Remunicipalizar es tendencia

Marcha de protesta de la plataforma de Alcázar de San Juan, en una parada en Toledo. // Foto: eldiario.es.

Marcha de protesta de la plataforma de Alcázar de San Juan, en una parada en Toledo. // Foto: eldiario.es.

Por Rubén Madrid

La remunicipalización del agua es un signo de modernidad en todo el mundo. Capitales como París, Berlín, Bogotá, Buenos Aires, La Paz o Yakarta han retomado el control de un servicio de abastecimiento que antes habían externalizado. En Francia ha ocurrido en 94 ciudades y en Estados Unidos, en 58, entre ellas Atlanta e Indianápolis. En España se han producido ya 14 casos, en un goteo continuo que incluye pequeños y medianos municipios como Medina Sidonia (en 2003), Arteixo (en julio), La Línea (en septiembre), algunas pedanías de Jerez o la mancomunidad sevillana de Aguas de Huesna, con 17 municipios y unos 300.000 habitantes. Frente a estos casos, muchos y de procesos de muy diversa naturaleza, y frente al proceso de pertinaz resistencia al que asistimos desde la distancia con la batalla ciudadana en Alcázar de San Juan, Guadalajara ha corrido en sentido contrario: el agua está en menos de Guadalagua desde hace cinco años. El resultado del balance es desigual dependiendo de quién lo analice. La impresió general bien puede ser que la gestión no ha empeorado, pero a las familias arriacenses la factura del agua y el alcantarillado les cuesta un 60% más que en 2009.

Gráfico extraído del informe 'Llegó para quedarse: la remunicipalización como tendencia mundial'.

Gráfico extraído del informe ‘Llegó para quedarse: la remunicipalización como tendencia mundial’.

Que Guadalajara va a contracorriente porque la remunicipalización es tendencia no lo dice un informe, sino tres: ‘Remunicipalización: el retorno del agua a manos públicas’, ‘El futuro de nuestro agua pública: la experiencia mundial de la remunicipalización’ y ‘Llegó para quedarse: la remunicipalización como tendencia mundial’, los dos últimos recién salidos de la imprenta. “Ciudades, regiones y países de todo el mundo están optando cada vez más por pasar página en lo que a la privatización del agua se refiere y ‘remunicipalizar’ servicios, recuperando el control público sobre la gestión del agua y el saneamiento”, dice en su primera página este último estudio: “En muchos casos, es una respuesta a las falsas promesas de los operadores privados y a su fracaso a la hora de priorizar las necesidades de las comunidades por encima de sus propios beneficios”. Y subraya: “la remunicipalización del agua es una opción normativa que ha llegado para quedarse”.

La desprivatización del agua es tendencia en todo el mundo, pero no tanto en España. En Europa sólo el 30% de la población está siendo abastecida por redes contraladas por empresas, cuando en nuestro país está cifra ya ha rebasado la mitad. En los últimos cinco años en todo el mundo el proceso de retorno a manos públicas está avanzando de manera acelerada. El primer caso se produjo hace quince años en Cochabamba (Bolivia), en una lucha que quedó reflejada en la película ‘También la lluvia’ de Iciar Bollaín. Desde entonces, ha habido 235 experiencias en 37 países, sólo 14 de ellas en España.

Así que sí, la remunicipalización está llegando para quedarse. Al menos en lo tocante a los abastecimientos locales de agua. Aunque la expresión todavía no esté admitida en la Real Academia de la Lengua, el fenómeno se expande y es tendencia. Y la propuesta está también en los abecedarios electorales que han mostrado hasta ahora formaciones locales como el PSOE y Ahora Guadalajara, la que ya parece la marca definitiva del proceso de confluencia conocido hasta ahora como Ganemos Guadalajara. Y ocurre precisamente en el marco de un pacto por el agua que firmaron en Alcázar hace unos días PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Equo y UPyD, o lo que es lo mismo, todos menos la derecha -el PP, Vox y Ciudadanos.

¿Pero cómo se revierte esta situación? Es fácil escuchar a los líderes políticos manifestarse a favor de la remunicipalización como si fuese un mero asunto de voluntad política. Pero la voluntad es una condición tan necesaria como insuficiente. Hay dos vías para lograr este proceso. No renovar el contrato o rescindirlo. Para renovarlo, tiene que ser agotado, algo que en Guadalajara no ocurrirá hasta dentro de quince años, pues el contrato se adjudicó para dos décadas. El PP cometió aquí un error que es más bien fechoría, al adoptar en Pleno una decisión que, sin lograr el consenso que habría resultado propicio, afectará a nada menos que cinco mandatos municipales.

La única opción para aquellos que incluyan la desprivatización del servicio en su sus programas pasará, por tanto, por la rescisión del contrato. Y esto se puede hacer a su vez de dos maneras: por cojones, que dijo Cañete a propósito del Trasvase del Ebro en el año 2000, arrebatando el servicio directamente a la empresa, o con cabeza: presionando a la firma hasta pillarla en falta con lo acordado por contrato o hacer que el propio cumplimiento de los términos pactados en la adjudicación acaben por no resultar ya satisfactorios y la firma prefiera devolver el servicio a manos públicas. Será en esta letra pequeña donde se juegue la partida.

