De vergüenza

Yolanda Ramírez, la diputada provincial que ha abandonado las siglas de Ciudadanos. // Foto: Ciudadanos

Yolanda Ramírez, la diputada provincial que ha abandonado las siglas de Ciudadanos. // Foto: Ciudadanos

Por Álvaro Nuño.

Yolanda Ramírez Juárez, concejala de El Casar y hasta hoy, única miembro del grupo de Ciudadanos en la Diputación Provincial. Como militante de la formación naranja, hoy tendría que participar en las elecciones que decidirán si Albert Rivera sigue siendo su presidente o lo es otro militante. Sin embargo, la buena de Yolanda lo que votará realmente en el Pleno de la Diputación es mantener todas sus retribuciones como diputada no adscrita tras renunciar a su militancia en ese partido. Se da por tanto el enésimo caso de desvergüenza política en Guadalajara, la de aquellos que se presentan por unas siglas, ningún ciudadano les vota directamente pero, amparados por la ley, se toman su cargo en propiedad, con el consiguiente sueldo y prebendas; y, como siempre, con el discurso de la responsabilidad y del trabajar y representar a los ciudadanos por bandera. De vergüenza.

Deja el partido pero no deja el escaño. Es la historia de siempre. Pocos casos se han dado -no me viene a la memoria ninguno- en que cuando un cargo político abandona su formación, se vaya a su casa como vino, a lo mejor con la cabeza gacha porque no ha podido desarrollar todo el trabajo que hubiera querido como representante de los ciudadanos, pero con la frente alta por hacer lo moralmente correcto, al margen de que una ley a todas luces injusta y trasnochada decrete lo contrario, que los cargos son nominales y que, por tanto, pertenecen en propiedad al individuo que lo detenta, independientemente de que se represente a sí mismo, como le ocurre ahora mismo a Yolanda.

En el caso de esta mujer, el asunto se agrava porque hasta ahora ha representado a una formación que, en un primer momento defendió la supresión de todas las diputaciones provinciales, postura que suavizó en cuanto empezó a rascar bola; pero que, además, hace firmar  a todos sus integrantes que acceden a un cargo y a un sueldo público una “carta ética y financiera”, en la que estos asumen, entre otros compromisos “abandonar el cargo público para el que fue elegido en la lista de C’s y los demás cargos públicos que pueda ostentar por designación de C’s, en el supuesto de que cese en la militancia del partido por cualquier causa”. Hemos tenido acceso al modelo de esta carta ética que se supone que Ramírez firmó como todos los militantes de Ciudadanos tras las elecciones locales de mayo de 2015 y que la obligarían a cesar tanto como concejala en el Ayuntamiento casareño como en su cargo de diputada provncial, para el que fue elegida no ya por sus vecinos sino por el partido que, ahora le pide que cumpla su compromiso.

Sin embargo, resulta extraño que Ciudadanos no muestre esta carta públicamente firmada del puño y letra de Yolanda Ramírez. El propio escrito finaliza “Y para que así conste y sea de público conocimiento, con motivo de su aceptación en la inclusión como candidato de C’s”. Si no lo he entendido mal, el documento por tanto es público y desmontaría el discurso de la ex militante que afirma que su decisión se debe a la “falta de entendimiento” con determinados cargos de su partido, pero que mantiene “intactas las ilusiones y las ganas de seguir trabajando por mi pueblo y por mi provincia”, por lo que no renunciará ni al acta de concejala ni a la de diputada, esta última con sueldo incluido. Las múltiples “muestras de cariño” que ha recibido durante ese año y medio por parte de vecinos, alcaldes y concejales de todas las formaciones la animan a no dejar el puesto: “Por eso no dejo el acta, y por el compromiso que adquirí para seguir avanzando y generando cambio”. Menudo cambio ha dado la señora Ramírez, no sabemos si hacia delante o hacia atrás, pero sus explicaciones, dejando a un lado la retórica, no se tienen por ningún lado. ¿Ha firmado esa carta? le preguntaron directamente los compañeros de la prensa en la convocatoria pública donde realizó estas declaraciones, dando evasivas por respuestas. ¿Lo hizo sí o no? hay que preguntar también a Ciudadanos, y que mejor manera de responder que enseñar esa carta.

Se da la circunstancia de que la presencia de Ciudadanos es vital tanto El Casar -localidad donde sus cuatro ediles apoyan al alcalde del PP pero ahora como grupo independiente-, como en la Diputación Provincial -en la que el partido naranja deshacía el empate entre los diputados del Partido Popular y los de PSOE y Ahora Guadalajara juntos- aunque bien es cierto que tras imponer al comienzo del mandato el veto a la presidenta del PP, Ana Guarinos, como presidenta de la Diputación, su papel ha sido más que discreto y ha permitido el gobierno del también popular José Manuel Latre sin mayores complicaciones. No es de extrañar por tanto, la postura de los populares ahora de mantener las remuneraciones al grupo unipersonal de no adscritos el resto de la legislatura.

En el banco contrario, el Partido Socialista no ha tardado en tachar a la exdiputada de Ciudadanos de “tránsfuga” y de pedir el gobierno del Partido Popular que suspenda su remuneración de acuerdo al pacto antitransfuguismo firmado por ambas fuerzas políticas. El PSOE ya ha amenazado con denunciar a los populares por posible prevaricación y malversación, pero los de Latre ya se amparan en los informes jurídicos de la casa, que saben que serán afirmativos, remitiéndose a una ley injusta pero vigente. Ciudadanos por su parte piden, evidentemente, que la diputada abandone su cargo y dé paso a otro concejal naranja que represente a su partido en la Diputación, cosa que no va a ocurrir, aunque sería lo lógico y lo justo.

Hasta que los grandes partidos políticos no consensúen una ley justa que, bien determine que si los ciudadanos votan en listas cerradas a un partido político -como ocurre actualmente-, sea ese partido el que decida quién le representa en los plenos, o, por el contrario, permita las listas abiertas en las que los ciudadanos podamos votar directamente a los candidatos -como ocurre en las elecciones al Senado-, lo que facultaría a concejales y diputados a mantener actas personales refrendadas por elección directa, vergonzosos episodios como este seguirán dándose en la política española, tanto en las formaciones de la vieja política como de la recién llegada.

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