El desacuerdo

2016.03.04 acuerdo_sanchez_psoe_prtad

Pedro Sánchez y Albert Rivera firmando el acuerdo de investidura. // Foto: Flickr PSOE

Por Álvaro Nuño.

Si todo transcurre como hasta ahora parece, esta misma tarde, a partir de las 18:30, el muy soberano Congreso de los Diputados volverá a decir “no” a la candidatura presentada por el secretario general de Partido Socialista, Pedro Sánchez, en su aspiración a convertirse en presidente de Gobierno tras firmar un pacto de investidura con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Ya el miércoles, la mayoría de la Cámara Baja le dijo que no, en una tensa sesión que -nos hace pensar- volverá a dejar claras las diferencias de criterio y opinión entre los dos partidos mayoritarios -PP y PSOE- y los dos emergentes -Podemos y Ciudadanos-. Durante esta semana, los intercambios de reproches, malos modos, y desencuentros entre Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera, no dan lugar a pensar otra cosa que no sea una virtual y futura repetición de las elecciones el 26 de junio.

Esta semana también ha supuesto el estreno de las tres diputadas que representan a la provincia de Guadalajara, la popular Silvia Valmaña, la socialista Mari Luz Rodríguez y la “ciudadana” Orlena de Miguel. Y las negociaciones entre las formaciones políticas de estas dos últimas han querido que ambas votaran a favor de la candidatura del único aspirante a presidente que se ha presentado por el momento, por lo que, en nuestro ámbito provincial, Sánchez ha contado con una mayoría holgada. 

Por lo que a nuestra provincia se refiere, sin duda la mayor incidencia que en Guadalajara tendría el pacto de investidura entre PSOE y Ciudadanos sería la “supresión de las Diputaciones Provinciales de régimen común y creación de Consejos Provinciales de Alcaldes para la atención al funcionamiento y la prestación de servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia respectiva” dentro de las reformas urgentes constitucionales propuestas. La formación naranja impone así una de sus promesas electorales más sonadas y que supondría la desaparición de estas instituciones con más de 200 años de antigüedad. Esto afectaría a 286 de nuestros 288 municipios (todos excepto Azuqueca de Henares y la capital), sustituyéndose por esos “Consejos Provinciales de Alcaldes”, una figura administrativa nueva y, por tanto, todavía por definir. Es cierto que con el Estado de la autonomías, las Diputaciones provinciales quedaron a medio camino entre la administración regional y la local, desapareciendo en el caso de los comunidades uniprovinciales, pero desempeñando un papel muy relevante en provincias como la nuestra, con tanta dispersión y atomización geográfica en el ámbito rural.

Si las Diputaciones son “el Ayuntamiento de los Ayuntamientos”, la nuestra estaría muy cerca de ser ese Consejo de alcaldes previsto (realmente ahora se pueden calificar como consejos de concejales, que son los que realmente las forman), pero la medida supondría la desaparición de una gran maquinaria administrativa y de servicios para los ciudadanos de los pequeños municipios, que deberían repartirse entre la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos. Y en esta tesitura, Guadalajara ganaría más en cercanía dotando a los municipios de más medios -distribuidos por centros comarcales o mancomunidades- que dejando todo en manos de la Junta de Castilla-La Mancha, un ente más lejano y en el que no dejamos de ser una provincia del extrarradio de Toledo. Pendiente queda también sin abordar la llamada “segunda descentralización”, la que dotaría por ley a los Ayuntamientos de los medios económicos públicos necesarios para poder prestar a sus vecinos los servicios de los que ya de hecho se hacen cargo con sus propios y casi siempre escasos recursos.

Otra de las medidas que preveía este acuerdo y que sí cito expresamente Pedro Sánchez en su discurso de investidura ante el Congreso es el “cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil”, dentro de un plan denominado de Transición energética. Guadalajara sería una de las provincias afectadas al contar con la Central Nuclear de Trillo, la más moderna de España y que, de cumplirse su vida útil cerraría dentro de 12 años, en el 2028. Hasta entonces habría tiempo suficiente para desarrollar la generación de las llamadas energías limpias que pudieran responder a la demanda que ahora cubre la energía nuclear. No se cita, sin embargo, en este punto qué hacer con los residuos radioactivos que generan las centrales nucleares, y a los que el anterior Gobierno quiso darles una solución a medio plazo construyendo el Almacén Temporal Centralizado en la localidad conquense de Villar de Cañas. Este proyecto cuenta con la oposición de los ecologistas y del gobierno socialista de Emiliano García Page y supondría un cambio en el actual sistema de que cada central se haga cargo de sus propios residuos en Almacenes Temporales Individualizados. Aquí tenemos dos, el de Zorita y el de Trillo.

Un posible gobierno de PSOE y Ciudadanos, además, establecería “una moratoria durante esta legislatura para las prospecciones con fractura hidráulica (fracking)”, lo que supondría la paralización total del proyecto Cronos, en el Norte de la provincia, que ha levantado una fuerte oposición entre los vecinos de la zona, reunidos en la Plataforma contra el Fracking.

Lo que no sabemos a ciencia cierta desde aquí es si la frase “se hará un uso eficiente de las desaladoras y demás infraestructuras existentes” -incluida en el acuerdo- podría suponer una disminución de los trasvases de agua desde la cabecera del Tajo a la huerta levantina.  Por si acaso, los regantes murcianos ya han pedido para este mes de marzo un nuevo trasvase de 20 hectómetros cúbicos, derivación que, según los propios medios locales, al actual Ministerio de Agricultura en funciones ya les habría concedido.

Y por terminar con las cifras, Rivera y Sánchez también están de acuerdo en que “reducir el desempleo y la precariedad son los dos grandes retos prioritarios para España”, proponiendo un Plan de choque por el empleo y la inserción laboral. Falta hace porque en Guadalajara, el paro subió el recién terminado mes de febrero en 419 personas, superando de nuevo la barrera de los 20.000 desempleados. Este sí que es un problema real, cercano y grave que afecta a miles de familias y que debería exigir más dedicación, talante y acuerdos a los responsables políticos que llevan toda la semana tirándose los trastos a la cabeza. Si llegar a un acuerdo que permita la gobernabilidad fuera su verdadero trabajo y no conseguirlo les supusiera a sus señorías ir directos a la concurrida cola del paro, a lo mejor otro gallo cantaría.

 

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