Fallo de sistema

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Imagen de la fachada del edificio abandonado por su promotor pero en el que residen casi setenta familias, tanto ocupas como propietarias. // Foto: guadaque.com

“Juegan con cosas que no tienen repuesto, y la culpa siempre es de otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal” (Algo personal, Joan Manuel Serrat)

Por Borja Montero

A pesar de que sus consecuencias desastrosas normalmente no permiten ver las oportunidades que generan hasta mucho tiempo después, las crisis son muy útiles para revelar fallos en aquellos campos en que se producen. Las más comunes y dolorosas, por extendido de sus efectos, las económicas, deberían permitir, según esta teoría, solventar aquellas contradicciones del sistema con el fin de cambiar las cosas que no funcionan, mejorar su implantación y ser más efectivo para todos aquellos que participan de él, piezas todas indispensables para el mantenimiento del mismo. Sin embargo, cada día las noticias nos recuerdan que, desde la inauguración oficial de la crisis económica que azota España (y el resto del mundo con desigual crudeza dependiendo de las zonas) en 2008, quienes tienen capacidad de decisión en los engranajes del sistema han decidido parapetarse en las viejas reglas del juego, como si ocho años de vaivenes casi siempre a la baja no fueran suficientes para subrayar que hay algo que se ha estropeado, o que quizás nunca funcionó. Nuestro caso más cercano, en el tiempo y en el espacio, tiene lugar en Alovera.

Un total de 68 familias, que viven desde hace años en un edificio en esta localidad, se encuentran sin luz desde el pasado mes de agosto, casi cinco meses ya sin acceso a ningún suministro energético, motivo por el cual protagonizaron en la tarde de este miércoles una manifestación en la plaza de Santo Domingo de la capital. Algunas de estas personas son propietarios legítimos de sus viviendas, compradas sobre plano al promotor, mientras que otras accedieron al inmueble posteriormente, cuando el constructor vio que con las ventas realizadas no cerraban los números, y se han ido instalando paulatinamente tras ser víctimas de desahucios, desempleo prolongado y todo tipo de historias de falta de ingresos económicos.

A pesar de que la empresa había entregado a los propietarios oficiales los documentos para que pudieran entrar a vivir a sus casas, no todo estaba en regla, y les fue imposible contratar el servicio de luz de manera individualizada, por lo que se optó por mantener el enganche de todo el edificio a la electricidad utilizada durante la obra, una situación transitoria hasta que se arreglaran los papeles que quedaban pero que, debido a los posteriores problemas económicos de la empresa y su abandono de toda gestión relativa a este inmueble, se ha ido manteniendo en el tiempo. En agosto, se produce finalmente el alzamiento de bienes del constructor y la titularidad de este inmueble pasa a Banco Sabadell, que enseguida se da cuenta de que, aparte de la deuda que el promotor mantenía con ellos, el edificio ha seguido acumulando gastos impagados, esto es, la luz de sus inquilinos, tanto de los compradores iniciales como de los ‘okupas’ posteriores. Así que el nuevo propietario decide cortar por lo sano y, a pesar de que no ha intentado desalojar el inmueble de forma directa, sí ha procedido a desconectar el suministro eléctrico e informar a los vecinos de los costes que les supondría engancharse legalmente a la luz, una cantidad en la que el banco incluye, claro está, la deuda que le reclama la compañía eléctrica suministradora. La situación es conocida desde que se produjo el corte de luz por el Ayuntamiento de Alovera, municipio en el que están empadronados la gran mayoría de las familias, pero tampoco ha sido capaz de atajar la situación dadas la escasa maniobrabilidad que tiene la administración en este tipo de casos, más allá de apelar a la bondad de estas grandes empresas, y de la práctica inexistencia de alquileres sociales en la localidad.

De este modo, podemos comprobar en este simple caso multitud de fallos del sistema económico que se han ido haciendo patentes en los ocho años de crisis, algunos incluso antes, cuando las cosas parecían funcionar. Hay un edificio construido que no se ajusta a las necesidades reales de la demanda y, por tanto, no consigue vender todas las viviendas, caso flagrante de burbuja inmobiliaria al que posteriormente se van uniendo otros sucesos lamentablemente habituales tanto propias de la mala praxis constructora (cese o desaparición de empresas promotoras, desamparo de las personas que habían contratado sus servicios) como generales del sistema (situaciones de desempleo prolongado, fallo de los servicios asistenciales, ausencia de prestaciones y subsidios, desahucios, lentitud de tramitaciones administrativas y judiciales…). Detrás de todo este intento de racionalización y explicación de la situación se encuentra, sin embargo, una consecuencia menos mensurable pero mucho más humana: una sensación de desprotección del ciudadano que ve cómo el sistema público no es capaz de responder con agilidad a demandas inmediatas ni de contrarrestar efectivamente las actuaciones de las corporaciones privadas.

La crisis nos ha demostrado sobradamente que el lema de dinero fácil y rápido no sirve para mantener el sistema (al menos no un sistema que incluya a todas las piezas del mismo) y su aplicación tiene la patas muy cortas, una visión cortoplacista que, si no es muy beneficiosa en términos generales, lo es mucho menos cuando se está hablando de servicios esenciales para la vida de las personas. Juegan con la bolsa, los mercados financieros y prácticamente con cualquier cosa que vean como una hucha de la que puedan sacar unas monedas, pero quizás cuestiones tan sensibles como la vivienda y el acceso a determinados servicios vitales debería estar algo más protegida de los vaivenes económicos de las empresas prestatarias. Digo yo, si es que he leído bien entre líneas lo que nos han estado diciendo todos estos años (los ocho de crisis y los trescientos de capitalismo).

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