El vaivén del ATC

Multitudinaria manifestación contra el ATC celebrada en Guadalajara. //Foto:www.castillalamancha.es

Multitudinaria manifestación contra el ATC celebrada en Guadalajara. //Foto:www.castillalamancha.es

Por Marta Perruca

No iba a venir. En algún momento pudo parecer que sí e incluso que el clamor que se había levantado en Guadalajara y en Castilla-La Mancha iba a ser como una ráfaga envolvente que uniría las voluntades de todas las fuerzas políticas. Estaba Yebra y luego salió de la chistera Almoguera, aunque después se volviera a meter, acostumbrados como nos tiene el señor Padrino a sus juegos de artificio. Ese día estas candidaturas se hicieron diminutas, porque algo más grande recorría las calles de Guadalajara durante  la que se recuerda como una de las manifestaciones más multitudinarias de cuantas se hayan celebrado en la capital.

Pero ella no vino. Nunca se manifestó en contra de esta instalación nuclear de manera firme y contundente , aunque en algún momento se arrimó al sol que más calentaba. A estas alturas, el lector ya se habrá dado cuenta de que hablo del Almacén Nuclear Centralizado (ATC) y de la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha en la pasada legislatura, María Dolores Cospedal.

Entonces parecía que en las direcciones del PP no se ponían de acuerdo en qué postura adoptar sobre esta instalación. Tan pronto cerraban filas ante lo que parecía que era la opinión más mayoritaria, como que comenzaban a bacilar. Pero ya se sabe que en época preelectoral sólo importan las apariencias. Tan solo un mes antes, en enero de 2010,  la entonces presidenta del PP en Castilla-La Mancha mostraba su oposición al proyecto e incluso anunciaba que se tomarían represalias contra los concejales del PP que votaron a favor del ATC en aquel polémico Pleno, pero esa manifestación del 27 de febrero de 2010, a la que acudió incluso el presidente del PP en Guadalajara, Antonio Román, marcó un antes y un después.

No acudió al acto emblema en contra de esta instalación y aquello parecía augurar lo que ocurriría un año después, en diciembre de 2011 y con Cospedal ya en Fuensalida, cuando el Consejo de Ministros aprobó el ATC en Villar de Cañas. Luego el cementerio nuclear no se vería con tan malos ojos, sino como un pequeño peaje para  traer desarrollo y riqueza  a la región, concretamente a una localidad que lo había pedido y que había encontrado cierto consenso entre sus vecinos.

No sabemos que ocurrió en aquellos días, entre las fechas en las que a Cospedal no le dolían prendas en decir que estaba a favor de la energía nuclear, pero en contra del ATC en Castilla-La Mancha y el día de esa manifestación. Supongo que no querría que hubiera imágenes en hemeroteca que le recordaran una y otra vez sus incongruencias. Hay quienes apuntan a determinados intereses de su marido, ya que según recoge Ecologistas en Acción en su página web, Iberinco (filial de Iberdrola en donde trabaja el marido de Cospedal) participa en 4 contratos del ATC por valor de 34,2 millones euros.

Parece un asunto de esta España de charanga y pandereta que la ubicación de una instalación de esta consideración se dispute en terreno municipal donde unos y otros estuvieron tirándose los trastos a la cabeza, enfrentando también a los vecinos, como ocurrió en el paradigmático caso de Yebra ¿Y pensar que el mismo Gobierno en el que  “confiamos” para que nos sacase del duro trance de la crisis fue el que decidió aprobar esta instalación en el municipio que mostró menos oposición?

El ATC vuelve a las páginas de la actualidad, porque el Ejecutivo de García Page ha promovido la ampliación de una zona ZEPA para bloquear la construcción del almacén. Amenazaba con una declaración institucional durante la investidura del director general de la Delegación de la Junta en Molina (no os hacéis una idea del tiempo que invierten los periodistas en memorizar los nombres de los cargos en cada comienzo de legislatura) ante la mirada atónita de los asistentes, a los que el ATC les queda un poco lejos, pero de ello, acabo de recordar, dio buena cuenta nuestra compañera Concha, hace un mes.

Grupos ecologistas, además, acaban de presentar un informe del número de pueblos de la provincia y de la región por los que tendrán que pasar los residuos antes de llegar a Villar de Cañas: 17 municipios en Guadalajara y 71 en Castilla-La Mancha, asegurando que el Ejecutivo anterior no realizó ningún informe sobre la seguridad del trayecto.

Han pasado décadas y ningún gobierno ha sabido encontrar solución a esos residuos de Vandellós I que custodia Francia y que nos cuestan 40.000 euros al día a todos los españoles, puesto que los pagamos en el recibo de la luz.

Desde luego, algo hay que hacer con ellos, nos guste o no, y más pronto que tarde se debería buscar una solución.

No obstante se trata de una cuestión muy delicada que no se debe dejar al azar o a una candidatura popular en la que se vote al más guapo o al más listo. Clama al cielo que en todo este tiempo se haya dejado esta cuestión en el tejado de los ayuntamientos que quisieran pelearse por  la recompensa y no se hayan tenido  en cuenta cuestiones fundamentales como la seguridad y estabilidad del emplazamiento.

Precisamente, el otro día me lo decía un amigo que sabe de estas cosas y que no se explica que el proyecto se haya aprobado sin existir un informe geológico que avale su ubicación. Sí, los ecologistas se llevan las manos a la cabeza porque  no se ha estudiado la seguridad de la ruta, pero nadie se ha planteado que Villar de Cañas no ofrezca las condiciones de seguridad adecuadas para albergar este almacén, porque no hay un informe geológico que dé luz verde o lo desrecomiende  “Y lo que es peor aún. Lo poco que se sabe es que este sitio no es bueno”, me decía.

Luego nos encontramos con charcos como el del “Proyecto Castor” en Castellón, donde tampoco existía un informe geológico y, aún más grave, con el terremoto de Lorca, que según un estudio resulta que fue consecuencia de la explotación de unos acuíferos en los que, casi con toda seguridad, tampoco existiría un estudio geológico.

Así que seamos serios, porque el ATC no puede ser una cuestión política o de sensibilidades, sino de seguridad nacional y quitarse el marrón de encima colocando el muerto en aquel lugar que acepte la chuchería -o lo que sería peor, donde apuntan los intereses de quien gobierna- es una absoluta irresponsabilidad que puede tener consecuencias muy graves.

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