Las brasas del Ducado

Flores en la Rotonda del Retén de Cogolludo, la instalación levantada en memoria de las víctimas. // Foto: arq3estudiodearquitectura.es

Por Rubén Madrid

Escribió Miguel Hernández: “Aunque el otoño de la historia cubra vuestras tumbas con el aparente polvo del olvido, jamás renunciaremos ni al más viejo de nuestros sueños”.

Mañana jueves se cumplen diez años del incendio de La Riba de 2005 y el viernes, por tanto, del fallecimiento en Santa María del Espino de los once integrantes del retén de Cogolludo.

No voy a extenderme en esto: el lector recordará que a la tremenda preocupación con que Guadalajara recibió en la tarde de aquel 16 de julio la noticia de un gran incendio en el Alto Tajo le sucedieron luego unos días de extremada conmoción y de luto mientras aún se tardaba veinte días en sofocar las llamas. Muchos reportajes están reviviendo estos días aquellas escenas trágicas que han atravesado para siempre el corazón de esta provincia. Aquel bestial impacto y el 11M fueron las dos cicatrices con las que echó a andar la Guadalajara del nuevo milenio.

A la tragedia del Ducado le siguieron luego los largos años de una instrucción judicial perezosa y muy politizada que culminó en el verano de 2012 con un juicio que pareció resolver el asunto como si, al fin y al cabo, se hubiese tratado de un suceso menor. Desde entonces ha venido un tiempo de silencios rotos cada verano por el recuerdo de las víctimas, casi siempre rodeado del sobresalto de otras llamas. En este verano que también se nos presenta como un infierno, Humanes, Muduex y Utande y Ruguilla y Huetos han sido ya los nombres de las últimas toponimias que se han incorporado al mapa de nuestras cenizas, con capital en La Riba desde 2005.

La emoción y la reflexión. Una década después de la tragedia del Ducado resulta obligado escenificar el abrazo necesario a las familias de las víctimas, para quienes hace ya diez años que la vida ya no ha vuelto a ser igual, pero también parece el momento indicado para hacer balance, como comunidad, sobre lo que nos debería importar más allá del dolor. ¿Sirvió la catástrofe, al menos, para algo?

Tareas de extinción de un incendio en Medinaceli, originado en la provincia de Guadalajara, en 2007. // Foto: Wifredo García-Efe.

¿Sirvió el incendio de La Riba, por ejemplo, para cohesionar a nuestra sociedad o más bien para dividirla? ¿Sirvió para que el tremendo bofetón de indignación despertase a la comarca de Molina y girase así la dirección de un destino que apuntaba con obstinación hacia la despoblación y el abandono? Y, de entre todas las preguntas posibles, una que resulta clave para honrar la memoria de las víctimas. La pregunta no es nueva. Se repite cada año desde hace diez y la volvemos a formular igual que el año pasado: “¿Por qué tantos conatos de incendio se convierten en fuego en una provincia que, como pocas, debería tener aprendida la lección?”. 

Oirán decir a los políticos que todo está mucho mejor, que sí, que el incendio de La Riba con sus 13.000 hectáreas calcinadas y sus once fallecidos sirvió, al menos, para que desde entonces estemos mejor preparados porque se han prohibido las barbacoas, se han mejorado los protocolos de seguridad, se han profesionalizado los retenes y hay un cuerpo de militares (la UME) colaborando en las emergencias.

Finca afectada por el incendio de Horta de Sant Joan (Tarragona) de 2009, en el que murieron cuatro bomberos. // Foto: Jaume Sellart-Efe.

Sin embargo, cada uno de estos mensajes optimistas encuentra su eco entre los profesionales que pisan cada verano sobre terreno quemado. Ellos no dicen lo mismo. A veces, protestan incluso con carácter premonitorio, como demostró un artículo de la compañera Marta Perruca el año pasado. El mensaje es implacable: tenemos menos ojos y menos manos para combatir el fuego en verano. Critican los recortes en los medios disponibles para la prevención, la vigilancia y la extinción e insisten en que, a pesar de algunos avances, no se han reducido los riesgos para que vuelva a suceder una tragedia de las dimensiones ecológicas y humanas que tuvo la de 2005. Incluso hay retrocesos: la región tenía hace diez años 2.000 trabajadores a su servicio, cuando hoy suman 1.290, según las cuentas del sindicato Satif.

