Una luz frente a los desahucios

Firma del convenio entre el presidente de la Junta y los colegios de Abogados y Trabajadores sociales para la puesta en marcha de las oficinas antidesahucios. // Foto: Junta de Comunidades

Firma del convenio entre el presidente de la Junta y los colegios de Abogados y Trabajadores sociales para la puesta en marcha de las oficinas antidesahucios. // Foto: Junta de Comunidades

Por Concha Balenzategui

Desde la semana pasada ha entrado en funcionamiento en Guadalajara, igual que en el resto de capitales de provincia de Castilla-La Mancha y Talavera de la Reina, la nueva oficina antidesahucios de la Junta de Comunidades. El nombre técnico es el de Oficina de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria, porque, en realidad, esas son las funciones que se prestarán desde estas entidades, atendidas por personal técnico de la Junta. Las oficinas cuentan también con el apoyo de trabajadores sociales y de abogados, en virtud de los convenios firmados con los colegios oficiales que representan a estos dos colectivos profesionales.

La proliferación de los desahucios ha sido una de las consecuencias más duras de la crisis y una de las causas de movilización social más sonora, con la creación de plataformas ciudadanas y la convocatoria de acciones en apoyo a los afectados. Al cabo de los años, la defensa de las víctimas de los desahucios ha llegado a la Administración, bien porque quienes estaban directamente más implicados han llegado al gobierno (ahí tenemos el caso de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau) bien porque los partidos gobernantes o los que han apoyado las investiduras, han incorporado medidas que tienden a paliar las consecuencias más duras de los impagos hipotecarios.

El número de desahucios está disminuyendo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, pero todavía los hay, y sus efectos son demoledores: la pérdida de la vivienda para el comprador e incluso para el avalista, como hemos visto en algunos casos. En la comunidad autónoma, en los últimos cuatro meses se han registrado cerca de 900 desahucios y quedan alrededor de 600 por ejecutar. A pesar de su disminución, el problema seguirá existiendo de forma significativa muchos meses más, pueden estar seguros, porque el paro -que es la causa más habitual de los impagos- sigue afectando a 245.000 personas, según la última EPA.

Por eso es necesario que se pongan todas las medidas necesarias para frenar sus efectos desde los gobiernos, municipales y autonómicos, que no son muchas, puesto que la remisión más importante a este problema estaría en el cambio de la legislación estatal. No obstante, hay medidas que se pueden tomar desde estas administraciones más cercanas, y que se resumen en tres: el asesoramiento, la intermediación y el apoyo. Básicamente es lo que se pretende hacer en el caso de Castilla-La Mancha, donde el problema se incorpora a la agenda política a pocos meses de la llegada del nuevo gobierno, y de la firma de los acuerdos de legislatura con Podemos.

La consejera de Fomento, la alcarreña Elena de la Cruz, en su visita a la Oficina Antidesahucios de Toledo, ayer lunes. // Foto: Europa Press

La consejera de Fomento, la alcarreña Elena de la Cruz, en su visita a la Oficina Antidesahucios de Toledo, ayer lunes. // Foto: Europa Press

Aunque pueda parecer pequeño, es un paso importante. La información a los afectados se venía dando de forma altruista desde las plataformas de afectados, pero es significativo que sean los poderes públicos los que ofrezcan esta ayuda a los vecinos sobre sus derechos, las opciones que tienen y los pasos que pueden seguir. Más importante aún es la labor de intermediación, puesto que una institución, que muchas veces es un cliente importante del banco, tiene más capacidad de negociar que un ciudadano de a pie. Recordemos por ejemplo las peticiones de medidas más drásticas como que las administraciones no trabajen con bancos que ejecuten desahucios. Finalmente, el apoyo se traduce en información sobre las ayudas sociales a las que los afectados se pueden acoger, y en el último extremo, incluso buscar una vivienda alternativa como solución temporal.

Es cierto que la ayuda llega tarde para miles de casos que se han ejecutado en los años más duros y sin posibilidad de marcha atrás, pero también es verdad que medidas de este estilo funcionan: de hecho han evitado muchos desahucios en otras comunidades autónomas. En Andalucía presumen de haber paralizado más de 6.000 con la intermediación de la Consejería de la Vivienda con el banco, convenciendo a la entidad para que conceda la dación en pago (que al devolver la casa al banco, este cancele la deuda), pactar la refinanciación de la hipoteca o lograr que la familia se quede en la vivienda ya embargada abonando un alquiler barato. El Gobierno vasco calcula que han evitado un 60 por ciento de ejecuciones a través de esa negociación.

Imagen que ilustraba el reportaje de El País sobre el caso de Villanueva de la Torre. // Foto: Claudio Álvarez, El País

Imagen que ilustraba el reportaje de El País sobre el caso de Villanueva de la Torre. // Foto: Claudio Álvarez, El País

En Guadalajara hay otro caso significativo, Villanueva de la Torre, que hace unos días saltaba a la prensa nacional con el desafortunado sobrenombre de “Villadesahucios”. Aseguran que este es el municipio con más desahucios de España, lo cual no sorprende al recordar los récords del lugar en los días de vino y ladrillo: localidad con más crecimiento del país, con la media de edad más joven (30 años), y con mayor tasa de natalidad. Que pasara de ser el municipio con mayor porcentaje de hipotecas (87 por ciento de las viviendas) en 2005 al de más desahucios en la actualidad era un paso desgraciadamente lógico. Pero las consecuencias son dramáticas: más de 50 familias están pendientes de la orden de desalojo.

Con Ahora en el Gobierno, y por unanimidad de los grupos de este convulso ayuntamiento, se ha creado una comisión de apoyo a los afectados. El asesoramiento no lo da el Consistorio, pero sí ha habilitado un espacio para que sean las plataformas las que atiendan a los ciudadanos. El siguiente paso es la mediación con el banco.

Domingo Alcázar, activista de la PAH en Guadalajara y candidato de Ahora en Común al Congreso.

Domingo Alcázar, activista de la PAH en Guadalajara y candidato de Ahora en Común al Congreso.

Es innegable que una provincia como Guadalajara, una de las más afectadas por la burbuja inmobiliaria, donde se compraron viviendas a precios desorbitados, el impago hipotecario era y es un problema de primera magnitud. Aquí también ha habido sus reacciones, en forma de plataformas y protestas (por cierto, la cabeza visible del PAH, Domingo Alcázar, acaba de ser elegido candidato al Congreso de de Ahora en Común) y las administraciones no podían seguir mirando a otro lado.

También en la capital, el apoyo a los desahuciados figuraba en los programas políticos de varios partidos e incluso en el pacto que PP y Ciudadanos firmaron para asegurar la investidura de Antonio Román. Concretamente se acordó la implantación de una sección que atienda desahucios en la Oficina de Emergencia Social. Pero este punto ni siquiera se ha mencionado en los balances que ambos partidos hicieron al cumplirse los 100 días de mandato, o al menos no ha sido recogido por los medios de comunicación, lo que da una idea del peso que tiene en sus agendas. Quizá, una vez que la Junta de Comunidades ha tomado la delantera, habría que volver a plantear la medida para evitar duplicidades de oficinas. En todo caso, anotado queda quién ha demostrado la sensibilidad de colocarlo entre las prioridades de este nuevo mandato, y quién no lo ha puesto en marcha ni ahora ni durante los meses en que los desalojos apretaban con toda su crudeza.

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