La incógnita del futuro

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Casi un millar de jóvenes de Guadalajara se enfrentaron la semana pasada a la ‘última’ Selectividad. // Foto: guadaque.com

Por Borja Montero

La pasada semana, 997 jóvenes de la provincia de Guadalajara se enfrentaron en las sedes universitarias de la capital a uno de los exámenes más importantes de sus vidas hasta el momento: La Prueba de Acceso a la Universidad, la “Selectividad”. A falta de que se celebre la convocatoria de septiembre, siempre menos numerosa, estos alumnos serán los últimos que realicen esta prueba tal y como hasta ahora se conoce. Después de que, hace apenas cinco años, se introdujera la última modificación en la celebración de esta prueba, en la que se pasaba de seis exámenes obligatorios para todos los alumnos, y el 10 como nota máxima de toda la vida, a una prueba en dos partes, con un bloque obligatorio de cinco exámenes y otro optativo de hasta cuatro asignaturas con el que el alumno podía incrementar su nota hasta 14 puntos, los actuales estudiantes de 1º de Bachillerato se preguntan ahora qué les esperara a estas alturas del curso el año que viene.

Y es que, según las previsiones de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza, la tan repudiada Lomce, será ya en el 2016/2017 cuando cambien las reglas del juego para los estudiantes que completen el Bachillerato, como este año lo ha hecho para aquellos que terminaban la Educación Primaria. Y si el revuelo en el caso de los más pequeños venía por la introducción de un examen que hasta ahora no existía, la polémica en el caso de los que acaban su periplo en el instituto es que se pretende cambiar el modelo de los exámenes, tanto en su contenido como en su obligatoriedad de realización, y, a día de hoy, con gran parte de su preparación ya realizada (quince años en los distintos ciclos educativos ni más ni menos), los alumnos que van a tener que hacer frente a la nueva prueba no saben cómo será.

De cumplirse con las expectativas generadas en las últimas reuniones entre el equipo del Ministerio de Educación, capitaneado aún por Íñigo Méndez de Vigo, y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), parece que no habrá demasiadas novedades, salvo una de carácter esencial: el examen pasa a ser obligatorio para todos los alumnos y, dado su carácter de reválida, será indispensable para obtener el título de Bachillerato. Nuevamente, y bajo la excusa de dotar a las calificaciones de un carácter más objetivo y que no dependan únicamente de la rigidez de los profesores de cada centro, se incentiva el conocimiento memorístico sobre la evaluación continua y la adquisición de competencias a través de un examen que supondrá en 40% de la nota final del alumno y, sin cuyo aprobado, no podrá seguir estudiando ni obtener su diploma.

De estas mismas reuniones, se desprende que algunas de las ocurrencias surgidas alrededor de los preceptos de la Lomce no se van a llevar a cabo, al menos de momento. Así, el examen seguirá siendo como hasta el momento, con preguntas a desarrollar razonadamente, comentarios de texto y problemas, lejos de aquella maratoniana prueba tipo test de 350 preguntas (200 de asignaturas generales, 100 de cada especialidad y 50 concretas sobre una materia) que se pretendía llevar a cabo, suponemos que también con el tan cacareado fin de la objetividad de los resultados. Se mantiene igualmente el peso autonómico de la prueba, siendo cada comunidad quien redacta las preguntas y corrige los exámenes, sin que se consiga la unicidad de horarios y contenidos que José Ignacio Wert pretendía cuadno se aprobó la Ley. Y otro aspecto que parece que también se retrasará en el tiempo, o incluso se suprimirá, al menos en lo que a llevarse a la práctica se refiere, serán las pruebas de acceso que cada Universidad podía poner antes de aceptar a los alumnos, y que serían más decisivas que el expediente académico. La Ley lo permite, por lo que cada centro tiene la potestad de implementar este tipo de exámenes o entrevistas de acceso, en un modelo cada vez más cercano al estadounidense, aunque parece que la CRUE no está muy por la labor de hacerlo, ahorrando, de este modo, la turné a los estudiantes, que, de cumplirse con este mandato de la Lomce, deberían acudir a las pruebas de acceso de todas aquellas universidades en las que pudieran estar interesados.

Cabe recordar que, en apenas diez días, los españoles acuden nuevamente a las urnas y que, salga el resultado que salga de estas elecciones generales, la Lomce seguramente sufra modificaciones importantes, al haber sido criticada, en mayor o menor medida, por todos los partidos con opciones de tener representación parlamentaria. Esto significa que la Ley, en su redacción actual, no durará mucho y solamente el tiempo dirá cuánto se tarda en forma un Gobierno, cuánto demora el nuevo Ejecutivo el debate sobre el modelo educativo y cuáles serán, si las hay, las medidas de urgencia para reducir el efecto de la Lomce, de modo que los alumnos que ahora acaban 1º de Bachillerato siguen con la incógnita de cómo tendrán que enfrentarse a su futuro dentro de apenas doce meses.

Y todo este quebradero de cabeza sin entrar en el fondo de la cuestión: una catarata de sucesivas leyes educativas cambiantes cada pocos años que, por el momento, lo único que ha conseguido es reducir el nivel de enseñanza en todos sus niveles, despojar de contenidos los distintos ciclos y hacer, por tanto, que los alumnos salgan menos preparados cada vez, con importantes lagunas (tanto en cuestiones técnicas y científicas de las especialidades elegidas como en conocimientos básicos como la ortografía y la gramática) para lo que posteriormente se les exige, en el caso de aquellos que acceden a la Universidad, y con una formación poco completa, en el caso de los que solamente completan la ESO y quieren salir al mundo laboral.

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