Galve: un castillo que agoniza

Cadena humana que el 11 de octubre rodeó la fortaleza en un acto reivindicativo. // Foto: Enrique Palacio.

Cadena humana que el 11 de octubre rodeó la fortaleza. // Foto: Enrique Palacio.

Por Raúl Conde *

Miguel Delibes, cuando ya se había convertido en un arquetipo literario gracias a una prosa sobria y fluida que alumbró la narrativa de posguerra, pronunció su discurso de ingreso en la Real Academia Española en 1975. La intervención, titulada “El sentido del progreso desde mi obra”, apareció cuatro años después en forma de libro bajo el título Un mundo que agoniza. Les sugiero que lo lean. Casi cuarenta años después, sigue siendo una pieza soberbia con un mensaje que no ha perdido un ápice de vigencia. El escritor vallisoletano traza una defensa cerrada del medio ambiente como palanca del futuro, alerta de los efectos del progresivo éxodo demográfico y constata la destrucción del territorio rural. También advierte de que son, precisamente, las gentes de los pueblos las víctimas de un proceso irreversible y nocivo que amputa una parte sustancial de la herencia cultural castellana, que es tanto como decir de España.

Cuando Delibes esgrimió estas ideas, el castillo de Galve de Sorbe llevaba décadas agonizando y casi un lustro en manos privadas. Subastado en 1971 tras renunciar a su titularidad la Casa de Alba (sí, la de la difunta duquesa), el monumento es ya un símbolo tétrico del patrimonio en Castilla-La Mancha.

No voy a relatar los antecedentes que rodean al castillo porque fue precisamente en El Hexágono donde la secretaria de la asociación que lucha por su restauración descendió al detalle. Sí recordaré que este castillo, edificado en el siglo XV, es uno de los monumentos de mayor valor histórico y arquitectónico de la Sierra de Guadalajara. La Asociación Castillo de Galve ha reunido más de 3.000 firmas para denunciar el deterioro progresivo y acusado del edificio. Tanto en su estructura exterior, con continuos desprendimientos, como en su interior, convertido en un vertedero, tal como muestran las estremecedoras fotos colgadas por el colectivo en su página web.

Desde su fundación en 2006, con gobiernos de un signo y de otro, la Asociación de Galve ha buscado por todos los medios una salida: negociando con el dueño, pactando un borrador de contrato de cesión con el abogado de éste, exhortando a la Junta a mover ficha, colaborando con el Ayuntamiento, proponiendo la expropiación y, por último, apoyando a la Administración regional cuando ésta acordó en 2011 incoar un expediente sancionador al propietario. La decisión se tomó en febrero de ese año, aunque el Gobierno regional surgido de las elecciones de mayo de 2011 decidió retomar las negociaciones con el dueño. Negociaciones que, al cabo de tres años, se demostraron estériles.

En febrero de 2014, el delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Condado, presionado por la asociación galvita y hastiado de que el titular del castillo burlara las exigencias de los técnicos de Cultura, anunció la apertura de un expediente sancionador. Condado alardea desde entonces del primer expediente en la provincia de Guadalajara por infracción contra el patrimonio. Lo que omite es que la historia acaba de tener un final chusco digno de Pepe Gotera y Otilio: la Junta ha confundido al titular del castillo y la causa ha sido archivada. Enrique Calle Donoso, antiguo propietario del inmueble, traspasó la titularidad a una sociedad denominada “Solana de Galve”, regida por dos familiares suyos. El cambio se rubricó en 2006, lo que revela que la Junta ni siquiera se molestó en acudir al Registro de la Propiedad cuando activó el expediente.

Noticia del desaparecido periódico El Día donde se daba cuenta de que el PP reclamó en 2007 la rehabilitación del castillo, aunque ahora rechaza intervenir de urgencia.

Noticia del desaparecido El Día donde se daba cuenta de que el PP reclamó en 2007 la rehabilitación del castillo, aunque ahora rechaza intervenir de urgencia.

