Ayudar de más

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Un momento de la reunión entre los consejeros de Sanidad de Castilla-La Mancha y Madrid, celebrada el pasado lunes en Toledo. // Foto: castillalamancha.es

Por Borja Montero

Después de varios años de esperas y negociaciones, de que el tema sirviera de arma arrojadiza entre partidos políticos y asociaciones afines a los mismos, de que los paganos reales de la situación, los pacientes, hayan tenido que sufrir en sus propias carnes el sinsentido de las fronteras dentro de una misma organización territorial, la noticia es que… Seguimos a vueltas con el convenio sanitario con la Comunidad de Madrid. Esta semana se ha iniciado una nueva ronda de contactos y negociaciones con el fin de mejorar el actual estado de cosas ya que, con las ‘prisas’ con las que se cerró el acuerdo vigente (solamente llevó alrededor de tres años firmarlo), no es el que mejor se ajusta a la realidad de las necesidades sanitarias de los castellano-manchegos, no tanto en el caso que nos ocupa, el de Guadalajara, como en el de Toledo, para cuyos ciudadanos se ofrecen más hospitales de los necesarios pero quizás no lo suficientemente dotados de las especialidades que precisamente se demandan. De hecho, la última oferta de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha es realizar un convenio paralelo para que la situación se mantenga igual para el caso de Guadalajara y renunciar, al menos por el momento, a la ayuda de más (y, por tanto, factura de más) que se pretende prestar desde Madrid a los toledanos.

Soy bastante poco amigo de las fronteras en general y, en particular, me parecen más inútiles aquellas que pretenden separar y terminan por empeorar las condiciones de vida de los ciudadanos. El sistema sanitario actual funciona de una manera, si se paran a pensar, poco lógica. El dinero parte del Ministerio de Sanidad, que recauda sus fondos de la Tesorería General de la Seguridad Social a la que contribuyen los trabajadores y tiene sus partidas asignadas en los Presupuestos Generales del Estado. Esa financiación se divide entre las comunidades autónomas, a las que se transfirieron hace años las competencias sanitarias, supuestamente para que se pudieran pulsar mejor las necesidades y deficiencias sobre el terreno y, por tanto, mejorar el servicio final a los ciudadanos. Hasta ahí, el razonamiento  parece lógico, ya que cada territorio dispone de sus propios medios para dispensar los servicios de salud atendiendo de forma más cercana a las necesidades concretas de los usuarios del sistema.

Sin embargo, las comunidades autónomas no son perfectamente simétricas en lo que al territorio se refiere, tampoco del mismo tamaño, y no todas tienen la misma capacidad económica como para poder acceder a determinados equipos de última generación para pruebas de diagnóstico y tratamientos o a plantillas profesionales suficientemente dotadas con especialistas de distintos ramos. De este modo, esta configuración establece tremendas diferenciaciones entre los servicios a los que puede acceder cada ciudadano dentro de su territorio. No se trata únicamente de que el vecino de un pueblo tenga que acudir a la capital provincial para ser tratado por un especialista (que es algo comúnmente aceptado porque no es posible tener un cirujano en cada municipio de España), sino de que vecinos de las ciudades más grandes de la región tengan que transitar cientos de kilómetros, en ambulancia o en su coche particular, hasta el hospital en el que le puedan proveer del tratamiento adecuado para su dolencia.

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Los hospitales de la región, como el de Guadalajara, no pueden tener todos los equipos que los pacientes pudieran necesitar, por lo que es necesario derivar a pacientes a otros centros. // Foto: clm24.es

Es cierto que el sistema prevé esta circunstancia y anima a las regiones a ser solidarias y colaboradoras entre ellas, con el fin de que, por cercanía geográfica y por cohesión territorial, los usuarios de la sanidad pública vean satisfechas sus necesidades de atención especializada sin tener que verse perjudicados por largos traslados, esto es, en el hospital más cercano que disponga del personal y/o la tecnología necesaria, aunque se encuentre fuera de la jurisdicción de su tarjeta sanitaria. Pero, tal y como se está revelando en la cuestión madrileña, este acuerdo de armonía entre los pueblos no es algo tan sencillo, máxime cuando las arcas públicas no están tan boyantes como hace unos años y el Ministerio de Hacienda, además, impone condiciones draconianas para justificar y cerrar los presupuestos públicos. Es en este contexto en el que realmente se ve la cara de la solidaridad entre los pueblos.

El Fondo de Cohesión Sanitaria, que viene a compensar a las comunidades mejor dotadas y más solidarias por prestar servicios a los vecinos de sus regiones vecinas, modificó su funcionamiento en 2015 y esto alertó mucho a quienes antes recibían sin problemas a pacientes visitantes. Al desaparecer las cifras contantes y sonantes de los Presupuestos Generales del Estado y pasar a ser una partida extrapresupuestaria, amén de algunas otras modificaciones en las acciones que podían sufragarse o no con este fondo, los territorios prestatarios de estos servicios se han vuelto recelosos a la hora de firmar convenios y quieren asegurarse que les serán devueltos los gastos devenidos de su solidaridad sanitaria.

Por todo ello, y a pesar de que el sistema de salud se considera nacional, esta mezcla de intereses particulares, lamentablemente relacionados más con el dinero que con cuestiones médicas y sanitarias, desvirtúa el plan y puede conducir a situaciones como la vivida en Castilla-La Mancha, que pasó de depender de sí misma y tener a sus enfermos de turné por las carreteras de la región a estar sobreprotegida por la comunidad vecina, que pone por delante sus intereses de no colapsar los hospitales más demandados y de asegurarse de que le cierren los números al final del ejercicio.

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