(In)seguridad laboral

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Un conflicto laboral podría afectar a los centros de salud a partir del próximo 15 de febrero. // Foto: lacronica.net

Por Borja Montero

Lo primero es pedir disculpas porque el título de estas líneas puede llevar a equívoco a sus potenciales lectores. A pesar de la reciente publicación de las cifras de desempleados en Guadalajara en el mes de enero, con sus consiguientes lecturas analíticas, esta reflexión acerca de la seguridad laboral no se va a centrar en los nuevos modos de contratación ni en las consecuencias de la última Reforma Laboral en el mercado de trabajo, cosa que también daría para unos cuantos párrafos bien hilados. El tema de este artículo tiene que ver con otra noticia que ha saltado en las últimas horas a la palestra informativa: las trabajadoras de los servicios de limpieza de los centros de salud de Guadalajara comenzarán en algo más de una semana una huelga indefinida debido al impago de tres mensualidades de salario. Según denuncian desde los sindicatos, la situación afecta a un total de 70 empleadas que prestan sus servicios en distintas instalaciones sanitarias de la provincia de Guadalajara contratadas por la empresa Linorsa. El comunicado habla también de otros incumplimientos a lo largo de los dos últimos años, así como de la rebaja de sueldos y de jornadas laborales en alrededor de un 20 por ciento.

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Trabajadoras de Linorsa protestan tras el fallido acto de intermediación. // Foto: Federación de Construcción y Servicios de CCOO

Podrán pensar muchos de ustedes que la situación no es muy distinta a la que han vivido muchos otros trabajadores en los últimos años, un proceso que se produce con igual virulencia en las empresas privadas y en los servicios públicos. Es precisamente eso, la repetición del proceso hasta el paroxismo, sin importar la relevancia del papel que la empresa cumpla para la sociedad y sin que las administraciones responsables finales de la prestación de los servicios intervengan ni para bien ni para mal, lo que hace aún más grave esta situación.

Cuando este tipo de casos se producen en empresas privadas, parece algo más normal. Al fin y al cabo, la estabilidad de los puestos de trabajo está a merced de la liquidez y la rentabilidad de la compañía, del patrimonio personal que el empresario esté dispuesto a arriesgar o de los planes futuros de negocio. Y la protección legal a los trabajadores en estas situaciones es la que es: seguir trabajando y acumulando deuda hasta que el negocio eche el cierre o salga el juicio, si se tiene la posibilidad y los recursos para denunciar. Sin embargo, cuando estos impagos e incumplimientos contractuales se producen en servicios públicos, aunque su gestión esté externalizada en mercantiles privadas, parece algo inaudito. Suponemos los bien pensantes ciudadanos que la administración pública habrá hecho sus cuentas para saber que el precio que el adjudicatario carga a sus arcas, las de todos, sirve para cubrir todos sus gastos devenidos de tal actividad, además de un margen de ganancia para el gestor externo de la misma. También damos por supuesto que los pagos por parte de las instituciones se realizarán de forma puntual y en cuantía suficiente para que no se ponga en peligro este equilibrio.

Aunque parezca un proceso bastante simple, esto no siempre funciona de forma automática. Y hay casos para todos los gustos. Hay ocasiones en las que se adjudican los contratos con precios irrisorios, que no dan para mantener el servicio, lo que suele traducirse en condiciones laborales de explotación para los trabajadores, impagos a los mismos, incumplimientos del contrato en cuestión de maquinaría, obras de mejora u otros extras y reclamaciones de más dinero a la administración (equilibrio económico de la concesión, que se dice en el argot). Hay otros ejemplos en los que el dinero sí fluye y es suficiente, pero el empresario prefiere invertirlo en otros negocios externos en lugar de dedicarlo directamente al servicio encomendado, lo que supone una incertidumbre para el buen funcionamiento del mismo, ya que el retorno de ese dinero a su legítimo destinatario depende de la suerte que corran los negocios paralelos. Y también sucede a veces que la institución responsable del contrato se retrasa en los pagos, los realiza en plazos o cuantías que no convienen del todo a la empresa prestataria del servicio o, directamente, olvida las facturas en un cajón.

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El conflicto laboral de Transaltozano afectó al servicio de ambulancias en toda la región en 2012. // Foto: UGT Castilla-La Mancha

Ejemplos. En Guadalajara, al igual que en el resto de Castilla-La Mancha y probablemente de España, ha habido multitud de casos de impagos a trabajadores e incumplimiento de cláusulas del contrato de adjudicación en ayuntamientos, diputaciones y, por supuesto, en la Junta de Comunidades, gestora de gran cantidad de servicios y titular de no menos edificios en cinco provincias, lo que supone una verdadera montaña de servicios auxiliares a privatizar. En casi todos los casos de conflicto, sobre todo en los que implican nóminas adeudadas, se da una conjunción de los tres factores anteriormente expuestos y, para su resolución, la administración pública suele lavarse las manos o, como mucho, ofrece una tímida intermediación que no suele llevar a ninguna solución. Se ha visto en casos como la huelga de jardineros de Guadalajara capital en 2008, donde los trabajadores de la concesionaria, Agricultores de la Vega de Valencia, demandaban un sueldo similar al de sus compañeros funcionarios que, además de cobrar unos 300 euros más, tenían condiciones laborales más provechosas. También en el caso de los conductores de las ambulancias del 112, a los que Transaltozano llegó a adeudar en 2012 alrededor de 9.000 euros por trabajador hasta su petición de concurso de acreedores. El cambio de concesionario por Ambuibérica no terminó de mejorar la situación y los trabajadores volvieron a salir a la calle en 2013, en este caso por despidos injustificados y reorganización de los horarios de trabajo.

Lo barato sale caro. Sea cuales sean los argumentos a favor de la privatización, externalización, gestión indirecta o como cada uno lo quiera llamar, la evidencia empírica demuestra que las administraciones pierden control tanto del resultado como de la gestión económica de estos servicios, lo que finalmente repercute en los ciudadanos usuarios de esos servicios y, en el fondo, dueños de los mismos. De este modo, si una institución quiere que otros agentes externos se encarguen de sus tareas, ha de llevar a cabo un control real y estricto de que el servicio se presta de forma eficiente y de que las condiciones laborales y las calidades de materiales y herramientas son adecuadas. Quizás con este examen pormenorizado, algunos servicios se revelarán igual de costosos realizados por una empresa privada que con una gestión directa, mientras que otros podrán abaratar su precio gracias a las sinergias, de las de juntar tareas en un ‘megacontrato’ o de las llamadas mancomunidades, cada cual que elija.

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