De la barbacoa a la cosechadora. Hay un ejemplo muy claro para empezar a dudar. La prohibición de barbacoas en verano era un clamor de los forestales antes de que sucediese la tragedia en 2005. Lo habían dicho por activa y por pasiva, pero sin éxito. Sólo después del incendio del Ducado se incorporó al fin la prohibición, que sólo ocupaba una línea en el boletín oficial.

El entonces alcalde de Cogolludo, durante el incendio del año pasado. // Foto: Efe.

Como entonces con las barbacoas, hoy los profesionales se están desgañitando para hacer ver la necesidad urgente de regular el uso de las cosechadoras, una de las causas más habituales de incendios forestales. El gran fuego de  Humanes del otro día fue causado por una cosechadora. Como lo fue también el de Aleas del año pasado y el de Tortuero de hace dos.

Castilla-La Mancha, que tiene razones para demostrar una sensibilidad especial en materia de incendios forestales, sigue sin regular el uso de las cosechadoras, cuando sí lo han hecho otras comunidades. Castilla y León ha establecido medidas tan precisas como prohibir trabajos en ciertas horas del día y en presencia de ciertas condiciones ambientales como las que estos días se están produciendo, estableciendo perímetros de distancia para los trabajos respecto del monte o exigiendo que los agricultores adopten para sus vehículos “mecanismos que impidan la producción de chispas, así como extintores”.

Un bombero forestal en plena labor de extinción de un incendio. // Foto: Atbrif.

¿Hace falta que ardan otra vez 13.000 hectáreas, que mueran otras once personas? ¿Hay que esperar a situaciones todavía más dramáticas que las que vivimos cada verano para endurecer las sanciones tan livianas que hoy existen y empezar a exigir las responsabilidades penales por estos delitos de imprudencia, que como tales están tipificados en el Código Penal?

Recortes e inoperancia. Sentido común y voluntad política: los que saben creen que no hacen falta más alianzas ni ingenierías sofisticadas para ejercer un combate más eficaz contra el fuego. Sentido común: para no hacer lo que no se debe (las barbacoas y las cosechadoras, pero también los cohetes de las fiestas en agosto y septiembre), como han demostrado los pobladores del medio rural durante generaciones. Y voluntad política: más medios, mejor trato a los profesionales, apuesta por la ganadería extensiva y la agricultura sostenible, tareas de desbroce y limpieza durante todo el año con aprovechamientos locales de los residuos, sinergias con las medidas de fijación de población… Muchas de estas cosas que, diez años después de La Riba, brillan por su ausencia.

Una recogida de firmas de WWF en su campaña ‘Basta de veranos negros’ expone que “el incremento en la combustibilidad de nuestros montes debido al dramático despoblamiento del medio rural, el abandono de las actividades tradicionales, la falta de inversión y la ausencia de políticas serias que gestionen el territorio de forma ordenada y sostenible, ha llenado España de potenciales bombas incendiarias: nuestros bosques están listos para arder”. Y piden, a través de una carta dirigida al Ministerio y las consejerías, “que cumplan la ley, identificando las zonas con mayor riesgo de sufrir grandes incendios forestales e invirtiendo durante todo el año para terminar con el abandono en estos lugares tan vulnerables a las llamas”.

En Castilla-La Mancha este panorama empeora por culpa de los recortes impulsados por la consejería que hasta antes de ayer dirigía María Luisa Soriano. Resulta sorprendente la acción del PP durante su legislatura en la Junta, frenando los avances que –más vale tarde que nunca– fue impulsando el gobierno de Barreda tras la tragedia de 2005, entre ellos que las tareas forestales se extendiesen durante los doce meses del año, lo que sólo ocurrió en 2011.

Protestas por los recortes en Geacam. // Foto: Europa Press.

