
De Grandes, en el centro, durante la visita a Talavera el jueves donde anunció las enmiendas del PP en el Europarlamento al informe del Tajo. // Foto: La Voz de Talavera.
Por Raquel Gamo
No sabemos si las conclusiones del informe de 11 europarlamentarios que en febrero visitaron varios puntos del río Tajo en Toledo pueden marcar un punto de inflexión en la gestión de esta cuenca. Lo que sí sabemos a estas alturas es que ninguno de los cuatro principales partidos que se presentan a las elecciones las han hecho suyas. Ni PP, ni PSOE, cuya postura con relación al trasvase está lastrada por más de tres décadas de incumplimientos con la cabecera. Ni tampoco los nuevos, puesto que Podemos y Ciudadanos pasan tan de puntillas sobre este asunto que hasta rezongaron para no ir al debate electoral que propuso la plataforma de afectados por el trasvase.
Sólo el PSOE de Guadalajara ha convertido el informe comunitario en banderín de enganche de su campaña, e incluso Pablo Bellido se ha comprometido a votar “en contra” del trasvase si obtiene su escaño. No obstante, la postura de los socialistas en Castilla-La Mancha va a rebufo de la Plataforma del Tajo y el Alberche, que fue el verdadero motor de esta reivindicación y quien obró de forma eficaz, con el objeto de facilitar un pronunciamiento oficial de las autoridades europeas, con independencia del hecho de que el informe no sea vinculante.
Ciertamente, el diagnóstico de los europarlamentarios resulta nítido y concluyente. No es, como sostuvo Page, un mazazo a la gestión hidrológica de Rajoy, sino que cuestiona la labor desarrollada por el Gobierno español a lo largo de las últimas décadas en el principal río de España, el más largo de la Península y de cuya cabecera depende el abastecimiento del Levante.
El informe es un toque de atención severo a las autoridades españolas y exhorta a “cambiar el modelo de gestión de los recursos hídricos en España y dar prioridad a los requisitos medioambientales frente a los socioeconómicos”. También subraya que lo visto por los europarlamentarios en el Tajo a su paso por Talavera no tiene nada que ver con la idílica descripción que les trasladó el Ministerio de Ambiente. Y, además, propone “revisar” el caudal ecológico sugerido para el Tajo porque el actual no garantiza el buen estado del río, y sugiere el uso en el Levante de las desaladoras para evitar el estrés hídrico del Tajo.
El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Francisco Pérez Torrecilla (alcalde de Sacedón), lamentó a ABC que «tenga que venir la UE a tirar de las orejas» al país por el deterioro del Tajo. Por su parte (porque en Castilla-La Mancha la guerra del agua no tuvo nunca ni tiene un frente común), la talaverana Plataforma en defensa del Tajo y el Alberche considera que el problema ahora es articular las conclusiones de este borrador para traducirlo en «medidas concretas». Pero es fácil avanzar que, salvo que el 26-J traiga un cambio de gobierno, las medidas van a seguir siendo las mismas que desde 2011.
La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, la alcarreña Elena de la Cruz, anunció con buen criterio que la Junta pedirá que se modifique el plan hidrológico del Tajo con el fin de incorporar las once conclusiones del informe. La petición caerá en saco roto, pero está bien que el Gobierno autonómico no deje pasar la ocasión para subrayar ante el conjunto de la opinión pública el maltrato a un río que en los últimos 35 años ha perdido la mitad de sus aportes.
El PP también ha reaccionado como se esperaba. El grupo parlamentario en Estrasburgo ha quitado hierro al informe sobre el Tajo y puso énfasis en el hecho de que los europarlamentarios no visitaron la cuenta del Segura. Que es tanto como decir que no se puede opinar de Madrid sin visitar Barcelona. Un argumento absurdo para salir del paso.