No creo que ningún partido que concurra a las elecciones de mayo cometa la osadía de defender la remunicipalización a pelo, porque las arcas municipales deberían reponer el canon (fue de 15 millones de euros) y seguramente compensar por romper el acuerdo que el ejecutivo de Román firmó con la UTE. Lo que públicamente ha dicho por ejemplo el candidato socialista, Daniel Jiménez, es que intentarían apretar las tuercas a la empresa. Pero esto, obviamente, tampoco garantiza la remunicipalización, si la empresa responde debidamente.

En realidad, no es fácil desatar el nudo, aunque hay experiencias sumamente interesantes como la del Consorcio para la Gestión de Aguas de Cataluña (Congiac) que funciona como paraguas de apoyo y asesoramiento a los municipios catalanes que, aun con todas las dificultades, deciden tirar seguir adelante. Como poco, ofrecen una guía para controlar mejor el cumplimiento de las empresas en un área que a menudo resulta opaca para las administraciones contratantes del servicio, y Guadalajara no es una excepción, como ha denunciado en varias ocasiones IU. En diferentes puntos del país están proliferando asociaciones como Agua es Vida que velan por la limpieza de estos acuerdos y por el correcto uso un recurso que es público y unos fondos que aportan los ciudadanos como usuarios del servicio.

Comparecencia de Guadalajara y miembros del equipo de gobierno, en marzo. // Foto: Ayto. de Guadalajara.

Comparecencia de Guadalajara y miembros del equipo de gobierno, en marzo. // Foto: Ayto. de Guadalajara, publicada en lacronica.net.

La empresa ha respondido con que hará una inversión de 900.000 euros en renovación de redes y construcción de fuentes. Este es el primer argumento con que juega la privatización del servicio: liberar a las arcas municipales de hacer grandes desembolsos en actuaciones necesarias pero puntuales, a cambio de garantizarse un negocio continuado y en el que obtienen beneficios empresariales a partir de un recurso público. Pero tampoco debe perderse de vista que el 8% de lo que se recauda debe ser reinvertido directamente, así que gastar en renovar redes o poner fuentes ornamentales en la antesala de la cita con las urnas forma parte de las obligaciones de la UTE.

Nadie mejor que las empresas como Guadalagua saben que la irrupción de fuerzas como Podemos jalonan el debate a favor de la remunicipalización hasta llevarlo a la agenda de otras formaciones como el PSOE, que hace un lustro pasó de puntillas en su labor de oposición a la privatización. Nadie mejor que el sector sabe que la ola que ya afecta a París, Berlín o Buenos Aires acabará por llegar, al menos en forma de debate, hasta los países del sur o despectivamente reunidos en la nomenclatura PIGS, entre ellos Grecia –en Atenas se ha detenido la privatización- o España, donde la cada vez más amplia trayectoria de procesos de privatización en sectores elementales como la electricidad o el propio agua no han convencido de que el coste al alza del servicio compense la supuesta mejora del servicio.

Los números y los ideales. Ahora en la antesala de las elecciones, las empresas se destacan con campañas de publicidad o anunciado inversiones en agradecimiento a la adjudicación del servicio, pero de normal es más habitual escuchar sus ‘quejíos’, una vez obtenidos los concursos, sobre las condiciones en que se produce su labor. La patronal del sector AEAS reivindicaba en octubre un encarecimiento del servicio asegurando que en muchos casos resulta deficitario, que las administraciones deben inyectar más fondos y que debe incrementarse la aportación de los usuarios para financiar las infraestructuras pendientes. Todo ello en un contexto en el que las tarifas han engordado un 26% en las principales ciudades de España.

Y tienen razón las empresas cuando dicen que el agua en España es barata (y en Guadalajara, todavía más, según el informe de la organización de consumidores OCU). Pero eso no justifica que haya que subir el precio para que a las firmas les satisfagan más sus balances de resultados. Si no tenían perspectivas de hacer negocio con las condiciones existentes, no se entienden que pugnaran por estos contratos. Sobre todo porque los números tampoco cuadran para el interés público cuando algunos casos que ya tienen más recorrido, como la recuperació de la gestión por el ayuntamiento de París, demuestra que ahorra 35 millones de euros al año, rebaja la tarifa un 8% en dos años y duplica el fondo de solidaridad para aquellas familias que tienen más problemas para pagar la factura.

Porque el debate, de hecho, puede ser más profundo. Más allá de los costes y los beneficios, de las mejoras en las infraestructuras y la eficiencia del servicio, exigibles en cualquier modelo escogido, existe también un componente ideológico: mantener en manos públicas la gestión de un recurso público. Apostar por que los beneficios puedan ir a parar a bolsas de solidaridad con los más pobres, en vez de para engrosar los beneficios de las firmas privadas. Fomentar una cultura de control democrático de la cosa pública, y con ella de la participación ciudadana. Promover una preocupación por la gestión eficiente desde lo público, y no sólo desde el ámbito de lo privado. Ampliar el espacio público –no sólo en lo físico y tangible, también en ámbitos jurídicos y empresariales–, que ha sufrido un enorme retroceso fruto de las ofensivas durante los gobiernos del PP de Aznar y de Rajoy.

En la película de Bollaín lo decían muy claro: “Este pozo es nuestro; esta agua es nuestra: es el agua para nuestros hijos. Venden nuestros pozos y nuestros lagos y se quieren quedar también la lluvia”. Tampoco aquí nos libramos. También aquí hay que pelear cada gota.

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