La recurrente amenaza de eliminar las Diputaciones

Una sesión del pleno de la Diputación. // Foto: dguadalajara.es

Una sesión del pleno de la Diputación. // Foto: dguadalajara.es

Por Marta Perruca

Por algún motivo que, desde mi atalaya, no alcanzo a comprender muy bien, desde que la crisis hizo su aparición, sustituyendo las cifras millonarias de los titulares por la palabra austeridad, cada vez que se dibuja en el horizonte una cita electoral o la oportunidad la pintan calva, alguien pone en tela de juicio el papel de las Diputaciones Provinciales, atribuyéndoles esa otra palabra que se coloca, a veces de un modo un poco arbitrario, a todo aquello que parece que no interesa: DERROCHE.

Y entonces se esgrimen argumentos de todo tipo en contra de este modelo de funcionamiento, como que las Diputaciones carecen de legitimidad democrática, puesto  que sus representantes se eligen de manera indirecta entre los alcaldes y los concejales electos de los distintos municipios, teniendo en cuenta los votos obtenidos por cada partido político en las circunscripciones delimitadas por los partidos judiciales, que determinan el número de diputados asignados a cada fuerza. De esta manera, tras las últimas elecciones de 2011, en el Partido Judicial de Guadalajara, el PP sacó ocho diputados, el PSOE, seis e IU, uno. En el de Molina de Aragón, el PP logró dos diputados y el PSOE otros dos y en el Partido Judicial de Sigüenza, el PP consiguió tres diputados y otros tantos, el PSOE. De acuerdo, probablemente este no sea el mejor modelo de representación democrática posible y puede que vaya siendo hora de someterlo a revisión, pero creo que si es una suerte de reflejo de los gobiernos municipales de la provincia, con cierta capacidad de conocer sus problemas, para darles respuesta.

También se habla, entonces, de una duplicidad de competencias, que roza la locura, sobre todo en aquellas Comunidades Autónomas uniprovinciales, como nuestra vecina, Madrid. En Guadalajara, por ejemplo, tenemos una Subdelegación del Gobierno Central; una Delegación de la Junta; los servicios periféricos de cada una de las seis consejerías y la Diputación Provincial, cuyo equipo de Gobierno está formado por una presidenta, un vicepresidente y once diputados provinciales, con sus respectivas carteras. Mantener este tupido entramado de administraciones no sólo resulta caro de mantener, sino que, en ocasiones da lugar a situaciones estrambóticas, como las acontecidas en periodos de nevada, cuando tramos de carretera de apenas unos cientos de metros se quedan sin limpiar, porque la carretera es titularidad de una Administración distinta a la que pone las máquinas. No obstante, ¿Por qué esa duplicidad sólo debe poner en entredicho a las diputaciones?

Y hay quien califica, además, estos órganos como poco transparentes o verdaderos nidos de corrupción, quizá mirando hacia Tarragona, Castellón o Pontevedra, como si el resto de administraciones estuvieran libres de pecado.

La hora de “Ciudadanos”

Esta vez ha sido “Ciudadanos” el partido que, una vez más, se tira a la piscina para  proponer la eliminación de estas administraciones provinciales, junto con la fusión de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes a través de un proceso de comarcalización que, no obstante, mantendrán un alcalde pedáneo. Nada nuevo bajo el sol.

Ayer por la mañana, durante mi paseo matutino por Twitter, me encontraba con una reflexión de nuestro compañero, Raúl Conde, que, desde mi torre vigía, me pareció muy acertada: “C’s propone “adelgazar” la Diputación en una provincia con 288 municipios (el 95% con menos de 500 habitantes). ¿Saben lo que dicen?”.

El tweet que ha desatado esta reflexión.

El tweet que ha desatado esta reflexión.

Evidentemente, en una Comunidad Autónoma como Castilla-La Mancha, y en una provincia como la nuestra con tal cantidad de núcleos de población, la Diputación Provincial se convierte en una Administración cercana y, me atrevería a decir que, imprescindible, a la hora de resolver los problemas cotidianos de los ayuntamientos, sobre todo de los más pequeños. Reclamarle a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se muestre sensible a la hora de atender las necesidades del día a día de tal cantidad de municipios, me temo que sería demasiado pedir.

