Los incendios se apagan en invierno

Efectivos de la lucha contra incendios desarrollan labores preventivas en Castilla-La Mancha. // Foto: Efe.

Por Raquel Gamo

“En la naturaleza no hay premios ni castigos, sino consecuencias”. La reflexión del escritor británico Annesley Vachell en The Face of Clay (El rostro de la Tierra) tiene un reflejo directo en la lacra de los incendios, que en España no parece que sepamos apagar ni con crisis, ni sin ella, ni con intereses urbanísticos de por medio, ni con el mercado inmobiliario estancado.

Durante los años previos a la recesión económica hubo una escalada continua de fuegos, propiciada por la especulación del suelo, que alcanzó su cota máxima en 2005 con 25.492 incendios en todo el país. Después, la crisis ha contraído esta calamidad. En 2013 se registraron 10.800 fuegos, según el Ministerio de Agricultura, el dato más bajo de la última década.

Los números acreditan que: 1) España es incapaz de poner coto al drama de los incendios; 2) Que los efectos de la crisis no sólo han desgastado las plantillas de extinción sino que nos han dejado una legislación laxa contra quienes queman la superficie para luego traficar con ella; y 3) Que las campañas de concienciación se quedan cortas. Muy cortas.

Castilla-La Mancha y, particularmente Guadalajara, por desgracia, nunca son ajenos a nada que guarde relación con los fuegos. Antes de acabar 2015, la Junta comunicó que los empleados de Geacam (la empresa pública de gestión ambiental en la región) volverán a trabajar los 12 meses del año, o al menos los que lo deseen y no hayan optado por seguir en la condición de fijos discontinuos: sólo el 10% de la plantilla actual, que asciende a 1.800, de los que 320 operan en Guadalajara.

Se trata de un compromiso de García-Page aireado antes de la campaña de mayo, reafirmado después del verano y ahora satisfecho. La medida no resuelve todos los problemas en este terreno que arrastra Castilla-La Mancha, pero sí los alivia. Tanto la prevención como la extinción de incendios dependen en buena medida de Geacam, dada la escasez de recursos locales. Máxime teniendo en cuenta la situación que se arrastra de la legislatura pasada, cuando Cospedal decidió aplicar cuatro EREs desde 2012. El primero eliminaba 680 puestos de trabajo, 660 de ellos dentro de la plantilla de extinción de incendios y 20 más en el personal de estructura. En total, alrededor de 1.500 trabajadores afectados y 1.200 demandas heredadas.

La ex presidenta presentó este expediente, pese a alcanzar Fuensalida tras haber hecho bandera política del incendio mortal que asoló el Ducado en 2005 y que segó la vida de 11 miembros del retén de Cogolludo. El Tribunal de Castilla-La Mancha les dio la razón a los trabajadores en 2013. Cospedal recurrió al Supremo. Y perdió, pero acabó aplicando los recortes de empleo de forma unilateral.

La ampliación ahora del tiempo de trabajo de los técnicos de Geacam va aparejada de un presupuesto de 22 millones de euros que, según el Gobierno de Castilla-La Mancha, permitirá realizar en mayor profundidad “los trabajos de limpieza de montes y prevención de incendios”, una asignatura clamorosamente pendiente. La Administración regional también prevé labores silvícolas en 2.000 hectáreas al año en cada provincia, lo que indudablemente haría mejorar la eficacia en la lucha contra los incendios en la temporada más crítica, a lo largo del verano. Estas iniciativas están en línea con lo que Podemos ha venido defendiendo a lo largo del último año y medio en la región.

Son medidas positivas y alentadoras, aunque queda mucho camino por recorrer. Los últimos cuatro años han estado marcados por la inestabilidad laboral y los hachazos al presupuesto para hacer frente a uno de los principales problemas ecológicos de Castilla-La Mancha. Entre los trabajadores tienen pocas dudas. “La Junta no sólo recortó medios, sino que privatizó servicios medio ambientales, de cuidado de la fauna o de control de acceso a los espacios naturales, por ejemplo, beneficiando a los grandes terratenientes en lugar de favorecer al personal cualificado en la extinción de incendios”. Es lo que me cuenta Iñaki Povedano, portavoz de CC.OO. de Geacam en Guadalajara. Y esa ha sido la denuncia permanente durante los últimos años en una plantilla hastiada del ninguneo al que se ha visto sometida en forma de expedientes de regulación, batallas judiciales y la permanente espada de Damocles de la “falta de dinero”.

