Otro plan para la Sierra y Molina

Por Raquel Gamo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció la semana pasada la puesta en marcha de sendos “planes especiales” –palabras mágicas siempre en cualquier política- para las comarcas de la Sierra Norte y el Señorío de Molina. Los planes en cuestión consistirán en duplicar las ayudas europeas hasta 2020 para estos territorios a través de las ayudas de la UE, ya sean los Fondos Feder, el Fondo Social Europeo o los Fondos de Desarrollo Rural.

García-Page destacó en la recuperada gala de los Populares de Nueva Alcarria que “es la primera vez que se plantea en Castilla-La Mancha que todo el dinero que llega de la Unión Europea, en vez de repartirlo por habitantes o en toda la autonomía, se concentrarán de forma especial en cinco comarcas”, en referencia a la Sierra Norte de Guadalajara, además de Talavera de la Reina, Almadén, las Sierras del Segura y Alcaraz y la Serranía de Cuenca, donde están previstos proyectos similares, aunque con menos dotación económica que en la provincia de Guadalajara.

Tipología de municipios de la Sierra Norte. // Adel Sierra Norte.

Tipología de municipios de la Sierra Norte. // Adel Sierra Norte.

La idea suena bien, sobre todo, tras cuadro años de escualidez presupuestaria y desprecio institucional hacia las comarcas deprimidas. Fuentes de la Junta de Castilla-La Mancha me confirman que, además de adquirir el compromiso de aumentar las ayudas, la Administración trabajará a partir de Semana Santa en habilitar una Inversión Territorial Integrada (ITI) para Guadalajara. Esto no es baladí, es una noticia. Recurrir a esta figura para la provincia constituiría un paso inédito en un territorio habitualmente marginado en las grandes inversiones.

Es justo, por tanto, reconocer la sensibilidad del Gobierno regional a la hora de acordarse de la Sierra Norte y la Tierra de Molina, sobre todo, por lo que tiene de impacto en el turismo rural.

Pero no basta. Perpetuar una estrategia basada en la gestión de ayudas se ha demostrado con el paso del tiempo, desde 1986, que es importante pero no suficiente para revertir la tendencia de despoblación.

La cuestión primordial es saber en qué medidas concretas se traducirán los planes blandidos por el presidente regional, y si el dinero va a llegar allí donde realmente se necesita. La filosofía del proyecto es garantizar la financiación a todas las iniciativas empresariales que quieran instalarse en estas comarcas, como vía para impulsar la actividad de estas zonas, especialmente, las relacionadas con el sector primario. Y ahí, poco o nada se puede objetar. Ojalá exista mucha demanda y las iniciativas broten a borbotones.

Sin embargo, estas comarcas, con una densidad demográfica que bordea los dos habitantes por kilómetro cuadrado y con una población dispersa y envejecida, requieren de planes específicos de desarrollo, basado en unas acciones y unos objetivos determinados que se articulen a partir de un estudio de sus fortalezas en los sectores turístico y de patrimonio natural y artístico. No se trata, pues, de regar de ayudas estos territorios al libre albedrío, sino de dotar de financiación a aquellos proyectos viables que realmente respondan a las necesidades reales de los pueblos.

Quizá Castilla-La Mancha debe replantearse la estrategia en materia de desarrollo rural, y si es conveniente ahondar en el estribillo de las ayudas que hasta ahora ha servido para impulsar el turismo rural y hasta el comercio local, pero no para garantizar el futuro de las comarcas del interior.

La lacra de la despoblación excede los límites provinciales. Parece una perogrullada pero conviene recordarlo porque los hay en muchos despachos que parece que no acaban de asimilarlo. La solicitud de ayudas europeas debe plantearse, por tanto, de forma interregional, en comunión con otras comunidades autónomas, como Castilla y León y Aragón, que presentan análogas carencias. Pasar de una visión excesivamente localista a otra en la que prime un planteamiento común ayudaría a trasladar a la Unión Europea la falta de pobladores como un problema colectivo, compartido, que afecta a amplios territorios. Esta táctica, tal como subrayan desde la asociación Serranía Celtibérica, haría multiplicar por tres los fondos percibidos.

Éste es, precisamente, el espíritu de la Proposición No de Ley aprobada por unanimidad por el Congreso el 8 de octubre de 2015. El documento insta a colaborar con las comunidades autónomas afectadas por la despoblación para que sean ellas mismas las que, en el marco de sus competencias, reconozcan a la Serranía Celtibérica como ITI. Esta nueva figura situaría en el mapa a estos territorios, al tiempo que pasaría a formar parte de las zonas prioritarias de inversión que tiene reconocidas la UE. No es baladí. Y Guadalajara –especialmente la Sierra y el Señorío de Molina- deben pelear por no desaprovechar una oportunidad sin precedentes.

Reunión reciente del vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro (c), para valorar el desarrollo de una ITI en Cuencia. // Foto: JCCM

Reunión reciente del vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro (c), para valorar el desarrollo de una ITI en Cuencia. // Foto: JCCM

La ITI es un modelo de desarrollo orientado a saldar la deuda con territorios especialmente necesitados, ya sea por la pérdida de habitantes o por la falta de salidas laborales. Este sistema ya se ha implantado en la provincia de Cádiz, con una dotación de 1.300 millones de euros, de los que 400 millones son aportados por la Junta de Andalucía y 900 por el Gobierno de España. Precisamente, la creación de una ITI en Cuenca es uno de los objetivos en los que ya trabaja el Gobierno de Page, al igual que las propuestas que se han presentado en Soria y Teruel, provincias que comparten con Guadalajara y Cuenca la depresión demográfica. Solo entendiendo la despoblación como un mal compartido con provincias vecinas se alcanzarán las políticas adecuadas.

La Junta debe hacer algo más que multiplicar las ayudas europeas. Haría bien en escuchar a los ayuntamientos, asociaciones y particulares de las áreas rurales, y establecer un plan que recoja medidas concretas supeditadas a un calendario y a una memoria económica. Infraestructuras, carreteras, servicios públicos, telecomunicaciones, espacios naturales (¿qué fue de los parques naturales de la Sierra Norte y del Alto Tajo?…

Un gobierno por sí solo no puede potenciar eso que los técnicos llaman “desarrollo rural”. Contar con la sociedad civil en esta tarea no sólo es recomendable, sino imprescindible. Pero, a partir de ahí, lo mollar es que la Junta sepa canalizar los esfuerzos –de abajo a arriba- para aglutinarlos en torno a una determinación política real que supera el viejo esquema mental de la concesión de subvenciones. Sí, la Administración no siempre conoce el territorio. Sí, la Administración no siempre escucha a los vecinos. Pero es la Administración, en este caso la autonómica, la única que tiene competencias y recursos para vertebrar el territorio. Falta la voluntad.

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Un pensamiento en “Otro plan para la Sierra y Molina

  1. Lo que tiene que hacer la Junta de Comunidades, y más después de cambiar la marca turística de la Junta, es mandar a las Oficinas de Turismo de la Sierra Norte los nuevos folletos turísticos que se han editado, así como el merchandasing fabricado, todo ello con dinero público, y que dichas Oficinas de Turismo no cuentan con ello.

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