El «ser» y el «deber ser»

El Palacio de los Condes de Medina, vulgo de la Junta, lleva siete años vacío y sin uso, con el agravante de que su calificación urbanística impide su alquiler a cualquier empresa o particular. // Foto: guadalajaradiario.es

Por Borja Montero

El interés general debiera estar detrás de todos los artículos de las leyes y, por tanto, de todos los actos administrativos y judiciales que de ellos emanan. Pero esto, que debería ser un axioma de la teoría política, no siempre se cumple. Y es que la rigidez de las leyes hace que, por mucho que se amplíe su articulado, éstas no puedan adaptarse a todas y cada una de las circunstancias que pueden llegar a concurrir en la vida real. En ocasiones, estas incongruencias entre el “ser” y el “deber ser”, que diría mi profesor de Filosofía, hacen que decisiones que, a priori, podrían parecer justas y beneficiosas, ya sea para los implicados o para el común de los mortales, se vean retrasadas o incluso denegadas por las administraciones competentes. Dejando de lado al bueno de Hume, y sin querer confundirme con falacias naturalistas, Guadalajara vive unas cuantas de estas, y una de ellas tuvo su enésimo capítulo en el último Pleno del Ayuntamiento de la capital el pasado viernes.

Pongámonos en antecedentes. El Palacio de los Condes de Medina, ubicado en al céntrica plaza de San Esteban, lleva aproximadamente siete años, desde la mudanza de los servicios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en diciembre de 2009, sin un inquilino. Y la verdad es que no lo tiene fácil para encontrar uno. El problema no son los 1.233 metros cuadrados de parcela, ni su disposición interior de palacio diecisietesco, ni el precio que los descendientes del conde de Romanones podrían ponerle al alquiler. Las dificultades viene de un condicionante mucho más complicado de cumplir que cualquiera de los requisitos que una agencia inmobiliaria pudiera poner: solamente una institución pública podría ocupar este edificio. Con la Junta, el Ayuntamiento, la Diputación y demás organismos de la Administración estatal perfectamente instaladas en sus propios hogares, incluso algunos viejos edificios dotacionales también vacíos, parece que hay poco recorrido para que este inmueble tenga una nueva vida. Es por ello que el propietario pidió al Consistorio hace cinco años y cinco meses un cambio de la calificación urbanística para poder darle otro uso, algo a lo que se accedió desde un primer momento, viendo el peligro de que este gigantesco palacete pudiera convertirse en un nuevo solar en el centro de la ciudad si no se permitía. Parece un “win-win”, que dicen los modernos a los acuerdos en los que todo el mundo gana: el propietario puede alquier su edificio a quien lo necesite, el palacio vuelve a la vida como hotel, edificio de apartamentos o cualquier otro uso que pueda plantearse y el Ayuntamiento evita que el centro de la ciudad siga deteriorándose y recupera un edificio de cierta entidad arquitectónica y emblemática.

Sin embargo, cinco años y cinco meses después, la realidad es más tozuda que nuestros mejores deseos y el Ayuntamiento ha tenido que aprobar por quinta vez la modificación puntual del Plan de Ordenación Urbana para intentar solventar este problema. Y es que el asunto tiene su complicación. La Consejería de Fomento, responsable en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio y, por tanto, vigilante necesario de este tipo de operaciones, aduce una serie de reservas en sus informes técnicos, basados escrupulosamente en la legislación urbanística vigente. Por un lado, y a pesar de tratarse de un edificio consolidado (en concreto hace unos cuatrocientos años), exige que, para su recalificación, se mantengan los aprovechamientos que indica la ley para los nuevos desarrollos; esto es, 191 metros para zonas verdes, 212 para equipamientos y un 10% para el patrimonio municipal del suelo, dadas las dimensiones de la parcela. Otra de las incongruencias entre lo que es y lo que debe ser es la “duda del carácter dotacional del edificio” que el concejal de Urbanismo, Jaime Carnicero, asegura que se incluye entre las deficiencias encontradas por la Junta, a la sazón inquilino durante décadas de este edificio y, por tanto, beneficiario del carácter exclusivo de servicio público del mismo.

Otra de las reservas se produce porque, evidentemente, el cambio de calificación urbanística no puede hacerse a las bravas, sino que habría que reservar alguna parcela de similares o superiores características para uso público, al quitar el condicionante de uso al palacio protagonista de estas líneas. Y ahí reside la “madre del cordero”. El Ayuntamiento propone dar el uso dotacional público a la actual sede de la Junta, el antiguo edificio de Caja de Guadalajara, un inmueble mucho más grande, con una edificabilidad tremendamente mayor, algo más del cuádruple para ser exactos, y propiedad de la administración regional, de una empresa pública, por especificar. Con todos estos datos, los informes técnicos ponen reparos a la permuta y aducen que “la recalificación no mantiene la proporción”, si bien parece que es la administración regional la que no quiere atarse las manos a una posible venta o alquiler de este gigantesco edificio en el futuro.

A pesar de la tendencia de algunos a ver cuestiones políticas en este tipo de actuaciones, incluido el propio concejal del ramo, cabe recordar que la primera aprobación de la modificación en el Pleno municipal se produjo en noviembre de 2011 y el primer informe contrario de los servicios urbanísticos regionales data de 2012, por lo que el tema ha estado atascado por conflicto de intereses entre Junta y Ayuntamiento tanto bajo Gobierno del PP como del PSOE en Toledo. Y es que ninguna de los dos ejecutivos han querido elevar sus informes a una resolución a definitiva, lo que abriría la posibilidad de que el Ayuntamiento o el propietario de la parcela pudiera recurrir a los tribunales, donde lamentablemente terminará este asunto, haciendo perder tiempo (y vida) al Palacio de los Medina y a todos los guadalajareños.