El procedimiento administrativo

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El concurso para elegir a la empresa encargada de la gestión de los centros de atención a la infancia ha sido el desencadenante del último suceso curioso relativo a la contratación del Ayuntamiento de Guadalajara. // Foto: eldigitalcastillalamancha.es 

Por Borja Montero

Cualquiera que en alguna ocasión se haya sentido tentado por la opción de presentarse a unas oposiciones a cualquier entidad o institución pública, una salida tremendamente popular tras nueve años de crisis económica y depauperación y precarización del empleo, se habrá topado con una de las bestias negras de cualquier aspirante a funcionario: la Ley del Procedimiento Administrativo Común a todas las Administraciones Públicas, con sus 133 artículos, distribuidos en siete títulos, cinco disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales. Esta norma, así como el resto de las que desarrollan los preceptos del Título IV de la Constitución Española, pretenden organizar el funcionamiento de la administraciones públicas y regular el acceso de los ciudadanos a las mismas y la comunicación entre ambos, una especie de Biblia que todos los ayuntamientos del país y sus funcionarios han de conocer al dedillo. Sin embargo, el Consistorio de la capital provincial ha tenido en un plazo de apenas un año unos cuantos ‘tropezones’, en concreto cuatro, con la normalidad en sus procesos de contratación, algo bastante poco habitual teniendo en cuenta lo encorsetado de las acciones permitidas por la ley.

La última de estas ‘cosas raras’ que le han pasado al Ayuntamiento de Guadalajara en materia de contratación tiene que ver con la gestión de los dos centros de atención a la infancia públicos de la ciudad. Para ahorrarnos explicaciones, la empresa que finalmente se hará cargo del servicio de las dos guarderías municipales es la misma que lo hace desde hace cuatro años, a pesar de que la mejor oferta de las dos presentadas correspondía a otra mercantil, que ofrecía un precio menor para los padres y un horario más amplio para los niños y, por tanto, fue nombrado como adjudicatario provisional del servicio. El problema está en que, al examinar la documentación acerca de la situación de la contrata, se dio cuenta de que la actual prestataria del servicio tiene una deuda de unos 21.000 euros con los trabajadores, una cantidad que, al verse obligada a subrogar a todo el personal, también recaería sobre los nuevos gestores convirtiéndose en un imprevisto que desmonta las previsiones de las empresa. A pesar de ponerse en contacto con el Ayuntamiento para intentar solventar la situación antes del plazo fijado por la regulación administrativa para completar los trámites, la empresa no ha recibido respuesta, por lo que ha decidido renunciar al contrato, lo que convierte automáticamente a la otra oferta presentada en el concurso.

Este proceder, aunque es el que estipula el procedimiento establecido para casos como éste, puede suponer un precedente peligroso, ya que las empresas adjudicatarias de otros contratos, incluso algunos mucho más jugosos, como el de limpieza viaria, recogida de basuras o transporte público urbano, podrían utilizar esta misma estrategia, la de dejar deudas tras de sí, y utilizarlas como baza para quedarse con los mismos, ya que pocas serían las mercantiles dispuestas a asumir deudas de otros, máxime su ajustan sus ofertas económicas al máximo. Y es que este extraño caso no hace sino recordarnos que las privatizaciones y externalizaciones de las administraciones públicas no pueden ser un cheque en blanco en el que la institución responsable se lava las manos dejando todo su funcionamiento en manos de la empresa adjudicataria. Si se opta por esa gestión indirecta de los servicios, hay que prever mecanismos de control exhaustivos ya que, al fin y al cabo, el prestatario del servicio es el Ayuntamiento. Y no está de más recordar que la privatización no es algo obligatorio y la prestación directa por parte de personal del propio Consistorio es la mejor manera de mantener el control total sobre el mismo.

Los otros ‘tropezones’. Además de este concurso en el que la medalla de oro se la ha llevado el segundo clasificado, el Ayuntamiento también se ha visto obligado a paralizar otros tres procedimientos a lo largo de los últimos doce meses. Así, en noviembre de 2015, la justicia obligó al Consistorio a dejar sin efecto la convocatoria de un concurso para un ‘megacontrato’ que pretendía unificar en una sola empresa y durante dos décadas más de una decena de servicios de diferente índole, todo por casi 13,5 millones de euros al año. Más recientemente, dos concursos se han visto ensombrecidos por la duda de una posible información privilegiada a alguna empresa. El primer de ellos fue el contrato de mantenimiento de jardines, cuya pliego de condiciones se habría redactado en el ordenador de una de las mercantiles participantes, según denunció la oposición. El segundo, que se saldó con una comisión de investigación a puerta cerrada y sin obligación de comparecer de los implicados, tuvo que ver con los conciertos de las Ferias y Fiestas y salió a la luz por la denuncia de una de las empresas concursantes, al ver que la que había resultado adjudicataria en la convocatoria, y que a la postre fue también la agraciada en el segundo concurso que se convocó, tenía ya contratados los artistas que se proponían en el pliego de condiciones antes de que éste saliera a la luz e, incluso, se habían filtrado los artistas y las fechas.

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