¿Qué pasa con la dependencia?

Por Raquel Gamo

La “recuperación del Estado del Bienestar” –así, en genérico- fue uno de los pilares en los que Emiliano García-Page basó su discurso de investidura el 30 de junio de 2015. Parte del rescate de las políticas que tocan más de cerca a los ciudadanos atañe a la dependencia. Un área que, como ya avisamos en este mismo espacio en enero, resultará clave para juzgar la gestión que lleve a cabo en esta legislatura el PSOE, con el apoyo de Podemos desde fuera del gobierno.

El Partido Socialista, entonces en la oposición, se comprometió en vísperas de los comicios de 2015 a dar un vuelco integral a las políticas de dependencia, a través de una nueva orden que permitiera reorganizar este sector, reconocer el papel de las familias, derogar el decreto de 2013 y agilizar la tramitación de las ayudas. Es decir, un compromiso global para revertir los recortes presupuestarios que asestó Cospedal en esta materia hasta el punto de dejar la ley impulsada por Zapatero en pura entelequia.

Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social; junto a Aurelia Jerez, presidenta de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha. // Foto: CLM24

Un primer paso en esta dirección fue la adhesión del PSOE –en abril de 2015- a un pacto promovido por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, junto al resto de formaciones de la oposición y los agentes sociales. Sólo el PP se negó a rubricar aquel texto, lo cual es tristemente coherente con el objetivo ideológico y económico en que se fundamentó la laminación de la dependencia durante la era Cospedal, tan fugaz como devastadora.

Recordemos que, en este periodo, alrededor de 5.000 personas fallecieron en Castilla-La Mancha mientras esperaban las prestaciones correspondientes por su grado reconocido de dependencia. Y no quedó ahí la persecución, ya que fue el Gobierno regional del PP el que recurrió ante el Supremo la sentencia del Tribunal de Castilla-La Mancha, que declaró nula de pleno derecho la Orden de 2013 que establecía el catálogo de los servicios y prestaciones para la atención a la dependencia. No es que no pudieran financiar la dependencia; es que no querían financiarla. El PP de Castilla-La Mancha no cree que deba formar parte de la columna vertebral del Estado del Bienestar. Se pueden dar los circunloquios que se quieran, pero ese es el auténtico meollo que explica el tijeretazo en los recursos.

No es casualidad, con estos antecedentes, que el primer colectivo invitado por Page a un Consejo de Gobierno en esta legislatura fuera el de la dependencia. La sintonía entre ambos cobró forma en los Presupuestos regionales para 2016, que recogen una partida de 396 millones de euros para la dependencia, 24 más que el año anterior. No es una cifra menor.

Sin embargo, la tardanza en pasar de las palabras a los hechos es la gota que ha colmado la paciencia de la plataforma, que tenía puestas todas sus esperanzas en que todo mejoraría con el cambio de siglas del Gobierno regional.

Según este colectivo, un total de 2.626 dependientes han perdido su prestación económica para cuidados en el entorno familiar–muchos de ellos niños- en los últimos 11 meses. En concreto, calculan que cada 6 horas un dependiente pierde esta ayuda, precisamente, la prestación más demandada. Por ello, la Plataforma de la Dependencia se ha lanzado a exigir la dimisión o la destitución por parte de Page de la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez. Además, visualizó su malestar declinando la invitación a asistir al acto institucional con motivo del Día de Castilla-La Mancha.

El PP, claro, ha aprovechado rápidamente la oportunidad para sumarse a esta petición, en un ejercicio que sería cómico si no fuera tan cínico. Tiene bemoles que el partido que ha machacado la dependencia en Castilla-La Mancha en los últimos cuatro años, ahora no tenga pudor en utilizar a este sector para fustigar a Page.

Pero, dejando a un lado las miserias políticas, la gravedad de las acusaciones de la Plataforma debería mover a una reflexión al Gobierno regional. La guadalajareña Aurelia Jerez preside la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia, tras sustituir a José Luis Ocaña, nombrado asesor de Page a los pocos días de abandonar este colectivo. Su verbo es locuaz y su crítica acerada: “el PSOE ha incumplido su compromiso con los dependientes”. Y añade: “el Gobierno de Castilla-La Mancha ha preferido seguir con las políticas de Cospedal, llevamos muchos meses advirtiéndolo”.