¿Cómo es posible que el gobierno de una comunidad autónoma, representante del Estado en este territorio y con todos los recursos a su alcance, incurra en una equivocación de este calibre? En privado, los técnicos de la Delegación admiten su metedura de pata. En público, la Junta bombardea con la propaganda de que “el proceso continúa”, como si no hubiera pasado nada. La conducta chapucera de la Delegación Provincial obliga a la Junta a volver a instruir la causa, pero la decisión depende aún del visto bueno de la Consejería de Cultura. O sea, que verdes las han segado. Cuatro años tirados a la basura.

Desde luego, si el expediente debía tener un efecto disuasorio sobre la propiedad (la sanción de 70.000 euros propuesta por Cultura es superior a la inversión estimada para cubrir los requerimientos técnicos), a estas horas los dueños del castillo deben de estar riendo a mandíbula abierta ante un fallo grave e incomprensible. Entretanto, el castillo sigue cayéndose a cachos. La estructura hace imposible su desplome, pero no la pérdida paulatina de elementos arquitectónicos.

No contento con la impericia funcionarial, la Junta también ha destacado por su arrogancia y falta de sensibilidad para canalizar protestas como las del castillo de Galve, lo cual tampoco es una novedad porque es un comportamiento extensible a otros contenciosos, como el cierre del Teatro Moderno.

La eliminación de la estructura de gobierno basada en las delegaciones de área ha originado un caos en el que los antiguos delegados provinciales, de facto, fueron sustituidos por “jefes de servicios periféricos” sin un conocimiento profundo de sus carteras. Esto atrofia el gobierno y ralentiza la toma de decisiones.

Durante la legislatura que ahora acaba, los miembros de la Asociación Castillo de Galve no han logrado verse con el consejero de Cultura. Tampoco con el delegado provincial, que les dejó plantados el mismo día que corrió a la prensa a anunciar la sanción. Para formalizar la última reunión con los técnicos, la asociación ha tenido que realizar medio centenar de llamadas (no es un número al albur, están contadas) y dirigir decenas de correos electrónicos para que, al final, la Junta concediera un encuentro con varios técnicos sin atribuciones ejecutivas. Es decir, un grupo de personas sin capacidad para tomar decisiones, por lo que la charla acaba en un bla, bla, bla sin consecuencias. Uno sale de estas citas con una colosal sensación de haber perdido el tiempo.

Daños en la Torre del Homenaje. // Foto:  Alicia Ledesma.

Daños en la Torre del Homenaje. // Foto: Alicia Ledesma.

Copia del escrito de la Defensora del Pueblo.

Copia del escrito de la Defensora del Pueblo.

Súmenle a ello el desinterés de la Junta de Castilla-La Mancha a la hora de satisfacer las reiteradas peticiones de información que le ha hecho llegar la Defensora del Pueblo, a raíz de la queja presentada por la Asociación de Galve en diciembre de 2013. La institución estatal ha reclamado en vano al Gobierno regional por vía de urgencia, hasta en tres ocasiones en los últimos seis meses, los informes sobre el castillo. ¿Cuál es la causa de esta abulia? Pásmense: el jefe de servicio de Cultura (un técnico) aduce que la Dirección General de Patrimonio (órgano ejecutivo dependiente de la Consejería de Cultura) no le ha traslado dichas solicitudes y, por tanto, no puede responderlas. Perdón por el abuso del lenguaje burocrático, pero creo que es importante para entender el nivel de desorganización de una Administración incapaz de coordinar la acción de gobierno entre Toledo y el resto de provincias.

La Junta de Castilla-La Mancha, ni antes con el PSOE ni ahora con el PP, nunca ha mostrado interés por el castillo y más bien ha preferido marear la perdiz. Sin embargo, el cúmulo de errores y de agravios durante los últimos cuatro años hace que la actitud negligente de los dueños, principales responsables del abandono del castillo, se convierta casi en secundaria. Porque es la Junta quien debe velar por el patrimonio (para ello ejerce las competencias en exclusiva) y porque es la propia Junta la primera que incumple las leyes promulgadas por las Cortes de Castilla-La Mancha a instancias de la mayoría del partido que sustenta al gobierno autonómico. El punto dos del artículo 23 de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, aprobada en 2013, señala que “los poderes públicos garantizarán la conservación, protección y enriquecimiento del Patrimonio Cultural de Castilla-la Mancha”. Esta norma amplía en el ámbito regional la ley estatal de 1985 y diseña un sistema idóneo para la protección del patrimonio. En cambio, destilar la ambigüedad propia de una legislación impecable en su redacción, pero ineficaz en su cumplimiento.

