El Registrazo

Los ciudadanos émpezarán a pagar por un servicio que hasta ahora era gratuito.//Foto: Ana María Ruiz

Los ciudadanos émpezarán a pagar por un servicio que hasta ahora era gratuito.//Foto: Ana María Ruiz

Por Ana María Ruiz

Compañeros contribuyentes, sufridores todos, vayan preparando sus maltrechos bolsillos para el nuevo sablazo que nos tiene preparado a la vuelta de la esquina el Gobierno de Mariano Rajoy, “El Impasible”. Si aún están inmersos en la farragosa y temida declaración de la renta, si todavía hacen cábalas para pagar todas las facturas y poder llegar a fin de mes, si no saben cómo demonios van a saldar esas pequeñas o grandes deudas que les martirizan, no se preocupen, nuestro querido Estado siempre está dispuesto a echarnos una mano al cuello para ahogarnos un poco más.

El próximo 15 de julio está prevista la entrada en vigor de la reforma de la Ley de organización y funcionamiento del Registro Civil, que supondrá en la práctica la privatización de este servicio. Aunque la norma todavía se está tramitando y hay muchas dudas sobre cómo será su redacción final, lo que sí que está claro es que los ciudadanos tendrán que empezar a pagar por la realización de trámites que hasta ahora venían siendo gratuitos y que a partir de este verano dejarán de ser prestados por los funcionarios del Ministerio de Justicia para pasar a manos de los registradores de la Propiedad y mercantiles.

Voy a intentar explicar el cambio en la prestación de este servicio público sin entrar en demasiados tecnicismos. La revisión parcial de la Ley 20/2011, impulsada por el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se realizó por el Real Decreto-Ley 8/2014 en el cual se asegura que a pesar de que la norma de 2011 “adopta un modelo más coherente con los valores de la Constitución y la realidad de la sociedad española”, la tardanza en la entrada en vigor de dicha Ley ha puesto de manifiesto “algunas carencias que aconsejan su revisión”. Por ello, atribuye la llevanza de los registros civiles a los registradores que tengan a su cargo oficinas del Registro Mercantil “en su condición de funcionarios públicos”. Concluye la norma que el objetivo de este cambio es “lograr una mayor eficacia y celeridad en el funcionamiento del sistema registral civil” y que “se garantizará en todo momento el carácter gratuito de la prestación de este servicio público”.

Sobre el papel, esta reforma podría parecer lógica por la necesidad de modernizar un servicio esencial y acercarlo a los ciudadanos. Sin embargo, “huele” que tras desembolsar 130 millones de euros en la digitalización y modernización de los registros civiles de todo el país (pagados con los impuestos de todos los ciudadanos), sea ahora precisamente cuando se pase a manos privadas. Y digo privadas porque los registradores mercantiles y de la Propiedad son una especie “extraña” de funcionarios que cobran unos aranceles por sus servicios, tributan por el IVA, cuentan con oficinas propias y tienen empleados. Es decir, que funcionan como empresas privadas y de una forma u otra tendrán que sacar beneficio por pasar a gestionar los registros. Al parecer, ni los propios registradores están de acuerdo con esta imposición del Gobierno, ya que les supondría un aumento en su carga de trabajo sin aparente compensación alguna. No obstante, ya han recibido cuatro millones de euros por comenzar a tramitar los expedientes de nacionalidades.

Los representantes de los trabajadores de los registros civiles de toda España alertan que detrás de esta reforma se esconde una privatización en toda regla que se va a traducir en el pago del servicio por parte de los ciudadanos, ya sea de forma directa o indirecta. En un principio, no se cobrará por inscribir a un hijo o comunicar un fallecimiento, pero existe toda una variedad de trámites para los que el Estado establecerá unos aranceles. Según se afirma desde los sindicatos, se podrían pagar 20 euros por una fe de vida, entre 75 y 90 euros por un certificado de matrimonio o incluso 100 euros por un duplicado del Libro de Familia. Además, alertan de que cabe la posibilidad de que se aumente la obligatoriedad de tener que registrar determinados trámites como poderes notariales, seguros de vida, cambios de domicilio fiscal, etc.