De los recortes ya tratamos largamente el año pasado en ‘Detrás de fuego’. Algunos ejemplos que afectan a los medios provinciales son la reducción de personal que ha afectado a las bases de Villares y El Serranillo, la desaparición de la autobomba de Tendilla y la drástica rebaja de patrullas móviles hasta quedarse en una tercera parte. También se han eliminado torres de vigilancia, en algunos casos evitando usar algunas en malas condiciones en vez de repararlas. En síntesis, estos retrocesos tantas veces denunciados, y que incluyen por supuesto la ratificación del ERE irregular de Geacam, se ha traducido en que durante la legislatura en que el PP ha diseñado las campañas han aumentado el número de conatos, de incendios forestales (los que alcanzan más de una hectárea) y el conjunto de la superficie quemada cada año, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente.

Pero no sólo está en juego un debate sobre ajustes presupuestarios en tiempos de crisis. En realidad, hay toda una apuesta política clara que se decanta por no prevenir en vez de curar, por respaldar el protagonismo en la extinción de los efectivos militares mientras se desmonta los servicios civiles, por descuidar la investigación de las causas que pueden ayudar a elaborar planes eficaces contra incendios y, entre otras muchas cosas, por desechar la limpieza de los montes durante todo el año.

Se entiende mejor cuando se baja al detalle. Hay un caso especialmente sangrante con nuestros ‘geos’ de los incendios, las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF), que llevan tiempo batallando por una mejora de sus condiciones laborales y han convocado una huelga para hoy que se alarga hasta el viernes. Los ‘superhéroes’ de la elite de la extinción de incendios del país, que no llegan a mileuristas, piden el reconocimiento de derechos laborales como la categoría de bombero forestal o el paso a segunda actividad a partir de cierta edad.

En nuestra región, las brigadas de investigación que antes abordaban la causa del cien por cien de los incendios ha quedado prácticamente desmanteladas, cuando se trata del mejor modo de tener una información precisa para elaborar los planes de prevención del año siguiente. También se ha eliminado la presencia física de agentes medioambientales en los retenes hasta ciertas horas del día, lo que impide una dirección más eficaz de las tareas de emergencia ante un conato, en unos instantes vitales para detener el avance del fuego.

Se podrá decir que todas estas quejas en materia laboral que emiten los profesionales afectados pueden estar tomadas por su particular visión del conflicto. Y es verdad. Pero es la voz de quienes arriesgan el pellejo en la lucha contra el fuego y es la experiencia de quienes, como ellos dicen, beben el agua caliente de la cantimplora, ese agua que sabe a gloria en un paréntesis de una faena infernal.

Lo que denuncian, y es una denuncia muy seria, es que el modelo de lucha contra el fuego que estamos permitiendo es más caro y, en realidad, beneficia a muy pocos, entre ellos a las compañías que se subcontratan para las labores de extinción de incendios. “Si tienes un dinero ahora mismo lo mejor que puedes hacer es invertirlo en una empresa de helicópteros, porque el negocio está asegurado”, asegura un profesional alcarreño.

Un modelo más caro. Recortar en medios propios y convertir la extinción de incendios en un negocio; hacer cambios en la Ley de Montes como el último que vuelve a permitir que se recalifiquen terrenos quemados; hacer de los funcionarios unos ‘auxiliares’ del personal militar de la UME o el Seprona (¿tal vez porque en estos cuerpos los profesionales son obligatoriamente más dóciles?); y no ser más severos en el castigo contra los causantes de los incendios son algunos de los factores que no colaboran precisamente para evitar que vuelvan a producirse grandes incendios como el de 2005.

Portada del periódico El Pais con la noticia de los once fallecidos.

Invertir en prevención y en refortalecer la presencia de efectivos bien equipados es más barato, pero los sindicatos aseguran que la política forestal que está llevando a cabo la Junta cuesta mucho dinero y se decanta por pagar facturas después de apagar el fuego (asumiendo los riesgos de cada suceso).

De este modo incluso se generan situaciones contradictorias. Avances logrados por ejemplo en los protocolos de seguridad tras la tragedia del Ducado se vuelven estériles, porque obligan a no operar en caso de que no se pueda establecer comunicación. Y esto, no poder comunicar, es habitual en los incendios de nuestra provincia en pleno siglo XXI. Un sinsentido, porque la tecnología existe. ¿Por qué los militares de la UME sí disponen de equipos que pueden sacar cobertura de debajo de las piedras y los forestales no?

