Un convenio en el disparadero

El consejero Fernández anuncia que se estudia la anulación del convenio sanitario con Madrid, el pasado 10 de septiembre. // castilla-lamancha.es

El consejero Fernández anuncia que se estudia la anulación del convenio sanitario con Madrid, el pasado 10 de septiembre. // castilla-lamancha.es

Por Concha Balenzategui

Nuevamente ha vuelto a la actualidad el convenio sanitario entre Castilla-La Mancha y Madrid. Lamentablemente, el asunto ha venido envuelto en una gran confusión, en la que siempre salen perdiendo los ciudadanos, y sobre todo los pacientes que se ven afectados directamente en la asistencia más o menos cercana.

No es nuevo que al PSOE no le gusta el acuerdo alcanzado in extremis por el Gobierno de Cospedal con el ejecutivo, también de signo popular, de la vecina Madrid. Ya lo dijo cuando se firmó, y con un argumento reseñable: el acuerdo supone una ruptura con la concepción de un país solidario, puesto que supone que la atención médica en otro territorio la paga la Comunidad que “exporta” sus enfermos, y no se paga con el Fondo de Cohesión, que el Gobierno de Rajoy ha ido reduciendo alarmantemente año a año, hasta dejarlo a cero en los Presupuestos de 2016. Sabido era también, que Podemos, que apoyó en su investidura al presidente García-Page, estaba en contra del acuerdo, puesto que en su programa electoral se incluía su cancelación.

Por tanto, era esperable que los socialistas quisieran revisar el acuerdo, intentaran cambiar las condiciones, y en definitiva, revisar las cláusulas del acuerdo, que parece ventajoso para las arcas madrileñas y perjudicial para las de Castilla-La Mancha. Lo que no estaba en las previsiones era esta ceremonia de la confusión producida en los últimos días, sobre cómo y qué hacer con el convenio. Una confusión que se ha producido por la falta de claridad del Ejecutivo regional en su comunicación a los ciudadanos, y también por el ánimo de enturbiar que la oposición del PP ha mantenido aprovechando el río revuelto de la indeterminación.

Hay que recordar que es un acuerdo que el PP de Cospedal, que dijo en la campaña de 2011 tener atado, no fue capaz de poner en marcha durante su cuatro años de mandato, y que solo alcanzó a las puertas de las elecciones. Son muchos meses, muchos enfermos, muchos viajes. No hay que olvidarlo. Pero también un convenio que, siendo malo, mejora notablemente la situación de constantes desplazamientos que vivían esos pacientes y que en cualquier momento podemos ser cualquiera de nosotros.

Los ex consejeros de Sanidad de Madrid y Castilla-La Mancha, en uno de los encuentros del vigente acuerdo.

Los ex consejeros de Sanidad de Madrid y Castilla-La Mancha, en uno de los encuentros del vigente acuerdo.

La atención sanitaria en Madrid no solo es una reivindicación histórica de Guadalajara desde que se empezó a negociar el traspaso de competencias sanitarias. Es algo más que una cuestión lógica y de justicia. Es un asunto muy sensible, demasiado sensible para quienes han añadido la alarma del tiempo y la distancia a una situación de emergencia sanitaria, o para quienes a la desazón de su enfermedad suman la incomodidad de los viajes y de los ingresos hospitalarios lejos de su provincia. Es un tema, ya digo, demasiado sensible como para que en muchas ocasiones se hable más de cifras y de costes económicos que de personas y de su derecho a una atención digna.

Seguramente por eso, porque tanto el PSOE como el PP en esta provincia saben lo sensible que es este tema, han jugado sus cartas de esta manera. Afortunadamente, aunque tarde, la postura del Gobierno regional está más clara: quiere romper el acuerdo con Madrid en lo que respecta a los ciudadanos de la comarca de la Sagra toledana, fundamentalmente porque eran derivados a hospitales privatizados; pero pretende mantener el acuerdo en lo que respecta a los guadalajareños, que en buena parte están siendo derivados a hospitales públicos.

No queda claro si su intención inicial era diferenciar el trato entre guadalajareños y toledanos, porque al menos en las declaraciones iniciales del consejero de Sanidad, el 10 y el 14 de septiembre, no se trasladaba esta visión distinta para unos y otros. Y en el PP se apuntaron a la alarma: el propio alcalde de la capital, Antonio Román, denunciaba que se urdía la ruptura. Y en el PSOE tardaron demasiado tiempo en tranquilizar a los vecinos de Guadalajara. Pese a que un medio de comunicación como “La Cronica” había dicho desde el primer momento que era diferente el destino de toledanos y alcarreños, ni el líder provincial del PSOE, Pablo Bellido, era capaz de asegurarlo en primera instancia.

En todo caso, si el PSOE pensó cortar con todo el acuerdo en un primer momento, ha rectificado, probablemente porque saben que era perjudicial hacerlo para la población, y muy difícil de explicar a la ciudadanía, lo que les podría traer consecuencias electorales. El PP guadalajareño, también hay que decirlo, ha protestado más durante estas dos semanas de confusión, alarmando sobre la supuesta ruptura y sus males para nuestra provincia, que lo que denunció la inexistencia del acuerdo durante los casi cuatro años en que no se aplicó y le correspondía a su Gobierno hacerlo. ¿Cuántas mociones propuso el PP en Diputación para pedir o acelerar el convenio la pasada legislatura? Calladitos estaban, y bien que lo sabemos.

Queda mucho por delante en este camino. Este mismo jueves, las Cortes regionales van a tratar el asunto. Suponemos que habrá sobre la mesa argumentos y cifras de pacientes atendidos antes, ahora y previsiones futuro. Los servicios jurídicos de la Junta tienen que revisar las cláusulas vigentes y las fórmulas de recesión. Tendrán que volver a negociar con Madrid, y si tomamos como referencia los cuatro años que le costó al entonces consejero  Echániz llegar a un mal acuerdo con su homólogo Javier Fernández, no debe ser fácil. De entrada, desde Madrid ya han adelantado que no será posible romper una parte del acuerdo y mantener la otra, es decir, dejar de atender a los toledanos y seguir asistiendo a los guadalajareños.

Esperemos que el talante negociador sea mayor con dos nuevos interlocutores, los actuales concejeros de Sanidad, Jesús Fernández y Jesús Sánchez Martos, que lo que fue con los dos salientes. Esperemos también que el foco esté siempre centrado en la salud de los pacientes y su atención digna, tanto en las conversaciones internas como en las declaraciones ante los micrófonos. Y esperemos, finalmente, que la cordura y la solidaridad de España como país se imponga, y se recupere un fondo de cohesión imprescindible. Porque con la salud no se juega.

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