Ordenar las setas

Por Raquel Gamo

Tan ligadas al otoño como la caída de la hoja, los colores pardos y los primeros fríos, las setas se han convertido en Guadalajara no sólo en un reclamo para salir al campo sino en una actividad económica que hace tiempo que conviene fiscalizar y regular. Hay dos formas de escarbar en el monte para disfrutar de la micología: hacerlo por puro placer, alrededor de una jornada familiar o entre amigos; o con un interés crematístico. Ambas opciones tienen consecuencias para la conservación del entorno natural, pero la segunda es, además, lesiva para la actividad común de los pueblos ricos en aprovechamientos de setas y hongos.

Cartel de aprovechamiento setero en Castilla y León. // Foto: Abc.es

Cartel de aprovechamiento setero en Castilla y León. // Foto: Abc.es

Manu Leguineche, en El Club de los Faltos de Cariño, escribió, tras una tarde recogiendo setillas en la Alcarria: “Compruebo sobre el terreno que ahora es una actividad industrializada. Vienen algunos con todoterrenos, furgones, camionetas, porque la seta, y no digamos el Boletus edulis, se cotiza cara. El futuro está en la seta de plantación, en cultivo de invernadero, el pescado en las piscifactorías”.

En Orea, recordaba el añorado reportero vasco, se hablaba de beneficios de un millón de pesetas al mes por la recolección de los preciados Boletus edulis. No digamos ya la trufa en los confines del Señorío. Este año está siendo una temporada de escasez. Porque ha llovido muy poco cuando debió hacerlo (finales del verano y albores del otoño) y porque lo poco que crece ya se encargan de rebañarlo rápido los lugareños de cada pueblo. Es lógico. Lo que no es lógico es el negocio negro que genera la actividad ilegal larvada alrededor de esta práctica.

Precisamente, la proliferación de seteros furtivos es la razón que movió hace muchos años a varias comunidades a regular la tradicional recolección micológica. Con sistemas diferentes y con tarifas también dispares, la realidad es que a día de hoy Castilla y León, Cataluña, Euskadi y Navarra son algunas de las autonomías que ya han consolidado la explotación económica de este recurso endógeno, bien en el conjunto de sus territorios o bien algunas de sus comarcas. Pero, en todo caso, han lanzado un mensaje claro: no vale todo cuando se sale al monte –donde hay reglas que tratan de preservar aquello que nos pertenece a todos- y no vale todo tampoco a la hora de sacar un beneficio que excede el ámbito doméstico.

Castilla-La Mancha, por desgracia, ha permanecido casi ajena a esta tendencia reguladora. Es verdad que en los últimos años ha crecido el interés por esta cuestión a través de ayuntamientos y asociaciones. Es verdad también que las normas de algunos espacios, como el Parque Natural de la Sierra Norte (por cierto, ¿qué fue de este Parque?) ya contemplaban la necesidad de desarrollar un reglamento. Y es verdad también que el Gobierno regional sacó adelante en 2014 una orden por la que se establecía el borrador para implantar la regulación micológica en todo el territorio castellano-manchego.

Pero ninguno de estos esfuerzos ha fructificado en serio, lo que ha llevado a los pueblos a hacer la guerra por su cuenta. Algo muy lógico teniendo en cuenta la falta de determinación y de voluntad demostrada por los distintos gobiernos regionales de los últimos años, que es cuando se han encendido las alarmas ante la extensión de grupos organizados y vandálicos entre los temporeros de la seta.

El problema, por tanto, es que lo que podría considerarse como una sana excursión al campo o una actividad complementaria de ciencias naturales se ha convertido en los últimos años en un auténtico expolio del monte en la provincia. Expolio, sí. La ausencia de una regulación en Castilla La Mancha que marque cuáles deben ser los usos y límites en la recogida de setas y hongos ha sido aprovechado por los seteros furtivos para maltratar los aprovechamientos micológicos y recolectar en pastos prohibidos, y hacerlo además sin respeto alguno a la naturaleza y sin utilizar los instrumentos necesarios.

En algunos municipios, como Cantalojas, se han instalado paneles que advierten de la propiedad privada de las fincas y también de la prohibición de recoger setas, pero en realidad no hay ninguna normativa en vigor. Galve de Sorbe es el último municipio en incorporarse a la lista de los que han implantado ordenanzas reguladoras, entre los que se incluyen Cogolludo, Peralejos de las Truchas y Orea.

Plantear este tipo de medidas sin llevar a cabo una planificación provincial o comarcal tiene sus riesgos. Por ejemplo, es muy difícil efectuar un control real de la actividad en el monte si no se cuentan con los medios físicos adecuados (la regulación en otras regiones cuenta con el apoyo de guardias forestales, policías locales y agentes medioambientales). Además, cabe la posibilidad de que los seteros traspasen la linde del pueblo vecino y acaben dejando los euros que se gasten en los bares y establecimientos de esa localidad. También plantea un reto para distribuir los boletos o carnets de autorización en pueblos pequeños que no disponen de estancos, ni de oficinas de turismo.

Sin embargo, es lógico que los ayuntamientos traten de abordar un asunto que les perjudica por partida doble: por el daño infligido a su ecosistema –piedra angular de su desarrollo presente y futuro- y por los escasos o nulos beneficios que obtienen de un aprovechamiento que suele desarrollarse completamente al margen de la ley.

La ordenanza que regula la recogida del níscalo, los boletus y la seta de cardo que ha aprobado el Ayuntamiento galvito establece un permiso anual de “uso recreativo” para los empadronados de 5 euros, con un límite de recogida de 5 kilos al día, y de uso comercial por importe de 10 euros anuales con un límite de 20 kilos por día. El caso del uso comercial solamente se concederá a empadronados. Y, con respecto a las personas vinculadas a la localidad pero no empadronadas, el permiso anual recreativo será de 10 euros con el mismo límite de 5 kilos al día, mientras que a los foráneos el permiso diario es de 5 euros con un límite de 5 kilos en cada jornada. Las sanciones por recoger sin autorización o derecho van desde los 100 hasta los 1.000 euros.

Son cantidades proporcionadas y tarifas asequibles. Y, sobre todo, es un ejemplo que muestra hasta qué punto los pueblos con un elevado potencial setero –básicamente, los de la zona de la Sierra y Molina- necesitan que la Junta de Castilla-La Mancha cumpla de una vez sus buenas palabras en este asunto y arbitre una regulación que lime asperezas con aquellos ayuntamientos renuentes a este tipo de normativa y, sobre todo, que evite soluciones aisladas en cada pueblo. Porque no se trata sólo de dinero para las arcas municipales, que también, sino de preservar el campo, que es el principal recurso del medio rural en Guadalajara.

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