Mención aparte merece la Diputación Provincial, una institución sin competencias en patrimonio pero cuya principal misión consiste en asistir a los pueblos. En esto en Galve tampoco hemos tenido suerte. En julio de 2006, gobernando el PSOE, la mayoría rechazó una moción que pedía una intervención urgente en el castillo promovida por IU y respaldada por el PP. En febrero de 2015, ya con el PP en el gobierno, la mayoría volvió a tumbar una moción similar elevada ahora por el PSOE y apoyada por IU. Como ven, la urgencia sobre el patrimonio está directamente relacionada con el sillón desde el que se blanda.

Recorte de Nueva Alcarria. La Asociación Castillo de Galve lleva desde 2006 batallando con independencia del color político de la Junta.

Recorte de Nueva Alcarria. La Asociación Castillo de Galve lleva desde 2006 batallando con independencia del color político de la Junta.

La todavía diputada de Cultura, Marta Valdenebro, recibió a quien suscribe el pasado 29 de octubre. Pero de aquel encuentro -cordialidad aparte- saqué la misma sustancia que de un concierto de Leticia Sabater. Valdenebro rechazó apoyar una moción en favor del castillo y ofreció su “colaboración”. Así, en abstracto, que para concreciones ya está el BOE. Nunca más supimos en qué quedó tal “colaboración”. Lo que sí es sabido es que aún mantiene bloqueado en Twitter al perfil de la Asociación de Galve. Al parecer, se enojó por haberle preguntado en septiembre algo tan inocente como “qué pensaba hacer como responsable cultural de la provincia para ayudar a desbloquear la situación del castillo”. Nunca contestó. ¡Qué poco encaje tienen los mandamases del PP alcarreño y cuánto tendrían que aprender -en ese sentido y sólo en ese- de los Tomey, Bris y López Polo de antaño!

Una acotación más en este sentido porque la Asociación Castillo de Galve es, por definición, apolítica. Pero no ciega ni muda.

El Partido Popular, que ahora ningunea esta causa desde la comunidad autónoma y la provincia, es el mismo que en septiembre de 2007 reclamó la “rehabilitación del castillo de Galve” mediante una enmienda en el Senado a los Presupuestos Generales del Estado –ojo ahí- de 300.000 euros. Gobernaba Zapatero. El encargado de impulsar esta enmienda fue Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, entonces senador del Reino.

El castillo estaba pendiente de un proyecto de consolidación que el dueño, por supuesto, no cumplió. Pero el PP no dudó entonces en reclamar al Gobierno que se saltara la ley presupuestando una inversión para un edificio de propiedad privada y en un ámbito en el que el Estado carece de competencias. Sin embargo, lo mollar es preguntarse por qué para el PP intervenir en el castillo de Galve era urgente en 2007 y ahora no, pese a que han transcurrido ocho años en los que el estado del edificio ha ido a peor.

Sin inversiones ni planes en CLM

El castillo de Galve, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) como el resto de castillos de España, forma parte del medio centenar de fortalezas que atesora Guadalajara. Hace tres años, cuando tuve la oportunidad de preparar la Lista Roja del Patrimonio Arquitectónico de la sierra, junto al malogrado profesor y amigo Pepe García de Paz, constatamos el nivel de degradación de monumentos como los castillos de Pelegrina, Riba de Santiuste, Cogolludo o Beleña. Todo sigue igual. O peor. El estado de estos monumentos es consecuencia directa de los recortes y la falta de una estrategia global como la que, por ejemplo, sí dispone Castilla y León a través de programas específicos como el excelente Plan Pahis.