El único condenado en 2012 por el incendio del Ducado, Marcelino H.S., lo fue a dos años de cárcel y a diez millones de euros en concepto de indemnización a la Junta por los trabajos de extinción. El dato es revelador: se fijaba en diez millones el gasto por un incendio que no habría tenido lugar con la prohibición de hacer barbacoas. Pero es que, además, permitiría ahorrar un dinero que perfectamente podría usarse para combatir el fuego antes, y no después. ¿Cuánto no se habría podido avanzar en comunicaciones, en contratación de medios propios o en mejoras laborales para el personal si esos diez millones de euros se hubiesen invertido en esta dirección? Y cuando decimos los 10 millones del Ducado decimos los costes añadidos por incendios como los de Jodra del Pinar, Cubillejo de la Sierra, Chequilla, Tortuero, Aleas, Cogolludo, Humanes y tantos otros.

Un caso concreto: Humanes. Para terminar, hablemos de un caso concreto: el incendio de Humanes del 7 de julio. Según la relación de medios intervinientes a la que ha tenido acceso este periodista, el aviso lo dio a las 13:08 una ‘nodriza’ (un camión de bomberos con un gran depósito de 10.000 litros, el triple de lo habitual) que detectó la columna de humo desde la carretera.

Al aviso se respondió en los primeros minutos con el envío de una autobomba y su retén correspondiente, un helicóptero del Serranillo con una brigada de Guadalajara y refuerzos del parque de bomberos de Azuqueca. Puede parecer mucho, pero resultó insuficiente para detener el fuego en sus primeros pasos. El retén de Cogolludo, más próximo a Humanes, no fue reclamado hasta pasados veinte minutos, con un helicóptero y una brigada de Villares de Jadraque. Había más medios disponibles, pero no se enviaron. El conato pasó a mayores: finalmente se calcinaron 750 hectáreas y entre medias hubo que evacuar a 150 vecinos de Fuencemillán y Montarrón.

Trabajos de extinción del incendio de la semana pasada en Humanes. // Foto: ElHexagono.

Sorprende que no se volcasen más efectivos cuando el día anterior el Índice de Riesgo Meteorológico Dinámico para la jornada del día 7 marcaba el nivel “muy alto” para toda la región y la misma mañana del incendio, el Boletín Meteorológico para el día señalaba claramente temperaturas muy altas en la provincia con máximas de hasta 38 grados y rachas de viento, por lo que prevenía: “es muy probable que se den incendios que estén por encima de la capacidad de contención y/o extinción en el eje de máxima propagación del fuego, con factores principales a favor”. Con esas condiciones, el aviso de fuego originado en un campo de cereal que ya se había metido en monte debería haber reclamado la llegada del séptimo de caballería forestal, pero no fue así.

En el incendio de Humanes tuvo que intervenir la UME. // Foto: Twitter UME.

Recuerden cuál era la pregunta clave: ¿cómo es posible que, en una provincia como ésta, repitamos los errores y tantos conatos pasen a incendio? Parece claro que esto es lo que sucedió en Humanes. No sólo no se evitó la chispa que provoca el incendio (la cosechadora jamás debió estar en marcha ese día) sino que las llamas se convirtieron en un gran incendio forestal.

Afortunadamente, nadie recordará Humanes 2015 como cada año recordamos La Riba 2005. Pero quizá vaya siendo el momento de dar el salto de la conmoción de hace diez años y de la emoción de cada aniversario a la toma de conciencia para demandar políticas forestales eficaces, con una visión más amplia y preventiva y con planes de incendios que traten a los héroes de nuestros cuerpos de efectivos como se merecen.

Tenemos una deuda con las víctimas de 2005 y por eso conviene esforzarnos con los homenajes, para que el otoño de la historia no cubra sus tumbas con el polvo del olvido, que dijo el poeta. Pero también para no renunciar «ni al más viejo de nuestros sueños»: un bosque vivo, sin fuego, que no cuesta creer que fuese el sueño que compartían los muchachos del retén.

Lo peor de todo no es el absurdo de once muertes que se podían haber evitado con una línea más en un boletín oficial. Lo peor es que, diez años después, este ‘sacrificio’ pueda resultar estéril porque se repitan los mismos u otros errores. Las ascuas siguen candentes allí donde, diez años después, sólo deberían quedar cenizas frías.