Quien mucho abarca…

 

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El servicio de cuidado de parques y jardines era uno de los que entraba en la privatización multitudinaria que planeaba el Equipo de Gobierno. // Foto: B. M.

Por Borja Montero

Si uno quiere revisar la instalación eléctrica de su casa, busca un electricista. Y si quiere darle un repaso general a todos los rincones de la misma, se pone en contacto con una empresa de limpieza. Esta regla básica de la concordancia no parece conocerla el Ayuntamiento de Guadalajara que, en los últimos años, se ha decidido a convocar a los ‘manitas’ más multitarea para que se ocupen cada vez de más y más labores especializadas. Esta semana, la justicia ha tumbado nuevamente (ha desestimado un recurso del propio Consistorio frente a una decisión anterior del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda) su último intento de contratar con una misma empresa varios servicios municipales, un total de once, en este caso por un periodo tremendamente largo de tiempo. El motivo para juntar tanta actividad en un solo ‘megacontrato’ era, según se vendió allá por julio de 2013, cuando comenzó la licitación, el de aprovechar las sinergias y la colaboración que pudieran abaratar y mejorar todos estos servicios, ya que, a juicio de los gestores municipales, parece ser muy útil tener veneno anti-roedores para alquilar bicicletas o cambiar las bombillas de los semáforos.

Las cifras de este contrato mareaban. Un mínimo de 17 años de duración, con posibilidad de prolongarlo hasta veinte, a unos 13.450.000 euros al año, lo que supone más de una quinta parte de todo el presupuesto municipal. 270 millones de euros, por redondear. Cierto es que el Ayuntamiento se hubiese quitado de preocupaciones durante dos décadas, ya que la adjudicataria se hubiera encargado de limpiar las calles, recoger las basuras, cambiar las bombillas de semáforos y farolas, recoger ropa usada, limpiar la calzada tras accidentes de tráfico, cuidar los parques, matar ratas e insectos y prestar bicicletas. ¿Quién era la super-empresa que hubiera podido llevar a cabo tal variedad de servicios? Seguramente una de las viejas constructoras que, crisis inmobiliaria mediante, estaban inventando un nuevo modelo de negocio a través de la prestación de todo tipo de servicios que un ayuntamiento pueda necesitar, pero eso ya nunca lo sabremos.

No se trata tanto de un concurso ‘preparado’ a la medida de una empresa concreta, ni siquiera pensando en un tipo determinado de mercantiles, sino de un proceso en el que se han ido estirando hasta el límite de la legalidad las prácticas de contratación, tanto al alza, juntando diversos servicios o ampliando sus periodos de duración; como a la baja, parcelando un mismo contrato para que no tuviera que pasar por todos los trámites; una tendencia para ir ‘preparando’ el terreno para vaciar de contenido las administraciones y hacer irreversible la externalización de servicios. Al fin y al cabo, después de veinte años, ¿quién va a volver a poner en marcha toda la infraestructura de maquinaría y personal necesaria para prestar alguno de estos servicios directamente desde el Ayuntamiento?

Todo este campo de pruebas, sostenido en el tiempo y del que es cómplice la manga ancha en cuanto a contratación que concede la Ley de Grandes Ciudades, ha conducido a un experimento que le ha estallado en la cara a los gestores municipales. Y es que, según se puede leer, a veces entre líneas y otras veces claramente, en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), el objetivo de todo tipo de privatización, sobre todo si es una conjunción de servicios como la que se presenta en este caso, ha de ser el interés general, esto es, que haya un verdadero beneficio para los ciudadanos, ya sea económico, ya sea en la prestación del servicio, mientras que en este ‘megacontrato’ no había ninguna relación funcional o material entre los distintos servicios que se pretendían externalizar conjuntamente, además de que tal grado de especialización en las demandas municipales, tanto técnicas como temporales, dejaba fuera del partido a decenas de empresas de pequeño y mediano tamaño, lo que viola los principios de concurrencia y libre competencia que han de guiar cualquier concurso público. Parece que las dos asesorías técnicas a las que ha acudido el Ayuntamiento de Guadalajara para informarse de la viabilidad técnica y jurídica de este proyecto de privatización, a unos 60.000 euros entre las dos, no han sabido ver estas realidades que tan claramente explican en sede judicial.

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Los concejales del PSOE y Ahora Guadalajara comentaron la sentencia del TSJCLM. // Foto: lacalle.info

Además de las cuestiones numéricas, en años y millones de euros, el problema del ‘gol’ que Antonio Román le quería colar a la administración municipal, hipotecando gran parte de sus servicios urbanos durante las próximas cinco legislaturas, no tiene como única pega los evidentes reparos legales y jurídicos de semejante ‘megacontrato’, y que el TSJCLM se ha encargado de detallar, sino la utilización falsaria de una iniciativa atractiva y beneficiosa para la ciudadanía como es el concepto de “Smart City”. Este plan debería tener como finalidad mejorar los servicios a través de la automatización y la digitalización de ciertos procesos, así como promover el acceso de los ciudadanos a los servicios municipales con una importante mejora de las comunicaciones. No parece que esta acumulación de privatizaciones vaya a incidir mucho en ninguna de esas dos líneas.

Una sola empresa. Una de las maneras en las que el Ayuntamiento podría aprovechar las sinergias y la colaboración entre servicios propios de una sola empresa encargada, además de ahorrarse un buen trozo del pastel al no tener que pagar IVA y otros márgenes empresariales, sería asumiendo de forma directa los mismos, ya sea con funcionarios o a través de empresas públicas. Parece una panacea que, después de varias décadas sufriendo un progresivo proceso de externalización en todas las administraciones públicas, éstas optaran por recuperar sus responsabilidades, pero ciertamente es la mejor manera de cumplir con algunos de los propósitos que Román esgrimía al sacar a licitación este contrato: ahorrar costes, aprovechar maquinaría y controlar los resultados de los servicios prestados, entre otros.

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