
Ascensión Mendieta supervisa en primera línea los trabajos de exhumación del cuerpo de su padre. // Foto: Twitter SER Guadalajara
«Y sentarnos todos: / los despiezados, los perdidos, los que consumen cera a la izquierda, / los sepultados sin sepultura, los que fueron ceniza, denso vacío, / los que dijeron la palabra y los que callaron y tuvieron miedo, / los avergonzados, los postergados por el amor, los heridos por el deseo, / los que esperan sin saberlo y los que saben y ya no esperan, / los que fueron luz o sonrisa, los que dejaron algo, los que apenas fueron.» («Esta extraña fidelidad tan perruna y nuestra», Antonio Crespo Massieu)
Por Borja Montero
Guadalajara está siendo estos días escenario de lo que debería ser un ejemplo de madurez democrática. El inicio de las labores de exhumación e identificación de los restos mortales de Timoteo Mendieta Alcalá no debería ser noticia, sino simplemente el último trámite que una familia tiene que atravesar para poder recuperar el cuerpo de su pariente represaliado. Sin embargo, el revuelo mediático que ha supuesto este caso, así como la peripecia necesaria para llegar a su resolución, indican que, lejos de que la España constitucional haya llegado a su mayoría de edad (habiendo cumplido ya los 40 años, recuerden), la verdadera reconciliación nacional, la que consiga igualar finalmente el status de los participantes en la Guerra Civil, la que quite honores a unos y, sobre todo, condenas y penas a otros, se antoja imposible de conseguir.
Y es que, adentrándonos en el caso que nos ocupa, Ascensión, hija del protagonista de estas líneas y, a su vez, actriz principal de las mismas, ha tenido que esperar casi 77 años desde el fallecimiento de su padre, cerca de 41 desde el final del régimen que lo asesinó y algo más de ocho desde la promulgación de la Ley de Memoria Histórica, “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, según reza su propio título, para poder dar sepulcro a Timoteo allá donde la familia decida, siempre y cuando la exhumación permita recuperar con éxito alguno de sus restos. Además del evidente trastorno temporal, el camino no ha sido particularmente fácil, ya que esta resolución solamente ha sido posible gracias a la persistencia de la familia y, huelga decirlo, a unos onerosos gastos que incluyen un viaje a través del Atlántico, puesto que ha sido la Justicia argentina la que se ha encargado de hacer avanzar el caso en cumplimiento del principio de Justicia Universal, un precepto que tampoco goza de buena salud en España tras las reformas del sistema judicial en 2009 y 2014.
“Hemos llegado donde deberíamos haberlo hecho años antes”, afirmaba Ascensión Mendieta el martes, cuando se iniciaron las tareas de exhumación e identificación de los 22 o 23 cuerpos que se cree que hay en la fosa 2 del Cementerio Municipal de Guadalajara. Con estas palabras, esta mujer de 90 años ponía voz al sentimiento de los familiares de muchos represaliados, que no aciertan a entender la razón de la demora o la dificultad para llevar a cabo la recuperación de los cuerpos. No es una cuestión de rencor, ni mucho menos un intento de violentar el sistema, como piensan algunos. En modo alguno. Solamente una reivindicación digna y razonable. Hay familias que prefieren no remover el pasado: puede que se hayan acostumbrado a la ausencia del abuelo desaparecido hace casi ochenta años, que hayan pasado página de una forma más o menos dolorosa, o que los parientes más cercanos hayan fallecido o sido derrotados por el desánimo que produce el paso del tiempo. Sin embargo, la obligación de un Estado maduro es la de favorecer que aquellos que quieran dar un último adiós a sus familiares puedan hacerlo.

