Castilla-La Mancha y la regulación micológica

Por Raquel Gamo

Hace apenas dos semanas recordamos en El Hexágono de Guadalajara la necesidad que tenía Castilla-La Mancha en general y, Guadalajara en particular, de un marco normativo que regule el aprovechamiento micológico. Pues bien, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicó el pasado lunes la Orden para regular la recolección de setas silvestres en los montes de nuestra comunidad. Aunque llega tarde, es evidente que se trata de una medida positiva y largamente reclamada por muchos colectivos. Los objetivos que se propone son preservar los ecosistemas forestales, de los que la micología es parte destacada; y marcar los límites en la recolección de setas y hongos, con el fin implícito –no lo dice textualmente- de evitar la economía sumergida. Pero, en todo caso, es aún una normativa incompleta: falta incorporar el papel de algunos actores implicados (como los agentes medioambientales) y, paradójicamente, falta que la Junta de Comunidades diga cómo piensa materializar esta orden, es decir, cómo se va a organizar la logística que permita controlar su cumplimiento.

Coto de setas que regula la búsqueda en un bosque burgalés. // Foto: Óscar Cuevas.

Aprovechamiento micológico en Burgos. // Foto: Óscar Cuevas.

El texto asume casi al completo la filosofía de quienes advierten desde hace años que la micología ha pasado de ser una práctica doméstica o recreativa a una comercial y, por tanto, con fines lucrativos. Esto tiene un impacto directo no sólo en la preservación del entorno sino que revela la necesidad de ser regulada, como cualquier otra actividad económica en el campo, ya sean cotos de caza o la extracción de madera. Es bueno que Castilla-La Mancha admita la necesidad de regular la recolección micológica, tal como en su día hicieron otras autonomías como Castilla y León o Aragón, en diferentes etapas y con sistemas también distintos.

Sin embargo, superado este escollo, la cuestión es si la Orden publicada responde a la problemática particular planteada en Castilla-La Mancha y si contiene todas las previsiones legales necesarias para llevarse a efecto. Quizá puedan hacerse varias precisiones, sobre todo, en lo tocante a la transparencia, la información al ciudadano y los medios necesarios para que esta norma no se quede en puro voluntarismo.

Vaya por delante que los ayuntamientos que ya tienen aprobadas ordenanzas en esta materia disponen de un plazo de dos años para adaptarse a la normativa regional. Creo que es un periodo suficiente. Sin embargo, la Orden no aclara cómo conseguirá la Junta unificar el modelo de autorización, tanto para disponer del mismo tipo de carné o permiso en toda Castilla-La Mancha; o si el permiso se expedirá por zonas, de tal manera que un setero de Tamajón que haya solicitado el permiso en esta comarca no podrá usarlo más allá de los montes de la provincia.

El director provincial de Agricultura, Santos López Tabernero, admite en una conversación con El Hexágono de Guadalajara que “la recogida de setas se hace en Guadalajara de forma indiscriminada y había que hacer una regulación por la que hemos luchado”. Sobre la laxitud de la orden reconoce que es “un primer paso general para solventar estos problemas, pero trataremos de mejorarla con los colectivos y asociaciones”.  Como punto de partida está claro el avance, pero también desde la administración se reconoce la posibilidad de pulirla. Así que vayamos al grano con los puntos que se quedan cojos en la norma.

El artículo 3 de la normativa aprobada indica que “la recogida de setas en los montes de Castilla-La Mancha será de carácter libre y episódico, siendo sus características el destino para el autoconsumo, el carácter recreativo de la actividad, sin ánimo de lucro, e inocuo ambientalmente”. El límite máximo de este tipo de recolección por persona y día será de cinco kilos de setas o un volumen aparente de 10 litros.

Son cantidades razonables, aunque no vale con acotar la cantidad de setas a recoger por persona y día. Es imprescindible establecer un sistema de autorizaciones y tarifas común para toda la región o bien implantado por comarcas, como ya sucede en la vecina Castilla y León, donde existen 12 áreas reguladas que se encargan de tramitar los permisos. Por poner un ejemplo: en la unidad de gestión de los Montes de Soria se conceden permisos recreativos o comerciales, según la cantidad a recoger (5 y 50 kilos al día, respectivamente); permisos de temporada o de dos días y permisos atendiendo a la procedencia del recolector, es decir, si es local, vinculado, provincial o foráneo.

