasado, y afecta a más de 15.000 inmuebles públicos. Hay un extenso listado de bienes incluidos en lo que se llama “Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado”, y que persigue su venta a lo largo de tres años, de los cuales ya ha transcurrido uno y medio, pues termina en 2015.

Ha llamado mucho la atención, a nivel nacional, la anunciada subasta del Castillo de Maqueda, en la provincia de Toledo. Y en lo tocante a Guadalajara, se ha hablado sobre todo de la Prisión Provincial y de las instalaciones de “las Cristinas”. Más desapercibido ha pasado -al menos yo apenas he visto noticias- la venta de la antigua casa cuartel de la Guardia Civil de Sigüenza. Se trata, para quienes no conozcan este último caso, de un edificio situado a las afueras de la ciudad del Doncel, en la carretera de Soria, justamente detrás de la Estación de ferrocarril, en una finca de 2.000 metros cuadrados. Es un inmueble edificado a mediados del siglo pasado, de planta cuadrada y dos alturas. En total, son casi 5.000 metros edificados, que se pueden emplear para convertirlos en viviendas, o para cualquier uso lucrativo, terciario o de equipamiento.

Así que si tienen ustedes ganas y posibilidades de invertir en esta bella ciudad, estén atentos, que la venta viene siendo anunciada desde hace tiempo por el organismo encargado en el Ministerio, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese), y solo está pendiente de que se fije fecha de subasta. De hecho, el antiguo acuartelamiento seguntino figura entre los 25 inmuebles seleccionados desde la óptica de los posibles promotores, por su interés y buena situación, anunciados en la web admeet.com.

Hasta aquí los datos. Y ahora las percepciones, con tiento, porque el tema se presta a la demagogia y ya ha sido presa de ella en las últimas semanas. Es fácil que uno caiga en la tentación rápida de lamentarse por la pérdida de estas propiedades, que ahora son de todos, y pueden pasar a manos de un promotor privado. Si a eso le unimos la subasta del edificio de la Cámara de Comercio, por razones distintas y con otro propietario, el próximo mes de septiembre, es fácil dejarse llevar por la sensación de que Guadalajara se está convirtiendo a algo parecido a la casa de subastas Moody.

Portada del recinto del colegio Las Cristinas, en la capital. Foto: lacronica.net

Portada del recinto del colegio Las Cristinas, en la capital. Foto: lacronica.net

Para empezar, lo de “Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado” es sin duda un nombre poco afortunado. Ciertamente, convertir en apartamentos o en hotel un inmueble que está en desuso es darle un valor. Pero para el Ministerio de Hacienda es un valor monetario, pasajero, que se va como ha venido. Algo así como vender las joyas de la abuela para pagar los gastos ordinarios.

Por otro lado está el hecho de que otras administraciones públicas tienen prioridad para una venta directa, que está prevista en el caso del antiguo colegio de Las Cristinas, como bien se deduce de la última respuesta del Gobierno a las preguntas de la diputada socialista Magdalena Valerio, y que se especifica como cláusula en el caso del cuartel de Sigüenza. En la venta de la cárcel y en la del colegio de los militares, es conocida la voluntad de negociación por parte de la Diputación, y del Ayuntamiento y la Junta de Comunidades, respectivamente. Y es lógico que algo que es público y ha dejado de tener interés para una administración, pase a manos de otra que demuestra el deseo de quedárselo. Hablamos de bienes, sobre todo los de la capital, muy bien situados y para los que habría un destino útil, puesto que las Cristinas podría ser la pieza clave en la ampliación urbana del Campus de la Universidad de Alcalá.

Pero claro, este último aspecto también tiene su reverso oscuro. Porque a fin de cuentas, son instalaciones pagadas por los ciudadanos. Qué más nos da, a ustedes y a mí, si era un Ministerio o una administración local la propietaria. Y ahora la Diputación o el Ayuntamiento tendrían que pagar de nuevo, porque el Gobierno central ha dejado sentado que no las cede gratis et amore. Y todo queda en manos de la capacidad negociadora por ambas partes o de su interés en llegar a un acuerdo. Si uno se muestra interesado, el edificio se revaloriza, y esto deja al Estado en una posición de fuerza para reclamar más, cuando debería perseguir únicamente el desprenderse de un bien que no usa, evitar su deterioro, ahorrarse los gastos de mantenimiento, y procurar que su uso siga siendo público y de utilidad. ¿Están de acuerdo? Eso sí que sería de verdad “poner en valor”.

Pero pongamos por caso que no hay acuerdo ni con la Cárcel, ni con las Cristinas, ni con el Cuartel de Sigüenza, sobre el que desconozco siquiera si existe una negociación. Entonces el inmueble sería vendido en subasta, al mejor postor. Y eso sí que es triste. Porque las opciones de uso están muy abiertas para el comprador, y da lo mismo si sus planes son convertirlo en algo realmente útil y que revierta en la localidad, o simple y llanamente lucrativo. No es lo mismo levantar un centro sanitario, o un hotel, que supondría puestos de trabajo y atracción de más visitantes que dejen dinero en la hostelería o el comercio, que una lujosa mansión particular, pongamos por caso.

Cuadro que recoge una vista del antiguo cuartel de Sigüenza, y que la web  vendedora usa como ilustración. // Foto: addmeet.com

Cuadro que recoge una vista del antiguo cuartel de Sigüenza, y que la web vendedora usa como ilustración. // Foto: addmeet.com

Pero lo que está claro es que en la venta en subasta hay una “pérdida de valor”. Por ejemplo, la antigua casa cuartel de Sigüenza sale con un precio de 582.000 euros, cuando hay una tasación del año 2006 que lo valoraba en 1.164.000. Exactamente la mitad. ¿Y qué ocurre si no hay postores en la primera subasta? Pues que el precio de la siguiente lógicamente bajaría.

Teniendo una imposición de vender en este año y el próximo, el riesgo se multiplica. Y como el mercado inmobiliario sigue bastante parado -algo de movimiento hay, según las estadísticas- estaremos de acuerdo en considerar que este no es un buen momento para la venta. ¿O no? Quien tenga ahora un propiedad seguro que, si no es por necesidad imperiosa, prefiere aguantar hasta que los precios suban un poco o el mercado recupere brío.

Todo lo demás se llama “malvender”, no “poner en valor”. Hay demasiados riesgos de que ocurra.

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