Pero además del pago por lo que hasta ahora venía siendo gratuito, surge otra gran duda: qué ocurrirá con la privacidad de los datos de los ciudadanos. El Gobierno insiste en que la confidencialidad está totalmente asegurada, pero lo que es cierto es que determinadas informaciones pasarán a manos privadas, con lo que se podrían poner en riesgo datos tan sensibles como la filiación adoptiva, los cambios de sexo y otra mucha información que sería muy jugosa para determinadas empresas.

Además, con la nueva Ley sólo habría oficinas registrales en las capitales de provincia. Es decir, que en Guadalajara se pasaría de las tres sedes existentes en la actualidad (Guadalajara, Molina y Sigüenza) a una sola, con los problemas e inconvenientes que se creará a los ciudadanos en una provincia extraordinariamente dispersa como es la nuestra. Así, de no cambiar las cosas, a partir del 15 de julio un vecino de Molina deberá desplazarse hasta la capital para obtener, por ejemplo, un certificado de nacimiento si lo quiere de forma urgente para algún trámite. La otra opción con la que cuenta será acudir al juzgado de paz, desde donde se trasladará su petición al Registro Mercantil, que a su vez se remitirá el certificado al interesado, eso sí, pasado ya un tiempo. En definitiva, todo un ejemplo de servicio moderno, ágil y cercano al ciudadano.

Destrucción de empleo público. La privatización ha puesto en pie de guerra a los trabajadores de los registros civiles de toda España. Al grito de “El Registro Civil es público, es tuyo, es de todos”, el pasado día 11 realizaron una multitudinaria manifestación en Madrid y todas las semanas llevan a cabo concentraciones a las puertas de sus centros de trabajo. Exigen la retirada de la reforma y alertan sobre la masiva destrucción de empleo público que llevará aparejada, en concreto más de 4.000 funcionarios en toda España, 40 de ellos en Guadalajara, tal y como ha informado el secretario provincial del sector de Justicia de CC.OO., Carlos Loscertales. Para los que se queden habrá dos opciones: cambio de departamento o movilidad geográfica. Otro magnífico ejemplo de dignificación del empleo público.

Los representantes sindicales van a continuar con las movilizaciones hasta lograr su objetivo: conseguir que el Registro Civil continúe siendo gratuito, universal y prestado por funcionarios públicos. El Ministerio de Justicia ha convocado la Mesa sobre el Registro Civil para el próximo lunes 27 de abril. Veremos qué sale de ese encuentro. O desencuentro. Pero no estaría de más que los responsables políticos escuchasen de una vez por todas a los empleados de un servicio que se viene prestando en España desde hace 140 años por funcionarios de Justicia de forma gratuita y que es el mejor valorado por los ciudadanos, según el informe de la Agencia de Evaluación y Calidad de los Servicios Públicos. Y todo ello, a pesar de la falta acuciante de medios personales y materiales que adolece, tal y como se refleja textualmente en un reciente informe de la Defensora del Pueblo.

En definitiva, si funciona, si es valorado por los ciudadanos, si es gratuito, si se ha invertido ya en su modernización y si esta reforma va a perjudicar a los ciudadanos, va a destruir o precarizar empleo público, va a suponer una merma en la calidad del servicio y tiene en pie de guerra a trabajadores y registradores, ¿a cuento de qué viene? ¿qué se esconde detrás de esta maniobra? Me lo expliquen, por favor, porque he llegado a un punto en el que no entiendo nada de lo ocurre en un país que se ha convertido, como diría aquel, en la repera patatera.

Los trabajadores del Registro Civil están en pie de guerra por la privatización.//Foto: CSIF

Los trabajadores del Registro Civil están en pie de guerra por la privatización.//Foto: CSIF

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