Sin embargo, sí resulta especialmente grave la postura de Luis de Grandes, pope del grupo del PP en el Parlamento Europeo, ex diputado nacional por Guadalajara y seguntino de cuna. El jueves, durante una visita (para más inri) a Talavera de la Reina, anunció que su partido ha presentado media docena de enmiendas al informe sobre el Tajo. «No vamos a discutir que queremos la mejora de los caudales ecológicos y más agua para Castilla-La Mancha”, dijo. Pero a continuación añadió: “Tenemos que cumplir la ley y cuando hay necesidades de agua para beber en la zona del Segura tenemos que cederla porque si no estaríamos incumpliéndola».
Es una perogrullada y también una media verdad, es decir, una falsedad completa. Querido paisano De Grandes: ¿qué agua tiene que ceder Guadalajara si la cabecera del Tajo está seca? ¿Por qué el PP cree que es necesario torpedear un informe que no tiene mandato legal directo?
La respuesta es obvia, pero también muy sangrante viniendo de alguien que siempre alardeó de defender los intereses de su tierra. El PP acostumbra a decir –lo está haciendo también en la campaña que terminó ayer- que es el único partido que tiene una posición común en toda España sobre el trasvase Tajo-Segura. Con matices, puede ser cierto. El problema es que esa postura es nociva para Guadalajara porque supone supeditar cualquier medida a satisfacer los intereses del lobby de la construcción en Murcia y el Levante bajo el pretexto de saciar las necesidades del regadío.

El pantano de Entrepeñas, en una imagen reciente. // Foto: Encastillalamancha.es
Lo que escama, lo que produce vergüenza ajena, lo que supone una felonía escandalosa es que esta ofensiva política del PP esté encabeza por un tipo de Guadalajara. Ya era difícil ahora tomar en serio la postura del PP castellano-manchego y alcarreño en materia hidrológica. A partir de ahora, sencillamente, sonará a chufla. Fuera caretas: el PP está al servicio de la cuenca del Segura y de la explotación desproporcionada del Tajo. El resto, un chorreo de demagogia bajo el paraguas de obviedades cargantes que escuecen en la zona de los ribereños. ¿El agua es de todos? Hombre, claro. Pero también de la cabecera. ¿Sabe De Grandes cómo está la cabecera? Es más: ¿sabe De Grandes en qué provincia está la cabecera del Tajo?
Ayer mismo, el Sindicato de Regantes murciano exigió más trasvases, y ello a pesar de las últimas derivaciones aprobadas por el Gobierno a raíz de las lluvias de primavera. La realidad es que la cabecera del Tajo ha bajado a 10,4 hectómetros cúbicos esta semana. Está al 24,6% de su capacidad. Una lámina miserable, fruto de la política del Gobierno de Rajoy, pero también de las nefastas consecuencias del pacto suscrito en 2013 por Cospedal, siendo presidenta de Castilla-La Mancha, con Arias Cañete y el resto de comunidades afectadas por el trasvase.
Aquel acuerdo fue la capitulación de la región en la batalla del agua. Primero porque, 37 años después de su inauguración, blinda la tubería de cara al futuro, al margen de quien gobierne. Y, segundo, porque ratifica las cochambrosas e injustas reglas de explotación del acueducto. No sólo a la hora de dar luz verde a los trasvases y convertir Entrepeñas y Buendía es un cenagal, sino en el precio que se paga por el agua. Cabe tener en cuenta que, mientras en los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía el agua se paga a 65 céntimos el metro cúbico cada 1.000 litros, por la misma cantidad en la cuenca del Segura abonan 10 céntimos cada metro cúbico.
De todo esto debería hablar Luis de Grandes. De esto y de los incumplimientos del Ejecutivo del PP a la hora de dotar a la cabecera de las infraestructuras que necesita urgentemente -por ejemplo, la captación desde Morillejo, una obra adjudicada en 2007- para no volver a sufrir restricciones en el suministro, tal como ocurre todos los veranos. Haya sequía o no. Porque la lacra de los ribereños no es la sequía, sino el trasvase.
Cambiar la postura de tu partido no es fácil, diría incluso que imposible. Lo verdaderamente lamentable, y triste, y patético, es que un eurodiputado alcarreño ni siquiera lo intente y, para colmo, se ponga al frente del chantaje del Levante. Pero su traición no es nominal. Es la traición del PP de Guadalajara al Tajo.