Por Concha Balenzategui
Estos días se han conocido, a través de varios medios de comunicación nacionales, algunos extremos del informe realizado por los europarlamentarios que visitaron España en el mes de febrero, en una llamada misión de investigación sobre la situación del Ebro y el Tajo. Por lo que a nuestro río respecta, se respondía a una denuncia de la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche, con sede en Talavera de la Reina, sobre el lamentable estado de la cuenca del Tajo, con mención especial a la cabecera del Tajo y a la ciudad de la cerámica.
La batalla es larga, puesto que la queja fue cursada ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y admitida a trámite en el año 2012. Se vuelve a hacer patente la lentitud de la maquinaria de la Unión Europea, que casi siempre llega a exasperar. Solo hay que pensar que los peticionarios se referían entonces Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo -que debía haberse aprobado en 2009, y no se había hecho-, y que cuando concluye este informe, a pesar del retraso por parte del Gobierno español, se han aprobado varias entregas (en 2014 y en enero de 2016), e incluso ha habido tiempo para recurrirlo.
Por lo que ha trascendido del informe, los 11 miembros de la delegación comprobaron con sus propios ojos entre el 8 y el 10 de febrero lo que cualquiera de nosotros puede ver a diario: el deterioro de la Cuenca del Tajo. Concluyeron que la denuncia estaba fundamentada, que el río no lleva bastante agua para garantizar su buen estado, que es algo que en este país cuesta decir y sobre todo hacer creer en el Levante. Efectivamente, una de las recomendaciones del informe cerrado el pasado miércoles es que se revisen los caudales ecológicos fijados, para que la cantidad que circule sea suficiente para diluir las aguas residuales tratadas que se vierten al río.
La otra gran recomendación que extraen los firmantes del informe es que hay que intensificar el uso de las desaladoras del Levante, puesto que con ellas se reduciría la presión que el Segura mantiene sobre el Tajo en forma de trasvase. La Comisión recuerda que las desaladoras se construyeron en la costa mediterránea para paliar la escasez de recursos de los ríos Tajo y Ebro. La mayor parte fueron financiadas por la Unión Europea con esta finalidad, y están infrautilizadas. ¿Y por qué no se usan? Está claro, porque el agua sale más cara de estas plantas, que tienen un gasto energético alto, que la trasladada desde la cabecera del Tajo, que en la mayor parte de su recorrido discurre sin otro empuje que el de la gravedad. Así de simple, o así de complejo: las cuentas no salen, sobre todo para los usos agrícolas.
Y finalmente, el informe recomienda mejorar la gestión del agua en la cuenca del Segura, «con el fin de mejorar el conocimiento y la gestión de las aguas superficiales y subterráneas existentes, para adaptar las áreas irrigadas a los recursos disponibles y para elaborar inventarios públicos de las áreas irrigadas». Siendo una cuestión sustancial del problema, esta es la parte más difusa del informe, al menos si finalmente tiene una redacción tan vaga como la que ahora se ha filtrado.

Otra parada de la delegación investigadora a orillas del Tajo, junto a la consejera de Fomento, Elena de la Cruz.
Aunque las otras dos recomendaciones son contundentes, y su aplicación mejoraría sustancialmente el estado del río y de los embalses de Entrepeñas y Buendía, se impone la prudencia. Con ese ánimo han interpretado los denunciantes el informe desde Talavera de la Reina, que han recordado que este documento es un borrador y que habrá más informes que se incluyan en la redacción definitiva. Luego, se someterá a votación de la Comisión de Peticiones en su próxima reunión, prevista para el 2 de junio. Finalmente, las recomendaciones deberían tener su efecto, previsiblemente en la directiva marco del agua de 2017, y también en una instancia al Gobierno español.
Por mi parte, más que a la prudencia, me apunto al escepticismo. Ustedes y yo sabemos que estas conclusiones que ahora nos parecen de sentido común tienen muchos visos de quedarse en papel mojado, con el mismo efecto que una petición de Change org acompañada de centenares de clics de internautas. El sindicato de regantes y la fuerza de los votos ejercerán su presión para que estas recomendaciones se suavicen o queden en agua de borrajas. Y este documento se unirá a la larga lista de incumplimientos en materia medioambiental que España acumula en este capítulo: la directiva marco del agua, los plazos de aprobación de los planes hidrológicos o la protección -efectiva, no de nombre- de los parajes de la Red Natura 2000 a lo largo de este cauce.
¿Por qué este escepticismo? Pues porque ya ha pasado. En marzo de 2012 ya hubo una petición de la Comisión Europea al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente Español, entonces regentado por Arias Cañete, para que se usara más las desaladoras en las que la UE se había gastado en esos años unos 1.500 millones de euros -que se dice pronto- y que se estaban utilizando al 16 por ciento de su capacidad. En aquella ocasión, la Comisión exponía que España era uno de los países con mayor déficit hídrico y a pesar de ello, con las tarifas de agua más bajas, para justificar el uso de las desaladoras. Si su producción ha aumentado desde entones, no es lo suficiente para que Bruselas evite dar otra “colleja” a España, ni tampoco para que deje de exprimirse al Tajo.
A pesar de todo ello, es positivo que el informe diga lo que dice. Aunque sus conclusiones sean muy lentas y aunque tardemos en ver sus efectos o estos queden diluidos. Porque es un reconocimiento de que, en la batalla del agua, con intereses encontrados, alguien nos da la razón. Es un espaldarazo a quienes consideramos insostenible el trasvase. Es más, el informe recoge que las explicaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y de la Dirección General del Agua “no se corresponden con la realidad”. La verdad es la que puede verse en los pantanos de cabecera y a lo largo del río. Se le podrá dar la espalda, pero no podrá esconderse mucho tiempo.