Un plan que facilita los Presupuestos

El vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, y el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, durante una reunión reciente que mantuvieron en las Cortes de Castilla-La Mancha. //Foto: Álvaro Ruiz // JCCM.

El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro (c), y el secretario general de Podemos CLM, José García Molina, durante una reunión reciente en las Cortes. // Foto: JCCM.

Por Raquel Gamo

El Gobierno de Castilla-La Mancha anunció recientemente que asume el Plan de Garantías Ciudadanas del que Podemos había hecho bandera en su discurso público en la región. Esta decisión del Ejecutivo de Emiliano García-Page no es baladí. De hecho, era la condición sine qua non planteada por la formación morada para apoyar las cuentas públicas para 2017, pendientes aún de aprobación.

Se trata de un plan integral orientado a satisfacer las necesidades sociales más extremas de la región. Su puesta en marcha viene a demostrar nuevamente dos cosas: En primer lugar, el acertado giro en favor de las políticas sociales emprendido por la Junta desde la llegada de Page a Fuensalida. Y, segundo, que la alianza entre el PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha tiene cuerda para rato, a pesar de las escenificaciones en sentido contrario por ambos lados. A las dos formaciones les conviene una relación de entendimiento porque ni los socialistas disponen de mayoría absoluta, ni Podemos podría permitirse el lujo de forzar un vuelco para regalarle el gobierno a la derecha.

José García Molina admite que las conversaciones para aprobar los Presupuestos regionales están avanzadas. “Esperamos que se llegue a un acuerdo. Queremos que se apruebe el presupuesto para 2017 y el Plan de Garantías Ciudadanas es un primer paso, aunque no es suficiente”, sostiene. Y es que desde Podemos se espera que el gabinete de Page incremente además el gasto social en otros asuntos como educación, sanidad, bienestar social e investigación. Algo coherente con el programa político que siempre ha defendido este partido: apuesta por la educación pública, bajar los ratios de alumnos por aula, aumentar los recursos para la atención primaria o minimizar al máximo las derivaciones a otros hospitales de la región, entre otras acciones. Nada que no colisione con el programa de los socialistas en la región.

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes regionales, el alcarreño Rafael Esteban, indica a El Hexágono de Guadalajara que la negociación del plan de garantías se enmarca dentro de un paquete de medidas cuyo fin último es allanar el camino de los Presupuestos de Castilla-La Mancha para este año, cuyo plazo de aprobación expira a finales del primer trimestre. Las conversaciones avanzan a tan buen ritmo que el propio Esteban pronostica que “a mediados de la próxima semana” -en todo caso, próximamente- quizá haya fumata blanca sobre las cuentas.

El Plan de Garantías Ciudadanas, que se convertirá en ley en el futuro, se estructura en tres ejes: Un plan de garantía habitacional, otro de garantía de suministros básicos del hogar y un último de garantía de renta. El primero se centrará en situaciones de insolvencia sobrevenida y desahucios. El objetivo es fomentar el arrendamiento de viviendas desocupadas para estas familias, poner en circulación el stock de casas vacías mediante la negociación con las entidades bancarias y la creación de un registro de viviendas vacías, tal como ya existe en otras autonomías. Es decir, que nadie se quede sin un hogar. En este sentido, el Gobierno regional ya trabaja en la aprobación de una nueva Ley de Vivienda que saldrá adelante previsiblemente este año.

El programa de suministros básicos consistirá en ofrecer ayudas económicas a las personas en situación de pobreza extrema para que puedan abonar los recibos de luz y gas (en total, más de 4.000 familias). Además, se establecerán convenios con las empresas, de tal forma que se eviten los cortes de suministro eléctrico durante el invierno. Máxime en época de olas de frío polar como la que ha sufrido la Península esta semana. La iniciativa también contempla abrir una red de oficinas de atención al consumidor y fomentar actividades para sensibilizar a la población sobre ahorro energético.

Y por último, el programa de garantía de renta supondrá la puesta en marcha de planes de empleo, programas de formación remunerada y becada, proyectos que alternan la formación con el empleo, y la garantía de la alimentación infantil o el acceso a materiales escolares. El actual ingreso mínimo de solidaridad destinado a personas sin ingresos o que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, que ya se puede solicitar a la administración, también se integrará en este apartado. La idea es que se transforme en la renta mínima garantizada cuando se apruebe la legislación.

Detrás del lenguaje burocrático se esconde una batería de medidas, todas ellas necesarias y positivas. La viabilidad del plan en unos tiempos marcados por la austeridad en el gasto público también es una cuestión medular. El presupuesto que se va a dedicar de inicio es de 100 millones de euros, según anunció la Junta. “Es un plan factible. La clave no es lo económico, aunque nosotros estimamos que se necesitarán 120 millones. Lo importante es que vamos a modernizar el uso de la administración y llegar a las necesidades de la gente mejor y más rápido”, subraya García Molina a El Hexágono de Guadalajara. Esta actualización de lo público va a consistir en la creación de un registro único con el que se conseguirá agilizar los trámites burocráticos a la sociedad y evitar las actuales duplicidades entre diferentes organismos.

Veremos en el futuro los resultados que cosecha este plan. Si se queda en literatura o consigue pasar de la poesía a la prosa. De lo que no cabe duda a estas alturas es que existen causas justificiadas para promoverlo y también que su aprobación ha permitido -aparentemente- limar asperezas entre el PSOE y Podemos.

El Ejecutivo de CLM está obligado a tejer una sólida relación de lealtad con su socio en el Parlamento regional. Y ello exige pulir el consenso, pero también meter el acelerador (en la medida que lo permitan los recursos) para hacer realidad la máxima que el propio Page aseguró que presidiría la tarea de gobierno en esta legislatura: la recuperación del Estado del Bienestar. Pese a los avances claros en esta materia, la situación de los hospitales de Guadalajara y Toledo demuestra que aún queda mucha tarea por hacer en este terreno.

Por otro lado, la estrategia de Podemos de presionar y condicionar la continuidad del gobierno -sobre todo con los Presupuestos- quizá pueda ser efectiva de cara a su electorado, aunque quizá no es lo más acertado de cara a la opinión pública. Page necesita a Podemos para gobernar, pero Podemos dispone solo de dos escaños frente a los 13 del PSOE. La correlación de fuerzas es esta, así que la formación morada sólo tiene un camino si quiere influir más en el Gobierno regional: entrar en el mismo, gestionar una consejería, zambullirse en la ducha de realismo político que supone pasar de la teoría a la acción. Si no quiere dar este paso, está en su derecho. Pero en ese caso huelgan las escenificaciones extemporáneas, que es justo lo que ocurrió a finales de septiembre cuando el líder regional de este partido, José García Molina, escenificó la ruptura de un inexistente acuerdo de gobierno.

Sólo hay dos caminos posibles: romper la colaboración, lo que en la práctica supondría apoyar una moción de censura a Page, algo que no va a ocurrir; o bien transitar por la senda del acuerdo que, aunque pedregosa, siempre será más efectiva para los ciudadanos. El plan dirigido a las capas más vulnerables de nuestra sociedad demuestra que entre el PSOE y Podemos existen muchas diferencias, pero también una zona de interregno, que diría Errejón, muy útil para convertir las ideas políticas en soluciones pragmáticas para la gente.

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