Uno de los primeros momentos de los trabajos de apertura de la fosa común en el Cementerio. // Foto: guadalajaradiario.es
El hecho de que Ascensión nos parezca una heroína, una hija coraje, no hace sino confirmar que, hablando de democracia, incluso de Derechos Humanos, nos queda mucho camino por recorrer. La Ley de Memoria Histórica parecía ser un primer paso para la normalización de la situación, pero se ha demostrado poco efectiva. No promueve exhortos a las administraciones públicas para su cumplimiento ni sanciones por su quebrantamiento, sin olvidar que su dotación presupuestaria se ha reducido a cero con la llegada del PP al Gobierno nacional, haciendo recaer en las asociaciones memorialistas y sus voluntarios y activistas todo el trabajo y el coste de las pocas operaciones que pueden llevar a cabo. Además, los intentos de reclamar los restos mortales por parte de los familiares son desoídos por los tribunales nacionales, cuando no directamente paralizados, como la ‘macrocausa’ que preparaba el juez Garzón, lo que les condena a buscarse la vida fuera de nuestras fronteras, principalmente amparados por la jueza María Servini, en Argentina, donde sí han juzgado a las cabezas visibles de su dictadura y donde, además de hacerse eco de las demandas de estos familiares, se ofrecen a llevar a cabo gratuitamente las pruebas de ADN necesarias para la identificación de los cuerpos que se encuentren en la fosa del Cementerio de la capital. Tampoco es que esto sea una garantía de éxito: la de Timoteo Mendieta es la primera exhumación que se realiza por mandato de la justicia internacional y ha precisado de dos exhortos a sendos juzgados de Guadalajara y ha tenido que superar un cierto bloqueo institucional por las diferencias de criterio entre el Ayuntamiento y las diferentes salas judiciales que han tratado el caso.

El Ayuntamiento adecentó recientemente algunas de las fosas comunes del Cementerio de la capital con la instalación del bancos y la plantación de césped. // Foto: B. M.
¿Desidia o ideología?. No creo que Guadalajara sea una provincia especialmente empecinada en mantener los símbolos de otra época o poco convencida de los valores democráticos y constitucionales. Es cierto que muchos pueblos, por no hablar de la propia capital, mantienen muchos símbolos en sus fachadas y nombres en sus callejeros que no pasarían un examen de la buena conciencia o de los preceptos legales en vigor, pero no creo que la situación difiera mucho de la de otras provincias de similares características, o incluso más grandes y cosmopolitas. Se trata más de una cuestión de desidia e inacción durante años. Tras la caída del régimen, con la timorata consigna de “olvido y perdón” propia de la Transición, no se entró a fondo a modificar este tipo de recuerdos y honores (placas, lápidas, nombres de calles, medallas y nombramientos), y el paso del tiempo ha hecho el resto para que se consoliden o se olviden, perdiendo en algunos casos su significación para las nuevas generaciones.

El monumento a los «¡Presentes!» se sitúa junto a la puerta principal del Cementerio de Guadalajara. // Foto: B. Montero
Es cierto que en 1981, pocos meses después del intento de golpe de estado de Tejero el 23-F, el Ayuntamiento decidió cambiar los nombres más directamente conectados con el Franquismo, tales como la plaza de José Antonio (Mayor), el parque de Calvo Sotelo (La Concordia) o las calles División Azul (Ferial), 18 de julio (Cuesta del Matadero) y Generalísimo Franco (Calle Mayor). También se incluyó en la céntrica Plaza de los Caídos el complemento “en la Guerra Civil”, como si así se le despojara al nombre de sus resonancias. Poco importaban por aquel entonces Moscardó Guzmán, Vives Camino, Ros Emperador, Gutiérrez Orejón, Boixareu Rivera o Fernando Palanca, como tampoco parecían ser menos democráticos las estatuas de Franco y Primo de Rivera, retiradas con nocturnidad por el Gobierno de Alique en 2005, o el gigantesco panteón a los “¡Presentes!” a los que “tiene Dios” y “guarda España” del Cementerio Municipal, por el que cada día desfilan en su camino al trabajo los nueve voluntarios del equipo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que se encarga de desenterrar los restos de la veintena de fusilados que, solamente en una de las fosas, todavía descansan en el camposanto capitalino y que, otrora, estaban incluso ocultos a los visitantes (y a sus conciencias) por un muro que los separaba de los fallecidos “de bien”.
También hay que destacar un cierto empecinamiento de los recientes Equipos de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara en no abordar con seriedad los asuntos pendientes en materia de memoria histórica. Esta actitud, que podría definirse como altanera y que dejaremos en el calificativo de poco elegante, ha hecho despachar con una presunta consulta vecinal, de la que nunca se conocieron resultados reales y fiables, la cuestión del cambio de nombre de ciertas calles en 2009, mientras que ahora, moción aprobada mediante, se retrasa la decisión, aduciendo quejas de los residentes y enviando cartas en las que se pide “perdón” por el cumplimiento de un acuerdo plenario y de la Ley de Memoria Histórica a la que se hace referencia. Tampoco hay que olvidar el proyecto que presentaron los familiares de muchos de los más de 900 enterrados en las fosas comunes del Cementerio para recuperar este espacio y rendir homenaje con la inclusión de los nombres de los represaliados en una lápida, una obra que iban a pagar de su propio bolsillo y a través de una subvención estatal pero para la que el Consistorio no dio permiso y terminó solventando con unos trabajos que adecentaron la zona plantando un poco de césped e instalando unos bancos.
