Parar la reválida

Reyes Estévez, consejera de Educación. // Foto: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Reyes Estévez, consejera de Educación. // Foto: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Por Concha Balenzategui

Todo apunta a que hoy tendremos noticias sobre la evaluación final de Primaria, más conocida como “la reválida de sexto”. La consejera de Educación, la guadalajareña Reyez Estévez, tiene previsto comparecer tras el Consejo de Gobierno, después de anunciar la semana pasada en las Cortes regionales que es “muy probable” que los alumnos de Castilla-La Mancha no tengan que realizar esa prueba de nuevo cuño, prevista por la polémica LOMCE.

Lo cierto es que, tanto los colegios como los propios padres, han estado durante todo el curso muy desconcertados respecto a este examen. Ya en el mes de agosto de 2015, diez comunidades autónomas, entre ellas la de Castilla-La Mancha, se pronunciaron contra la evaluación, y varias de ellas recurrieron ante el Tribunal Supremo el Real Decreto que la regula. La propia consejera de Educación de Castilla-La Mancha, la guadalajareña Reyes Estévez, mostraba su oposición a realizarla y explicaba los motivos del recurso en el mes de diciembre. “Entendemos que es una prueba que, ni va a facilitar el aprendizaje, ni mejora el sistema educativo, ni el nivel de los alumnos”, aseguró la consejera, que dijo que este tipo de exámenes “tienen su sentido cuando contribuyen a la mejora del alumnado, pero en Sexto es cuando abandonan el centro, con lo cual, poca mejora con esos alumnos se va a poder hacer”.

La pérdida de la mayoría absoluta del PP, que impulsó en solitario esta Ley educativa, y la falta de acuerdo para un nuevo Gobierno, han dejado pasar las semanas sin que se aclare qué va a ocurrir, estando ya a solo dos meses del final de curso, y lo que es peor, a tres semanas de la realización -si es que finalmente se llevara a cabo- del examen. Porque a pesar de esta posición contraria de los responsables educativos de la comunidad, las escasas noticias durante este tiempo han sido contradictorias. Solo hace mes y medio, Estévez informaba de que la región ya había comenzado la planificación de la evaluación a la que tendrían que enfrentarse 20.000 alumnos. En ese momento, se había solicitado a las direcciones provinciales de Educación que plantearan la propuesta de organización más adecuada para cada provincia, según la responsable de Educación, ya que el diseño, aplicación y corrección de las pruebas corresponde a la comunidad autónoma. “La prueba es de obligado cumplimiento por todas las comunidades autónomas”, decía Estévez hace un mes.

Semanas después, la noticia era que la fecha prevista de la prueba era la segunda semana del mes de mayo, lo que daba a entender que se haría. Es más, la consejera expuso que aunque el examen viniera del Ministerio y fuera corregido por instancias externas, debería ser planteado a los alumnos por los propios profesores de los colegios, en un intento de evitarles la angustia de estos exámenes extraordinarios y extemporáneos.

Y así, en esta correlación de pasos adelante y atrás, llegamos hasta la pasada semana, cuando a preguntas del diputado de Podemos José García Molina, la titular de Educación expuso que se había planificado una comisión regional, cinco comisiones provinciales y una en cada centro, para poder llevar a cabo la evaluación. La tesis -insisto, el pasado jueves-, era llevar a cabo “una prueba que como no compartimos, simplemente la asumimos”, en palabras de la propia consejera. Pero la misma intervención terminaba echando por tierra la planificación expuesta, ante la alta probabilidad de que los alumnos de Castilla-La Mancha no tengan que someterse al examen. Según trascendió horas después, Educación estudiaba la forma jurídica para evitar la reválida.

