Disfunción decimonónica

pp en elecciones

El PP fue el partido más votado en Guadalajara en la noche del 20D. // Foto: PP Guadalajara

Por Borja Montero

Las elecciones generales del 20-D y sus nunca vistos resultados han traído consigo análisis de todo tipo. Además de aquellos al respecto del contenido ideológico de las propuestas y los mensajes, de las “líneas rojas” que cada uno traza o de los posibles ‘compañeros de cama’ que la nueva composición arco iris del parlamento puede traer a quien pretenda gobernar, el método de designación de los escaños también ha sido uno de los temas que más se han sacado a colación desde la noche del domingo. Todas las formaciones políticas, excepto quizá el PSOE, han aludido a la actual Ley Electoral al sentirse perjudicados por la forma en la que está prevista la celebración de los comicios, los recuentos y el posterior reparto del pastel, algo a lo que tradicionalmente solo hacían referencia los partidos más pequeños. Incluso el PP guadalajareño, a través de su presidenta, ha reflexionado acerca de la justicia o no de la designación de diputados en la provincia en estos comicios, a pesar de los beneficios en forma de actas de diputado que, dadas las reglas del juego, esta formación ha obtenido a nivel nacional (y, en anteriores ocasiones, también en Guadalajara).

Por una vez, estoy de acuerdo con Guarinos. Y es que no deja de ser cierto que la actual Ley Electoral, por querer ser garantista para con las provincias más pequeñas y asegurar la representación de todos los territorios, se ha vuelto algo disfuncional a la hora de reflejar la realidad social y política actual. Con un planteamiento prácticamente decimonónico, el país se divide en tantas circunscripciones electorales como provincias, además de Ceuta y Melilla, a las que se asigna un número de diputados a repartir dependiendo de su población. A Guadalajara le tocan tres diputados y a la vecina Madrid, 36.

rivera en guadalajara

Albert Rivera, uno de los protagonistas de la campaña, acudió a Guadalajara para apoyar la candidatura de Orlena de Miguel, flamante diputada nacional. // Foto: Cs Guadalajara

Parece un trato justo, pero todo esto tiene una letra pequeña. Una parcelación tan restrictiva hace que el número de diputados a repartir en cada circunscripción sea, en la mayoría de los casos, bastante bajo (en 25 provincias se eligen entre 2 y 5 diputados y en las dos ciudades autónomas solamente tiene representación la lista más votada). Si a ello le sumas la Ley d’Hont, en la que los escaños se van asignando a través de coeficientes que premian a las listas más votadas, al exigir menos cantidad de sufragios para la concesión de cada nuevo diputado a aquellos que ya han conseguido representación, la actual Ley Electoral se convierte en el caldo de cultivo ideal para los partidos mayoritarios, el tan cacareado bipartidismo del que siempre se habla, y en una auténtica tortura para las formaciones más modestas, que solamente pueden aspirar a conseguir escaños en las circunscripciones más grandes (únicamente siete provincias eligen diez o más diputados, destacando Madrid y Barcelona con 36 y 31, respectivamente). La irrupción de dos nuevos partidos con vocación de ser también mayoritarios no hace sino complicar la situación, ya que ajustan más los porcentajes y los números de votos y la aritmética del reparto se hace más injusta, tanto para los que ganan, como reivindicaba Guarinos, como para los que se quedan a las puertas. Esto se traduce, por tanto, en muchos más votos tirados a la basura, sin representación real, ya que no hay 350 asientos a definir, sino únicamente tres o cuatro.

Este sistema sirvió, en los primeros momentos de Democracia tras la dictadura franquista, para evitar una entrada masiva de representantes de las opciones más radicales en el Congreso de los Diputados, a la vez que favorecía la creación de mayorías lo suficientemente grandes como para hacer estable un Gobierno. A pesar de este objetivo de cierto control político, nunca escondido pero tampoco suficientemente subrayado, siempre se hacía hincapié en que, de este modo, cada territorio tenía sus propios representantes, encargados de velar por sus intereses y demandas, la voz de cada provincia en el Congreso. Sin embargo, la realidad es siempre menos idílica y los grandes partidos han utilizado a su antojo las listas de las circunscripciones para colocar a aquellos políticos y ‘amiguetes’ que no tenían sitio en las candidaturas de sus provincias de origen, los denominados paracaidistas o cuneros de los que tanto conocemos en esta tierra.

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Uno de los actos electorales del PSOE, que mantiene su representación parlamentaria por Guadalajara. // Foto: guadalajaradiario.es

El planteamiento de que cada ciudadano tiene que tener su diputado de referencia, que vuelva a casa cada fin de semana a rendirle cuentas de lo que pasa por Madrid, parece, en pleno siglo XXI, un poco desfasado. En la era de las redes sociales, la accesibilidad total y constante a internet, las autopistas (las de la información y las de hormigón), los trenes de alta velocidad (sin olvidar las cuantiosas dietas por alojamiento y viajes de nuestras Señorías y los dispositivos tecnológicos de última generación financiados por Congreso y Senado para el desempeño de sus funciones), no es tan perentorio parcelar tanto el país para elegir a los representantes, que ya son capaces de conocer las demandas y problemas de sus representados a golpe de clic, estar informados hasta la última actualización de cualquier asunto sucedido en cualquier provincia o llegar en cuestión de horas a cualquier punto del país si la situación lo requiere. Además, este objetivo de que todas las tierras estén representadas puede cumplirse en circunscripciones más amplias a través de listas que incluyan a políticos de las diferentes federaciones territoriales de los partidos o candidaturas abiertas en las que el elector decida quién, con nombre y apellidos, quiere que sea su diputado.

Siempre se cargan las tintas sobre la Ley d’Hont, que también tiene su parte de culpa, a la hora de hallar el porqué de situaciones como que el Gobierno emanado de las elecciones de 2011 logrará un poder de más del 53% de la Cámara con el 44% de los sufragios o de que el PSOE cuente desde el 20D con veintiún diputados más que Podemos (y sus distintas marcas en estos comicios) a pesar de llevarse menos de medio millón de votos en todo país. Por no hablar del caso más habitual, el de IU (Unidad Popular en estas elecciones). Sin embargo, la compartimentación en 52 circunscripciones electorales, dividiendo también el número de representantes en liza en cada territorio, es la principal responsable de la situación actual de sobrerrepresentación de unos y falta de voz de otros. Cualquier opción que aumente el número de escaños a repartir por circunscripción, por ejemplo agrupando las provincias de la misma comunidad autónoma, conduciría a unos resultados menos mediatizados por las reglas del juego y más ajustados a los porcentajes reales.

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