Las restricciones en este punto varían según cada zona, aunque todas tienen implantados sistemas para hacer efectiva la regulación micológica. En el valle de Ultzama (Navarra), se deja recolectar hasta 8 kilos de setas u hongos por día y los seteros foráneos precisan de un permiso diario de 5 euros, uno anual de 50 euros o de 75 euros, dependiendo de los días de recogida. Sin embargo, el decreto foral de Guipúzcoa sólo habla de los montes públicos enclavados en los Parques Naturales y no exige ninguna autorización ni cuota para recolectar las setas. Son dos extremos pero reflejan la disparidad normativa que existe en esta materia.

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Alijo de setas y níscalos incautado en la provincia de Ciudad Real. // Foto: Abc.es

La Orden castellano manchega obvia desarrollar algo vital: cómo se va a llevar a cabo la recogida de setas de forma ordenada y controlada. Hasta el momento, han sido las administraciones locales las que han fijado la clase de autorización y el coste a abonar. Pero, si la orden no aclara nada a este respecto, ¿a qué se tienen que adaptar exactamente los ayuntamientos en estos dos años?

Es necesario, pues, que la Junta amplíe el contenido del artículo 3 referido a la “planificación de la recolección de setas silvestres”, matizando quién va a coordinar la recolección, las clases de permisos y los precios. De otro modo, no será eficaz para frenar a quienes expolian los montes.Un ejemplo a seguir en toda su extensión podría ser la normativa implantada en Aragón en 2014 en la que, además de concretarse los permisos y los volúmenes de recogida, se regulan también las contraprestaciones económicas de esta actividad según el aprovechamiento y se delega la competencia a los ayuntamientos para establecerlas. En Aragón tienen reglas claras y concisas, con muy pocas lagunas.

Otro aspecto importante de la norma en Castilla-La Mancha es que deja a la arbitrariedad la señalización. De este modo, se han eliminado las figuras de “zonas reservadas” y “cotos de setas” y no se dispone las señales según criterios técnicos. Tan sólo se insta a que se haga una “señalización conveniente”. Esto significa, en la práctica, que será el propietario del terreno quien tenga la potestad de prohibir la recogida de setas en su predio. Un concepto a todas luces insuficiente y que no aboga por equipar todos los carteles informativos. En definitiva, un nuevo error que puede llevar a los ciudadanos a incumplir involuntariamente la norma.

Por otro lado, el texto refleja de forma acertada –como no podía ser de otra manera- la prohibición de la venta ambulante de productos micológicos (artículo 9), aunque evita concretar cómo perseguirá la compraventa que ya se produce por parte de temporeros que explotan de forma ilegal el comercio de las setas, hongos y boletus. Aunque el responsable provincial de Agricultura reconoce que son los agentes medioambientales de Castilla La Mancha los que tienen esta competencia en el medio rural, la orden no es precisa y no los menciona.

De este modo, el artículo 10 recoge que la supervisión “se llevará a cabo por la Consejería con competencias en materia forestal, sin perjuicio de las competencias que tengan atribuidas los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”. Una formulación que dista mucho del borrador, que nombraba explícitamente a los agentes medioambientales de Castilla La Mancha como responsables de la supervisión de los montes públicos de la región. ¿A qué se debe ese cambio? Desde la Coordinadora Regional del Cuerpo de Agentes Medioambientales (CCOO) se muestran insatisfechos y creen que “la norma es ambigua, inconcreta e invisibiliza la figura y labor de los agentes medioambientales”. Y lo cierto es que si uno de sus objetivos es regular, controlar y perseguir el vandalismo que se ha dado en los montes de la región y en nuestra provincia durante los últimos años, es esencial que los ciudadanos conozcan quienes se encargan de vigilarlos y sancionar a aquellos que incumplan las normas. De otra manera, los seteros furtivos seguirán expoliando el monte con total impunidad y causando daños quizá irreparables al entorno.

La actividad micológica tiene un potencial enorme para revitalizar (parcialmente) las economías deprimidas de zonas rurales como el Alto Tajo, el Señorío de Molina o las Serranías. La Orden impulsada por el Gobierno regional es un paso importante, pero insuficiente. Veremos cómo se implanta el sistema de regulación y veremos la acogida que tiene entre ayuntamientos y aficionados. Queda mucho camino por recorrer. Y no sólo en lo tocante a la regulación, sino a la explotación del turismo micológico. Pero eso es harina de otro artículo.

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