La consejera de Educación, en las Cortes. // Foto: El Digital de Castilla-La Mancha

La consejera de Educación, en las Cortes. // Foto: El Digital de Castilla-La Mancha

Es posible, ya digo, que hoy se ponga fin a este desconcierto y los titubeos de estos meses pasen a la historia. Esperemos que los argumentos sean suficientemente claros, firmes y convincentes para explicar una postura u otra. Y que se ponga fin a las incertidumbres, tanto las de los profesores y los centros para la organización o suspensión de la prueba, como para los padres de los alumnos, algunos de los cuales ya están empezando a movilizarse para oponerse a la reválida, sin saber a qué se enfrentan o cuáles serían las consecuencias.

No se me olvida, por mucho que cargue contra los responsables autonómicos, por su falta de claridad, que quien ha metido en este lío a los centros y sobre todo a los alumnos, es la Administración estatal, es decir el Ministerio.

Mientras tanto, podemos desgranar unos cuantos motivos para no hacer la reválida, bien sea porque la Consejería dé un paso al frente eliminándola, o porque la desobediencia parta de otras instancias. El primero, ya se ha dicho, porque la prueba la inventó un Gobierno, con la oposición del resto de fuerzas democráticas, que ya no cuenta con mayoría. Porque la LOMCE es una Ley contra la que ya se ha pronunciado el nuevo Parlamento, aunque no haya nuevo Gobierno.

Otra razón de peso es que, tal y como esta planteada, nadie sabe bien para qué sirve una prueba que no tiene repercusión académica directa en el alumno. Realmente, se sabe que no evaluaría si los alumnos de Sexto están preparados para superar la etapa educativa, es decir, no sería una auténtica reválida que daría paso a la ESO al que la aprobara y lo impediría al que suspendiera. Para eso ya están los exámenes de junio, el criterio de los profesores y del claustro. Por tanto, no se entiende la necesidad de hacer dos tipos de exámenes en tan breve tiempo, unos en mayo y otros en junio.

El pretendido fin de la prueba es diagnosticar “el grado de adquisición de la competencia en Comunicación Lingüística, Matemática, Ciencia y Tecnología”, es decir, el nivel de conocimientos y habilidades con que terminan nuestros niños la Primaria. Y si realmente se trata de hacer ese diagnóstico, no se entiende por qué no se realiza la evaluación al comienzo de la ESO, en las primeras semanas del próximo curso, sin tantas presiones para los estudiantes. Algo parecido a las pruebas que se realizan ya en muchos cursos, al principio de un ciclo de Primaria, para analizar el nivel. O los test que muchos profesores hacen por su cuenta a los chavales cuando se enfrentan a un nuevo grupo, para orientar cómo plantean su asignatura, a la vista de las destrezas y las lagunas que demuestren en conjunto en los primeros días.

Porque no sé si saben -y aquí viene una razón más- que los estudiantes de hoy en día se someten a muchos exámenes, pruebas y proyectos a lo largo del curso, fruto de una auténtica fiebre por la evaluación. Al margen de la novedades previstas por la Lomce, están las evaluaciones diagnósticas que todavía sobreviven de la anterior Ley, las pruebas específicas diseñadas por las comunidades autónomas y el conocido informe PISA, de carácter internacional. Todo ello, sin el fin de evaluar a los alumnos individualmente, sino más bien a los centros, a las comunidades o a los países, a través de las clasificaciones que se obtienen.

Y ahí está el quid de la cuestión. Que muchos tememos que el propósito de la reválida del PP no era orientar y corregir lo que se esté haciendo mal, sino elaborar sin más un “ranking” de centros. Sacar conclusiones sobre los resultados sin tener en cuenta las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, sus mayores o menores dificultades, o los programas que llevan a cabo, no ayuda a mejorar el sistema educativo.

Si se reducen los resultados a una clasificación en bruto, al menos debería servir para dotar de más recursos, profesores y apoyos a los colegios que obtuvieran puntuaciones más bajas. Pero todo indica que lo que pretendieron Wert y el anterior Gobierno era dar argumentos de marketing para los centros con mejores notas. Que suelen ser aquellos donde el nivel socioeconómico de las familias es más alto. Blanco y en botella, la concertada.

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