“Pirarse” la reválida

Examen de la reváida de sexto, el mes pasado, en Galicia. // Foto: Alberto López. La voz de Galicia.

Examen de la reválida de sexto, el mes pasado, en Galicia. // Foto: Alberto López. La voz de Galicia.

Por Concha Balenzategui

Hemos abordado en este mismo blog en varias ocasiones el tema de la controvertida “reválida” de sexto de Primaria, ese examen definido en la también discutida Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que ha sido un anuncio continuado, con pasos adelante y atrás, a lo largo del curso. Tras “Parar la reválida”, donde se relataba todo este dislate, llegó “Suspender la reválida”, donde se daba cuenta de la decisión que creíamos final, pero que no ha sido ni mucho menos la definitiva, de eliminarla.

Finalmente, un mes después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha decidiera y publicara que los 20.800 alumnos del último curso de Primaria no tendrían que someterse a la prueba, los escolares de nuestra comunidad han comenzado a realizarla. Efectivamente, con una decena de días lectivos por delante, ya de por sí cargados de evaluaciones finales, que además tienen ingrediente extraordinario de dar paso o poner barrera al acceso a la ESO, los chavales de sexto se someten a los exámenes. Dado que la norma se publicó el 24 de mayo, las instrucciones llegaron mediada la semana pasada a los centros educativos, después de los seis días de macropuente. La mayoría de ellos las aplica, en cumplimiento de lo que dicta la Consejería, desde ayer mismo.

No se puede hacer peor. Algunos padres de los afectados ni se han enterado, porque los centros ni siquiera han enviado un comunicado formal y la capacidad de reacción ha quedado prácticamente anulada.

Sabemos las razones del Gobierno de Castilla-La Mancha para oponerse -hace un mes, ya digo- a la prueba. Según la entonces consejera del ramo, Reyes Estévez: la convocatoria “carece de financiación para su adecuada realización con las mínimas garantías de igualdad y objetividad”. Estévez añadía que “la indefinición del Ministerio nos impide planificar esta prueba en las mejores condiciones para el alumnado”. El propio presidente autonómico, García-Page, aseguraba que no habría prueba de reválida para no “someter a la tortura y a la presión psicológica a los niños y a sus familias”. Los alumnos “no van a pagar los platos rotos de la negligente gestión del Ministerio”, subrayaba. Finalmente, recuerdo las declaraciones más recientes, del 13 de mayo, del actual consejero, Ángel Felpeto: “No podemos dar respuestas viejas a problemas nuevos”, ya que “determinadas medidas, como la reválida, suponen una regresión de cuarenta años”. El titular de educación defendía un modelo de educación que “no puede favorecer la exclusión”, que es una de las consecuencias de las reválidas.

Sin embargo, tras la consabida adaptación por parte de las comunidades autónomas que se oponían, y que han actuado en bloque en el asunto, hay reválida. No es una prueba externa; la están haciendo los propios profesores y hay mucha flexibilidad para los centros. Sin embargo, es evidente que ahora hay menos tiempo, más precipitación y más estrés que hace un mes. Pero no hay una explicación por parte de la Consejería, ni se han mejorado las garantías para la realización de la prueba. Habrá que colegir que los estudiantes no solo expían las culpas de la nefasta planificación del Ministerio de Educación en funciones, sino también los de la ineficaz gestión de la Consejería castellano-manchega, que ha dado unos bandazos intolerables en un momento en el que alumnos, docentes y padres lo que requerían era certezas.

Efectivamente, hemos oído anuncios conjuntos de distintas comunidades gobernadas por el PSOE en las que se decidió “minimizar los efectos más negativos de la Lomce”, haciendo una evaluación final de Primaria “individualizada” con los docentes de los centros educativos y no con personal externo como establece la Lomce. ¿Qué nos queda por interpretar? Pues que tanto la decisión de oponerse al examen, como la de aceptarlo y las modificaciones correspondientes, han sido decisiones de partido, no de Administración educativa. Se ha jugado con este asunto a la política, y los paganos han sido los chavales.

Ángel Felpeto, consejero de Educación. // Foto: castillalamancha.es

Ángel Felpeto, consejero de Educación. // Foto: castillalamancha.es

Las comunidades autónomas que han “adaptado” la prueba han argumentado que la decisión de hacer esta evaluación se debe a que el Ministerio de Educación no ha convocado una Conferencia Sectorial a tiempo que permitiera aclarar a las comunidades autónomas sus dudas sobre la puesta en marcha de esta evaluación final. Pues bien, por esos mismos motivos, creo que los padres están en su derecho de no llevar a sus hijos al examen, porque la Consejería no les ha dado una información que permitiera eso mismo, solventar sus dudas al respecto. No se les ha aportado ningún argumento significativo que disuelva las objeciones que ellos mismos planteaban solo hace un mes.

Por eso yo invito a todos los que tengan la posibilidad (ya digo que la capacidad de reacción a estas alturas es muy pequeña) a que eludan la prueba. A la insumisión al doble juego, el del Gobierno estatal con un examen con objetivos torticeros, y a la postura del Gobierno regional, con el caprichoso juego de intereses partidistas que ha terminado optando por la tibieza.

Algunos sindicatos de profesores se han manifestado en el mismo sentido. El STE, por ejemplo, argumenta que esta prueba añade trabajo a los docentes y tareas burocráticas que “mantienen asfixiados a los equipos directivos de los centros y al conjunto del profesorado a estas alturas de curso, donde son innumerables los informes que tiene que elaborar el profesorado”. Este sindicato ha realizado “un llamamiento a las familias a no permitir que se someta a sus hijos e hijas a estas pruebas, ya que no influirán a la hora de pasar de curso”.

Pero hay más motivos. Si antes la prueba era injusta porque pretendía valorar a los centros a través del rendimiento de los alumnos, al margen de la evaluación continua y del criterio de sus profesores, la adaptación es esperpéntica. La flexibilidad aportada a los centros para realizar el examen permite que los colegios tengan la suficiente manga ancha como para que los resultados sean tan satisfactorios como quieran. Así, las fechas y el contenido son libres (siempre antes del 15 de junio), con lo que difícilmente se podrán extraer conclusiones objetivas de la capacidad de los alumnos, de la calidad de los profesores o del acierto de los centros. Hay colegios que someten a los estudiantes a pruebas de unas materias sí y no de otras, por ejemplo, por decisión propia. Todos conocen las preguntas con los días suficientes como para preparar la materia orientada a ese examen, o para hacer un repaso más exhaustivo de los temas que van a preguntar. En definitiva, que en Castilla-La Mancha se ha optado por un modelo que “ni chicha, ni limoná”, ni carne ni pescado, la “re-inválida” como he leído que la llaman. Un “sí es-no es” lamentable, que al final no libra a los chavales de la tortura. Salvo que los padres lo eviten, claro está. Porque si antes la prueba tenía una finalidad espuria, ahora es del todo inútil.

Si antes era clasista, ahora es una chapuza. Así que les invito a “pirarse” la reválida. Esa es la cuestión.

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