No es necesario romperse mucho la cabeza para enumerar algunos de los servicios que la Diputación presta a los municipios, sin entrar a valorar si podría hacerlo mejor o peor, por ejemplo en lo  que se refiere a la recaudación de impuestos, la gestión de residuos y recogida de basuras, el Consorcio de Bomberos, el arreglo de carreteras y caminos o su limpieza, cuando aparecen las nevadas, la asistencia a las necesidades estivales con camiones cisterna; las labores de asesoramiento en distintas competencias; los Planes Provinciales, que contribuyen a que muchos ayuntamientos puedan renovar su alumbrado público, sus redes de abastecimiento y saneamiento o sus calles y plazas; los programas de empleo, como el que se ha impulsado para la recuperación de la actividad resinera en nuestros montes; las ayudas a asociaciones, programas de cooperación, proyectos y ONG; la Escuela de Folklore, el CEFIHGU, la Banda Provincial, Naviguad, etc.

Como decía, no voy a entrar a valorar la calidad de estos servicios, porque estoy convencida de que, dependiendo del lugar de la política que corresponda, encontrará con defensores y detractores, pero el catálogo está ahí.

Cada vez que alguien habla de recortar o suprimir las Diputaciones, a mí se me viene a la cabeza otra idea loca ¿Y por qué no acabamos con los Servicios Periféricos de la Junta? Es más, ¿Por qué no suprimimos directamente las Delegaciones Provinciales? Por mi parte, y si nuestro país no tuviera sus singularidades y sensibilidades particulares, tiraría la casa por a ventana y me cargaría todas los Gobiernos regionales y en su lugar dejaría únicamente las Diputaciones, reforzadas, claro está, con la creación de mancomunidades y comarcas.

Y es que me he dado cuenta de que tratándose de los Servicios Periféricos de las distintas Consejerías, no resulta tan fácil desarrollar el mismo ejercicio que acabamos de realizar con las funciones de la Diputación y, entonces, ya no me parece un disparate que la Delegación de la Junta centralice todas esas funciones. Es más, tampoco creo que desde la Delegación de la Junta se desempeñe una labor que no pueda ser asumida por la Diputación y la propia Junta. Y si nos ponemos a rizar el rizo, realmente, los Gobiernos regionales, a nivel de las provincias, no hacen nada que no pueda ser absorbido por el Gobierno central y las Diputaciones.

Claro, que estaríamos hablando de otro modelo totalmente distinto, que conllevaría la eliminación de puestos políticos en un baile de sillas en el que nadie está dispuesto a renunciar, porque todos quieren sentar a los suyos cuando llegan.

Del dicho, al hecho…

Algo así es lo que ocurrió cuando la presidenta regional, María Dolores Cospedal, se comprometía a eliminar el 60 por ciento de los altos cargos, lo que incluía la supuesta supresión de la mayoría de las delegaciones provinciales y el mantenimiento de un único delegado provincial en cada provincia. Realmente creo que ella  sabía bien de lo que hablaba, solo que los demás no supimos entenderla, porque lo cierto es que, a la postre, ya no existen las delegaciones (ahora se llaman Servicios Periféricos) y lo que en otro tiempo conocimos como delegados, ahora se llaman coordinadores, solo que no tienen capacidad ejecutiva y no pueden realizar declaraciones a los medios (aunque el resto de cargos no es que lo hagan muy a menudo).

La verdad es que si hay algo a lo que nos ha acostumbrado la política en los últimos años, además de al hecho incuestionable de que las promesas electorales suelen esfumarse una vez superado el día de las elecciones, es a que la palabra DERROCHE solo se pone detrás de las cuestiones que a los propios políticos interesan y entre ellas no se encuentra precisamente lo que se refiere a su sueldo, a sus privilegios, y a su estatus de poder sentar a los suyos en las sillas que correspondan durante los cuatro años siguientes.

Si de lo que se trata es de buscar modelos de gestión más efectivos, transparentes y rentables, las opciones están ahí y en Europa seguro que encontramos algunos ejemplos que han resultado ser bastante efectivos, como el caso Finlandés, pero ¿En serio creemos que existe voluntad de hacerlo?

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