El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que “es necesario que Geacam, empresa que ha sido referencia en materia de incendios, esté organizada y que los retenes sean fijos, algo que no ha estado sucediendo”.

En realidad, no sólo deberían ser fijos sino que resulta imprescindible ampliar los efectivos antiincendios con profesionales en la materia y, sobre todo, con personas que conozcan el terreno. Tan importante es disponer de un número razonable de medios como que éstos sean los adecuados.

Los incendios suelen ser una serpiente de verano que viene y desaparece cuando las temperaturas empiezan a alcanzar el infierno. Después llegan las lluvias –es un decir- del otoño y nadie se acuerda de esta amenaza. Un viejo axioma sostiene que los incendios se apagan en invierno y no en verano, por aquello de la importancia de las tareas de prevención. Los recientes fuegos en la cornisa cantábrica –la mayoría, al parecer, provocados por los ganadores para regenerar los pastos– demuestran que ya ni enero es un mes libre de las llamas.

Urge tomar medidas y, sobre todo urge tomar conciencia. Porque no vale llorar como plañideras en agosto viendo arder el monte en las noticias de los Telediarios. Los tijeretazos de las administraciones han sido inmisericordes desde que arreció la crisis y ha alcanzado hasta el 50% de los recursos en autonomías como Aragón, Castilla y León y Asturias (sí, también en Asturias increíblemente).

Los datos certifican que la recesión ha hecho descender el número de fuegos, tal vez porque hay menos interés crematístico de por medio. Si en 2012 ardieron unas 217.000 hectáreas en los casi 16.000 incendios declarados en toda España, en 2014 se registraron 9.771 siniestros que arrasaron 47.000 hectáreas. Sobre Castilla La Mancha no se disponen de datos de presupuesto en esta materia del período 2001-2014, al no haber sido facilitados por la Consejería de Agricultura.

La Ley de Montes, reformada por la ex ministra socialista Narbona en 2005, ha sido en esta última legislatura objeto de una contrarreforma para eliminar la prohibición de construir en la superficie quemada durante 30 años. Este cambio supone dar no un paso, sino varios pasos para atrás. No sólo por aumentar la permisividad y modificar una norma que había funcionado razonablemente bien, sino por el mensaje de impunidad que se lanza al pirómano y a todos aquellos interesados en vampirizar la costa y las zonas del interior. Y más aún: la ley actual impide a los agentes forestales denunciar delitos ambientales. Es como prohibir a un agente de tráfico denunciar un adelantamiento imprudente o una velocidad excesiva.

Joaquín Araújo suele advertir de que “a la naturaleza no le da tiempo a adaptarse a la capacidad transformadora del ser humano. El hábitat destruido por un incendio tarda décadas en recuperarse del fuego». El naturalista puntualiza que lo bueno de las costas españolas es que «su belleza es compatible con una urbanización integrada en el paisaje», aunque denuncia los efectos de una legislación que camina en el sentido contrario a lo que debería ser reformar la preservación del entorno. En la costa, pero también en la España de tierra adentro donde se ubica nuestra provincia.

Es evidente que Guadalajara, una provincia con una densidad de población siberiana en sus comarcas más depauperadas, es tierra vulnerable para los fuegos. La despoblación, la falta de actividad en el medio rural y el abandono de las explotaciones ganaderas. Todo ello coadyuva en aumentar el riesgo de incendios, pero resulta imposible de resolver a corto o medio plazo porque exige una estrategia coordinada y de largo alcance. O sea, lo que nunca ha existido en España con relación a los pueblos.

Lo que sí está al alcance de la mano de cualquier gobierno es aumentar los recursos destinados a frenar los incendios, tanto previniéndolos como apagándolos. Y ahí el Gobierno de Castilla-La Mancha aún tiene un largo camino que andar.