Sr Borja eso que estan enterrados en el panteon de «Os tiene Dios y os guadada España» son los fusilados sin juicio previo y en sus celdas en la Carcel de Guadalajara por el «Gobierno demócrata Republicano», muchos estaban presons por se de un partido legamente constituido pero de derechas, o por ir a misas o por haber estudiado en un colegio de curas. Tambien fusilaron a indigentes que por llevar una medalla de la Virgen de la Antigua lo consideraron faccioso…o por no hablar de las monjas acribilladas a tiros en plena calle… Es más en la transición esa que critica usted un familiar sugirio cambiar el Dios os guarde por «fusilados por el Gobierno republicano sin juicio previo..» y no se cambió porque todos quisimos empezar una nueva etapa en democracia como ntampoco se quiso juzgar a Carrillo por la matanza de Paracuellos y a muchos lideres de la feroz dictadura franquista. Ahora que como bien dice usted pasan por ahí los de la Memoria Historica podrian proponer abrir tambien esa tumba comun e identificar a los que fue posible identificar en los años 40 porque no habia prubeba de ADN. Esta bien que cada muerto descanse em paz y los familiares sepan donde estan los huesos de los suyos pero de los dos bandos porque lamentablemente en la Guerra civil del 36 (como en las anteriores,Carlistas etc etc) los dos bandos cometieron atrocidades contra la población civil, Esa es la Memoria Historica y la que ayuda a cerrar heridas, y lo demas es no contar la verdad.
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La Guerra Civil española de 1936 no es comparable con ninguna otra guerra en la Historia de España. No son comparables los motivos, las causas, las consecuencias, la entrada de la población civil en el contexto bélico (el 26 de abril de 1937 es la primera vez en la Historia que se bombardea masivamente un objetivo que no tenía ninguna importancia militar, el bombardeo de Guernica), no es comparable la situación internacional… Pero sobre todo es diferente porque no concluyó en 1939 cuando el general alzado escribió ese parte de guerra que todos conocemos. Franco, y el régimen que él instauró con el apoyo de algunos sectores importantes asi como con algún apoyo internacional que no debemos olvidar para saber exactamente a qué nos enfrentamos, se dedicó durante todo el tiempo que duró la Dictadura a perseguir y condenar a todos aquellos que hubieran tenido algo que ver con el ejército republicano, con el Frente Popular, con algún partido político de izquierdas, con alguna asociación liberal o, simplemente, con aquellos que fueron funcionarios públicos al servicio de la República. Desde 1939 en adelante no hubo paz, ni perdón, ni reconocimiento al gran número de víctimas que ocasionó la represión franquista. Una represión que ya no estaba sujeta a una guerra, sino a un programa deliberado de aniquilación del enemigo (lo que algunos historiadores, como Paul Preston, denominan el «Holocausto español»). La transición efectivamente borró del mapa a todas estas víctimas y también a sus verdugos (incluidos algunos verdugos de la represión republicana, aunque estos, en su gran mayoría ya habían sido condenados mucho tiempo antes). Los represaliados por el ejército republicano, que los hubo, por supesto, tuvieron honores, tumbas, pensiones y placas Los represaliados por el ejército franquista, y lo que es más grave, por la dictadura franquista, solo tuvieron olvido. Es por eso, tal y como dice el artículo que encabeza esta entrada, que a estas alturas deberíamos ser capaces de reconocer y apoyar a cualquiera que quiera saber más sobre su pasado. Deberíamos ser capaces y tener la madurez democrática suficiente para ello y para ver como algo normal que un familiar (sea de donde sea y venga de donde venga) tenga la necesidad de saber dónde y cómo murieron sus familiares y dónde están enterrados. Si hubiéramos tenido una transición que se hubiera preocupado de ello, no nos resultaría tan raro que ahora esto pasara, si hubiéramos recibido una educación que nos enseñara qué fue el Franquismo no pensaríamos que la Guerra Civil fue una «guerra más de España» o una «guerra en la que se enfrentaron dos bandos», sin más. Todas las víctimas merecen reconocimiento, al menos, el derecho a que sus familiares sepan donde están, y algunos llevan más de 70 años esperando para ello.
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