Emiliano García-Page (PSOE) y José García Molina, de Podemos (2º por la izq.), el pasado lunes durante la presentación de los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2016. // Foto: JCCM
Por Raquel Gamo
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el líder regional de Podemos, José García Molina, anunciaron juntos el pasado lunes los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2016. La presentación llega con retraso por la evidente necesidad que los socialistas tenían de alcanzar con la formación morada un acuerdo que, salvo sorpresas, garantiza su aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha. Las cuentas públicas de la región suponen una vuelta a la normalidad que precedió el Cospedalato. Básicamente, porque tienden a recuperar los niveles previos a 2011 en el gasto social, cuyos recursos aumentan un 7% (alrededor de 315 millones más que el año pasado). Este bloque se come alrededor del 70% de un presupuesto que asciende a 8.420 millones de euros, 214 más que en 2015.
Page admitió que “éste no es el presupuesto que haría el PSOE en solitario”, lo que da una idea de lo bien que le viene a la ciudadanía que los grandes partidos no ostenten la mayoría absoluta.
Sanidad, educación, servicios públicos y políticas de emergencia ciudadana son los principales ejes en los que se basan las cuentas públicas, que contemplan la recuperación de 6.600 plazas de empleo público a lo largo de la legislatura (1.655 de ellas en 2016), además de la presentación de una proposición no de ley para pedir al Gobierno de España que suspenda el Concordato con el Vaticano, que obliga a financiar con dinero público los servicios religiosos católicos en la sanidad pública. El Presupuesto también incluye la reducción progresiva de las subvenciones a la enseñanza concertada, una fijación de la izquierda.
La partida que más aumenta es la de políticas activas de empleo, al crecer casi un 44%. En cuanto a la cantidad destinada para el Plan de Rescate Ciudadano, el acuerdo de investidura con Podemos señalaba 500 millones de euros. Finalmente, la dotación será de 629 millones, de los que 207 irán a parar a personas mayores y 166 para dependencia y discapacidad.
Éste último punto resulta fundamental, especialmente, teniendo en cuenta que el desmontaje del sistema público de la dependencia fue una de las obsesiones de Cospedal en la anterior legislatura. La Plataforma de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, cuya cabeza visible ahora es la alcarreña Aurelia Jerez, emitió el miércoles un comunicado en el que expresaba su “felicitación” a la Junta de Comunidades por la “sensible subida presupuestaria” para este colectivo.
Si en 2015 la dotación en esta materia se limitó a 96 millones de euros –“una cantidad claramente insuficiente para atender de manera digna y eficaz a los más de 63.000 dependientes reconocidos de la región”, según la plataforma-, en 2016 los Presupuestos recogen la mencionada partida de 166 millones, lo que “supone una gran inyección económica en un sector especialmente vulnerable y golpeado por la crisis”, a juicio de una plataforma también satisfecha por haber sido incluida en la Mesa Sectorial de la dependencia, lo que permite a esta entidad abordar directamente con el Gobierno regional cualquier medida relacionada con la dependencia.
La prueba más evidente del calado social que tienen los Presupuestos es que, a la previsible crítica por la subida de impuestos, el PP ha basado su diatriba en la eliminación de la asistencia religiosa en los centros hospitalarios. Un asunto, seguramente, de enorme preocupación social comparado con la precariedad laboral o los desahucios…
El PP sabe que Castilla-La Mancha es una región conservadora en la que la Iglesia sigue ejerciendo un peso notable. Bono también lo sabía. Y Page, que es su discípulo, ídem de ídem. La mano de Podemos se nota en esa medida, pero el azote de los populares en esta cuestión parece desmedido, al considerarlo “un ataque a la inteligencia, a la libertad y a la economía de la región”. La congelación de fondos para la escuela concertada no es, como defiende la formación conservadora, un ataque a la libertad de Enseñanza y a la de los padres para decidir dónde quieren educar a sus hijos, sino una medida que no conculca la Constitución y, además, revierte en beneficio de la educación cien por cien pública.
