Capitalismo de amiguetes

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Una imagen de la R2 // Foto: El Mundo.

El lunes saltaba la noticia. El Gobierno de España ha planteado quedarse con las ocho autopistas en quiebra y riesgo de liquidación que existen en el país. Entre ellas, se encuentra la R2, que une Madrid y Guadalajara. Así lo anunciaba el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien reconocía que la deuda asciende a la friolera de 3.400 millones de euros. Una barbaridad. A pesar de ello, desde el Ejecutivo desean que estas infraestructuras sigan operativas.

Y, para ello, Fomento quiere volver a sacar a flote el plan que presentó en marzo de 2014, durante el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy. Según este documento, el Estado asumiría las mencionadas autopistas, estableciendo una quita de un 50% de lo adeudado. El montante restante sería convertible en bonos a 30 años.

De hecho, ya han comenzado las conversaciones con los implicados. “Estamos intentando negociar con los bancos para ver si es posible un acuerdo que facilite las cosas, pero es complicado, es muy difícil, porque muchas entidades han vendido su deuda”, confirmaba De la Serna. Ante estas circunstancias, los juzgados han concedido una moratoria de seis meses. Con ello buscan dejar espacio al diálogo entre los implicados, previo a la búsqueda de otras posibilidades.

En principio, esta parece una medida positiva, con la que Gobierno mantendría en funcionamiento unas determinadas infraestructuras. Sin embargo, el problema es otro. Nos encontramos ante unas carreteras arruinadas. Una mala situación económica que no ha llegado por ciencia infusa. Todo lo contrario. El origen de esta situación hay que buscarlo en las pésimas previsiones iniciales que se plantearon. De hecho, los costes de construcción de estas Radiales se multiplicaron, debido a que los precios de expropiación se dispararon respecto a los cálculos preliminares. Pero si esto fuera poco, los cómputos de utilización de las referidas vías se quedaron cortos. Muy cortos.

Por ejemplo, la R5 –que une Madrid y Toledo– puede albergar hasta 100.000 vehículos diarios. Actualmente, sin embargo, apenas alcanza los 800. Y la R2, que llega hasta Guadalajara, no presenta un desfase tan abismal, pero la diferencia también es notable. Según lo edificado, puede acoger hasta 100.000 coches al día. Sin embargo, los datos de 2015 señalan que han transitado por ella 4.600 usuarios cada jornada. Sólo hay que salir por la ciudad y preguntar a la gente si alguien conduce por esta carretera. Se obtendrían muy pocas respuestas positivas. La gran parte de los arriacenses prefiere la N-II.

Una realidad que tiene que ver con el pésimo planteamiento inicial de las Radiales. Estas carreteras de pago –cuyo coste de utilización es altísimo– se construyeron paralelas a autovías gratuitas que conectaban emplazamientos muy similares. Porque, la R2 –al igual que la N-II– une Madrid con Guadalajara, pasando por lugares que se encuentran a escasos kilómetros de distancia. Por tanto, el ciudadano, ante calidades y trayectos prácticamente iguales, prefiere lo público. Estaba claro que el negocio iba a ser ruinoso. Se ha demostrado.

Y dicha obviedad, ¿por qué no la vieron desde el principio en el Ministerio de Fomento? ¿Fueron torpes o es que no quisieron darse cuenta? Ninguna de las dos opciones es buena.  Cuando se inauguraron las autopistas Radiales, el presidente era José María Aznar y la economía crecía al infinito. Había dinero para todo. Eran días de vino y rosas. Sin embargo, la realidad fue aflorando poco a poco. Durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero ya se planteó un primer rescate de las concesionarias de dichas carreteras. Después llegó el plan de 2014 –que finalmente no salió adelante– y, ahora, esto. Una nueva socialización de las pérdidas de los más ricos. Un capitalismo de amiguetes.

De hecho, parece que el gobierno asumirá los 3.500 millones de euros de deudas. Sin embargo, esta cantidad podría ser aún mayor. Existe la posibilidad que el montante ascienda hasta los 5.500 millones de euros, debido a la Responsabilidad Patrimonial que se tendría abonar a las compañías gestoras de las mencionadas infraestructuras. Se trata de un concepto que existe en la legislación española, para compensar económicamente a la empresa que ha realizado la inversión –en este caso, la construcción de la autopista–. Y todo ello, por una falta de previsión y un mal diseño de los costos.

Mientras tanto, se recorta en Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Investigación… Hay que ser austeros, dicen. Pero esta máxima no se aplica a todos. Siempre pagan los mismos. Y si el artículo 14 de la Constitución de 1978 habla de la igualdad de los españoles, debería ser un concepto aplicable a la totalidad de los aspectos. Por ello, el gobierno no debe llevar a cabo este rescate. Y si finalmente lo aprueba –por las razones que sean–, el uso de las mencionadas autopistas debería ser gratuito. ¡Qué menos!

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