Es cierto que los trámites para la aprobación del nuevo decreto de dependencia van con retraso. Prueba de ello es que la comisión que trabaja en su redacción se constituyó a principios de abril, casi un año después de que el TSJCLM declarara nulo el andamiaje normativo articulado por Cospedal. Desde la Consejería de Bienestar Social justifican la espera por la necesidad de pulir bien el nuevo marco legal, que pretende agilizar la burocracia.

El hecho de que el colectivo de la dependencia señale ahora a Page de perpetuar las políticas de Cospedal y Echániz no es una acusación baladí. Hablo con Aurelia Jerez y me reconoce que se han dado “pasos positivos” en el último año, como la renovación de los convenios con los ayuntamientos en ayudas a domicilio o el aumento de algunas prestaciones como la atención residencial.

Su enfado, en todo caso, es morrocotudo porque esperaban más y más rápido del Ejecutivo de Page. Las discrepancias entre la plataforma y el Gobierno regional vienen por el modo en que se gestionan las prestaciones para cuidados en el entorno familiar, un tipo de ayudas catalogadas de excepcionales por la legislación y que, por tanto, están sujetas a unos requisitos muy específicos para ser aceptadas.

Viñeta de JRMora sobre el desmantelamiento de la Ley de Dependencia.

Aurelia Jerez no habla de oídas. A su hijo Alberto, a los siete meses de nacer, le diagnosticaron el Síndrome de West, una enfermedad rara cuya base es el Síndrome de Pitt Hopkins, una enfermedad aún más rara de la que solo se conocen cuatro casos en España y solo 150 en todo el mundo. Alberto es uno de los niños cuyo ejemplo sirvió para ilustrar la magnífica y aleccionadora exposición Luchando por la dignidad, que se exhibió el año pasado en varias localidades de Guadalajara. Tal como explicaba Aurelia en esta muestra, Alberto no anda, no controla los esfínteres, no habla, tiene una discapacidad intelectual y visual muy grave y un grado de minusvalía del 85%, aunque minusvalía es una palabra fea. Fue valorado como “gran dependiente” y las administraciones concedieron a la familia 520 euros de prestación por cuidados, además de la cotización de Aurelia a la Seguridad Social. Los recortes de la Administración redujeron esta cantidad a 387 euros. Y ella, además, perdió el derecho a la pensión por jubilación.

Desde la Junta y el PSOE consideran que hay cierta ansiedad por recuperar todo en poco tiempo, después de cuatro años de parálisis en políticas sociales. El presidente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Rafa Esteban, en conversación con EL HEXÁGONO, enfatiza la sensibilidad de su partido con las personas dependientes y sus familiares. Pero sostiene que la petición de dimisión por parte de la plataforma “está fuera de tono”. A su juicio, “no se ha dejado de conceder ninguna ayuda a personas dependientes en este tiempo, se pierden porque hay decesos”.

La exigencia de dimisión de la consejera resulta, efectivamente, precipitada. Y no sólo por el aumento presupuestario consignado en 2016, sino porque no parece razonable imputar al Gobierno de Page los datos del último año, teniendo en cuenta que hasta la finalización del pasado ejercicio no tuvo más remedio que acomodarse a las cuentas públicas aprobadas por su antecesora.

Pedir que dimita un cargo del rango de una consejera es una medida de fuerza que quizá la Plataforma de la Dependencia ha desaprovechado antes de tiempo. Entre otras cosas, porque la voluntad política del Gobierno regional en esta materia no parece estar en cuestión por ninguna de las partes implicadas, sino el grado de rapidez a la hora de aplicar las medidas. Y porque, a diferencia del desgaste que la comunidad educativa infligió a la ex consejera Reyes Estévez, la queja del colectivo de la dependencia ha molestado a Fuensalida pero no parece haberle hecho ningún rasguño político.

La reivindicación de los familiares de las personas dependientes está cargada de razones de fondo. Llevan mucho tiempo soportando una situación insoportable. Pero tal vez la manera más eficaz de canalizar este enojo sería centrarse en presionar a Page para que saque adelante sin más dilaciones el decreto que está llamado a reordenar el sector. El ejemplo de Aurelia Jerez y del resto de afectados en Castilla-La Mancha demuestra que la recuperación de las políticas de la dependencia debe ser una prioridad absoluta para el Gobierno regional.