La inversión de Castilla-La Mancha en patrimonio cayó un 21% en 2013 y apenas un 1,2% en 2014. Este año, la Junta destinará 11,2 millones de euros a este capítulo de un presupuesto total superior a 8.200 millones. No hay un programa marco definido, con una memoria económica realista. Y las redes de museos y yacimientos arqueológicos se han convertido en meros apéndices de una política exangüe. No existe una prioridad política porque el patrimonio no forma parte del temario que domina la agenda regional, pese a las declaraciones grandilocuentes de quienes no son capaces de aportar ni un sólo dato que avale sus soflamas. Machado decía que el castellano desprecia cuanto ignora. El Gobierno castellano-manchego ha conseguido despreciar también lo que no ignora.

Otra imagen de la concentración en el castillo de Galve del 11 de octubre. // Foto: Enrique Palacio.

Otra imagen de la concentración en el castillo de Galve del 11 de octubre. // Foto: Enrique Palacio.

Cuidar las piedras no da votos y detrae muchos recursos del presupuesto. Máxime cuando la crisis exprime los impuestos y el subterfugio del déficit público aplaca conciencias. Por eso el castillo de Galve está abandonado a su suerte y la Junta pierde el tiempo dilatando la burocracia. Por eso la torre del Cuadrón de Auñón se vino abajo, tras un vergonzante pasotismo de Patrimonio. Por eso el cacareado Plan del Románico, que pronosticaba la intervención en 27 iglesias, apenas se quedó en dos. Y por eso Bonaval sigue encallado y la Junta luce con honra la estratosférica inversión de 15.000 euros en un recinto del siglo XII en avanzado estado de ruina.

Mimar el patrimonio exige dinero y una visión a largo plazo. En Castilla-La Mancha nunca tuvimos ninguna de las dos cosas, pero la última legislatura ha agravado este déficit con una Administración incompetente a la hora de gestionar la cultura como un espacio público y plural de convivencia, y no como un cortijo sectario pastoreado por un consejero de la cosa que cierra escuelas y multiplica las subvenciones para los toros.

Cuando Ortega escribió La rebelión de las masas, cuatro quintas partes de España era labriega y rural. El filósofo deploraba que éstas no contribuyeran a la síntesis nacional por no integrarse en el intercambio, “en forma de solidaridad o de lucha”, con la otra quinta parte, ocupada por la ciudad, a la que –escribió- “hemos entregado el gobierno moral y material de España”. Quizá el juicio habría que modificarlo al cabo de tantas décadas. Quizá es la parte urbana la que no se integra, o no comprende, o no quiere entender los problemas del medio rural. Quizá es que la falta de sensibilidad hacia el campo ya no tiene remedio.

Empeñada en lo contrario, la Asociación Castillo de Galve ha conseguido dar a conocer su causa, que no es poco en unos tiempos en los que las noticias, y las campañas de Change.org, se consumen a la velocidad de un pinchazo en internet. Presionar, dar a conocer el problema en la opinión pública, sumar apoyos individuales y colectivos y hasta rodear el monumento con una cadena humana. La tarea ha sido ingente y aún queda trecho por recorrer, debido en gran medida a que tanto el empeño cerril de los propietarios como la inoperancia del Gobierno regional entorpecen una solución que garantice la limpieza, la restauración (aunque fuera parcial) y la conservación del castillo.

“Las cosas podían haber acaecido de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así”, escribió Delibes en el pórtico de El camino. El castillo de Galve agoniza por la misma razón que en esta tierra agonizan los oficios extinguidos, las palabras descarriadas y los sentimientos olvidados. Porque Guadalajara es una provincia que no se quiere. Y porque somos un pueblo resignado incapaz de elegir a gobernantes con un mínimo amor propio.

Las cosas podían haber acaecido de cualquier otra manera -en Galve y en muchos otros rincones de Guadalajara- y, sin embargo, sucedieron así. La pregunta es si algún día habrá voluntad, por parte de quien debe y quién puede, de que sucedan de otra manera.

* Raúl Conde es presidente de la Asociación de Amigos del Castillo de Galve.

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