Imagen de una de las movilizaciones a favor de la dación en pago y en contra de las prácticas abusivas de la banca en relación con los préstamos hipotecarios. // Foto: Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara
Por Borja Montero
Los aficionados al western, así como a las traducciones un tanto peculiares de los títulos de películas extranjeras, habrán reconocido al inicio de estas líneas el nombre de la cinta del maestro John Ford que recrea el tiroteo en OK Corral (My darling Clementine para los angloparlantes). Sin embargo, lo que sigue poco tiene que ver con las películas del oeste, en las que eran los bancos los que eran robados, y no los que robaban (o tomaban subrepticiamente de los demás), y los malhechores se las veían, en la mayoría de los casos, con el sheriff u otros agentes de la Ley, y no salían impunes con el pelo más engominado y los zapatos más brillantes que antes del latrocinio. Tomo prestado este título para comentar el nuevo Real Decreto que el Gobierno aprobará, después de negociar algunos de sus detalles con el PSOE, este viernes para regular un procedimiento extrajudicial para la devolución del dinero cobrado indebidamente a los hipotecados por la inclusión de las abusivas cláusulas suelo en los préstamos para la adquisición de viviendas. Y es que, aunque por fin se reconoce oficialmente y se ponen cauces para la aplicación de la decisión del Tribunal Supremo, que las declaró ilegales en 2013, y al dictamen de la justicia europea, que obligó a las entidades financieras a devolver estas cantidades el pasado 21 de diciembre, lo que le espera a los fuertes, a aquellos que han resistido los embates de casi una década de crisis pagando mensualmente las letras de su casa, es una auténtica pasión, un concatenación de suplicios, hasta que por fin puedan recuperar su dinero, del que jamás debieron verse obligados a desprenderse.
Es de destacar el esfuerzo realizado por los dos principales partidos, PP y PSOE; para ponerse de acuerdo en un plazo del tiempo más que razonable sobre un tema tan sensible, que se estima que afecta a casi un millón y medio de ciudadanos, máxime cuando ambas formaciones se han mostrado siempre reacias a legislar o siquiera intervenir en cualquier cuestión relativa al mercado financiero. A pesar de esta cierta diligencia en la preparación de las reglas de este nuevo juego, el Real Decreto que se prepara parece abocar a los afectados a tener que pasar por los tribunales, ya que no obliga directamente a la banca a pagar el dinero cobrado indebidamente sino que deja el mango de la sartén en manos de los culpables del entuerto.
La iniciativa partirá de los propios bancos, que han de informar a sus clientes en un plazo de un mes desde la aprobación de esta medida de si tienen o no cláusula suelo en su contrato hipotecario, y será el ciudadano el que entonces podrá presentar su reclamación, que habrá de ser resuelta en un plazo máximo de tres meses. Este reconocimiento inicial de la existencia de esta cláusula no quiere decir que las entidades financieras asuman su culpa y estén dispuestas a pagar, sino que tendrán la potestad de decidir cuáles son los contratos que consideran abusivos, y pasarán a la siguiente fase de oferta voluntaria de devolución, y cuáles no, y no tienen derecho a esta solución extrajuidicial, aunque sí a litigar en los tribunales.
Asimismo, los bancos no se enfrentarán a una negociación con el cliente estafado, sino que también será la entidad quien llevará la iniciativa y hará una única oferta al hipotecado, una cantidad preferentemente en metálico pero que puede ser incrementada en otros productos financieros a iniciativa de los bancos (esto es, que ofrecen algo más de dinero pero no sale en ningún momento de sus arcas). Si se decide no aceptar el acuerdo y se llega a los tribunales, el Decreto establece que las costas del juicio no podrán ser imputadas al banco si el juez determina que la cantidad a devolver es igual o inferior a la ofrecida por el banco. Esto supondría un posible gasto extra para los clientes afectados que puede hacer que muchos, por miedo a tener que pagar estas costas judiciales, se queden con una devolución inferior a la que realmente merecen.
Así, a pesar de que se podría haber optado por una medida directa, en la que los bancos tuvieran un plazo máximo para hacer una devolución en cuenta a sus clientes afectados por esta sentencia y solamente litigar con aquellos que no estuvieran de acuerdo con la cantidad reconocida, el protocolo de actuación da la iniciativa de todo el proceso a la banca, causante de los desmanes que ahora se pretenden solucionar, retrasando además el pago de sus responsabilidades a los autores del lío y cargando nuevamente los tiempos muertos sobre las espaldas de los que esperan un solución.
Los menos fuertes. Después de este análisis (un tanto malintencionado, lo reconozco) del mecanismo de devolución de las cláusulas suelo, cabe recordar que, si los fuertes, los que han resistido a estas prácticas abusivas de los bancos en los momentos más duros de la crisis laboral, cuando veían el precio de su trabajo bajaba incansablemente mientras la cuota de su hipoteca permanecía inamovible, se enfrentan ahora a su particular travesía por el desierto, hay miles de familias que ni siquiera han llegado a esta etapa y que han sufrido con mayor crudeza las consecuencias de los tratos envenenados de las entidades financieras. Ellos también tuvieron, en muchos casos, sus cláusulas suelo y fueron precisamente éstas las que les costaron el suelo bajo sus pies y los de su familia, las que les hicieron perder sus hogares. Lamentablemente, este protocolo llega tarde para muchos.
El hexágono de Guadalajara 