Podemos ha querido subrayar su perfil político en esta cuestión, especialmente, después de que su diputado García Molina exigiera el jueves en las Cortes, de manera “formal y pública” la dimisión de la alcarreña Reyes Estévez, consejera de Educación y Cultura. En Podemos se quejan de que Estévez ha dado largas a varias de sus iniciativas y la acusan de perpetuar un modelo educativo calcado al del PP. Debajo de esta severidad subyace la posición de los morados con relación a la escuela concertada. Cree Podemos que Page dice una cosa y hace la contraria a la hora de financiar los colegios privados concertados católicos. Desde luego, al margen del estilo volcánico de Estévez, la realidad es que la educación pública ha sufrido mayores recortes que la concertada durante los últimos años. Parece lógico empezar a compensarlo, aunque a nadie se le escapa el interés ideológico de Podemos en este asunto.
Con relación al Concordato, el enlace PSOE-Podemos no prevé una medida ejecutiva, sino una petición al Gobierno central, así que parece más una iniciativa de cara a la galería que un logro de la entente de izquierdas, cuyas competencias en esta cuestión están tasadas por los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Por cierto, la última modificación de estos acuerdos data de 1979, lo que da una idea de su anacronía y desfase, aunque eso es harina de otro costal.
Ana Guarinos y Lorenzo Robisco, en la rueda de prensa de valoración de los Presupuestos. // Foto: PP Guadalajara.
La presidenta del Grupo Popular en las Cortes regionales y aún presidenta del PP de Guadalajara, Ana Guarinos, emulando el estilo de sus colegas Pujalte o Rafael Hernando, tachó de “extraña” la comparecencia de Page y Molina. Después se preguntó ante los periodistas: “¿En manos de quién estamos?”.
Pues en manos de quienes sumaron una mayoría parlamentaria para gobernar, que es la base del sistema electoral vigente. Los Presupuestos, por tanto, constatan de forma empírica el vuelco electoral que se produjo en mayo de 2015, cuando el PP perdió la mayoría absoluta y García-Page arrebató Fuensalida a Cospedal apoyado en los dos escaños de Podemos. Por tanto, ni PSOE ni Podemos han plasmado nada que se esperara en una comunidad autónoma que, a lo largo de los últimos cuatro años, ha sufrido los hachazos de una política económica excesivamente rigurosa con el cumplimiento del déficit.
El problema de Cospedal no es que ejecutara recortes sensibles eliminando más de 60 escuelas rurales, descartando la construcción de nuevos hospitales, intentando cerrar las urgencias nocturnas o laminando la dependencia, sino la pavorosa sensación que ofreció a la hora de llevar a cabo esta política de tierra quemada por motivos ideológicos, no sólo por exigencias de Hacienda.
Cospedal heredó un nivel de déficit desbocado del Gobierno Barreda, en parte por el saqueo de Caja Castilla-La Mancha (CCM) o la ruina de inversiones como el aeropuerto de Ciudad Real, y en parte también por sus políticas expansivas en el gasto social. Pero la cuestión es que la ex presidenta decidió cortar por lo sano: reducir siete puntos del déficit público en apenas cuatro años, desorbitando la deuda, significaba llevar la región al suicidio porque se tradujo en una degradación alarmante de los servicios públicos. Por eso mucha gente del PP dejó de votar a su partido y por eso Cospedal no logró la reelección.
El acuerdo, por tanto, entre PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha es lógico y coherente con la línea política de ambas formaciones. Primero porque permite mantener la senda de la recuperación económica –prevé cumplir con el objetivo de déficit y el techo de deuda pública fijados por el Gobierno de España-; y, segundo, porque lo hace atendiendo a los compromisos sociales necesarios en una Administración en la que el Estado del Bienestar supone la espina dorsal de su acción política.
En los medios nacionales ha causado estupor el interés de Page en pactar con Podemos, cuando él es uno de los barones que ha instado a Pedro Sánchez a no pactar con el PP, pero tampoco con el partido de Pablo Iglesias. Son evidentes las dosis de cinismo en aquellos dirigentes territoriales que cuestionan a su líder por esta estrategia mientras ellos se valen del apoyo de Podemos para gobernar. Sin embargo, es evidente también que la correlación de fuerzas no es equiparable. Mientras en el ámbito nacional, Sánchez e Iglesias están obligados a hablar casi de tú a tú (apenas 300.000 votos separan a ambos), en regiones como Castilla-La Mancha la capacidad de maniobra de Podemos es más limitada por la diferencia de escaños. Esta coyuntura facilita el acercamiento y hace pivotar el acuerdo en medidas de calado social. Falta por ver, eso sí, la estabilidad y continuidad que tenga este entendimiento.
El hexágono de Guadalajara 