Sector apícola: sabor agridulce

Imagen de una edición anterior de la Feria Apícola de Pastrana. // Foto: http://feriaapicola.es

Por Raquel Gamo

Pastrana acoge hasta mañana su tradicional Feria Internacional Apícola, convertida en referente del gremio. En su trigésimo sexta edición, cuenta con la participación de 70 expositores españoles y procedentes de países como Portugal, Francia, Alemania, Italia, Hungría o Dinamarca, una veintena más que en la anterior cita. Algo que confirma su éxito de asistencia profesional, de visitantes y de volumen de negocio año tras año. Pastrana ya no podría entenderse sin su feria de la miel. Primero por la simbiosis que se ha establecido entre esta actividad y el pueblo, y segundo porque supone un encuentro de primer nivel para evaluar la radiografía de un sector icónico en la economía de Guadalajara, no tanto por su peso pero sí por su simbología.

La Feria Apícola pastranera se concentra a lo largo de tres días de intensa actividad en los que se celebrarán charlas, ponencias de expertos sobre la actualidad del sector o cursos de iniciación a la apicultura o el de catadores de miel. Además, este año el stand de Diputación de Guadalajara tiene como temática central el turismo gastronómico de la miel, bajo el eslogan Sabores de la Alcarria. La realidad es que nuestra provincia lleva años “tirando” de este segmento, tal como sostiene José Luis Herguedas, gerente de la feria de Pastrana. La miel de Guadalajara es sinónimo de calidad, no sólo por la producción que abarca la denominación de origen Miel de La Alcarria sino también por la que se registra en otros puntos de la provincia.

Pero, en todo caso, ¿cuál es la situación actual del sector mielero? Recordemos que España es el primer productor de miel de la Unión Europea y el decimocuarto del mundo. Con una media de producción de 26 millones de kilogramos, un abastecimiento que ronda el 100% del producto y 2,8 millones de colmenas censadas, se podría afirmar que el liderazgo español en este campo se consolida y amplifica ejercicio tras ejercicio.

Sin embargo, hay problemas. A la caída de un 40% la cosecha de miel en los dos últimos años -propiciada por efectos del cambio climático como la sequía y a las plagas y enfermedades letales para las colmenas-, se une la competencia desleal de la miel que llega desde China, según denuncian desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Y es que mientras el precio de la miel producida en la UE, que en España, disminuyó un 30% en 2016, oscila entre los 2,29 y los 6,5 euros por kilo, el coste de la miel china fue de 1,70 en 2014. Una gran diferencia que se traduce en peor calidad, ya que la oriental se fabrica utilizando productos fitosanitarios y antibióticos prohibidos por la normativa europea.

Detrás de ese mínimo coste, los apicultores españoles sospechan que el edulcorante que procede del país asiático no es miel de abeja pura. Ángel Díaz, responsable del sector apícola de COAG aseguró en El País que “entendemos que una parte de la miel procedente de China no cumple los estándares de calidad y seguridad alimentaria por el uso de antibióticos e insecticidas prohibidos en la UE, lo que supone ya una competencia desleal”. Estas acusaciones van más allá hasta el punto de considerar que un porcentaje de lo que se importa como miel es, en realidad, “jarabe de arroz, sometido posteriormente a un proceso industrial que podemos demostrar”.

Estas quejas del sector apícola pueden sustentarse en casos de fraude que se han descubierto con la supuesta miel fabricada en China. En este sentido, en 2013, las autoridades del gigante asiático incautaron 45 barriles de miel falsa, hecha de agua, azúcar, colorante y alumbre de aluminio como clarificante. Es más, una investigación realizada en 2015 por la Comisión Europea con muestras en 30 países, reveló que el 6% de la miel que se comercializaba como tal, estaba en realidad adulterada con azúcar en mayor o menor medida.

Otro problema añadido es el etiquetado de los productos en los centros de venta. En tanto que algunos países como Italia y Francia exigen a los distribuidores que informen sobre la procedencia del producto que comercializan país por país, en España hay una notable falta de información al consumidor. De este modo, cuando vaya a un supermercado a comprar miel no podrá distinguir su origen, porque no se especifica claramente en su etiqueta. Simplemente, se indica si las mieles proceden o no de la Unión Europea. Esta falta de transparencia con el consumidor es responsabilidad de la Administración, que ha sido demasiado laxa con la legislación en esta materia. No controla suficientemente que esa miel cumpla con los estándares de calidad obligados y deposita toda la confianza en las industrias. Para los apicultores, esta actitud condescendiente supone un ataque contra los productores y los mismos consumidores, porque no saben qué están comprando. Y no estamos hablando de cantidades inferiores. Cada año, el mercado español importa 30 millones de kilogramos de este edulcorante natural procedente de China y, en menor medida, Argentina.

Ángel López Herencia, presidente de la Asociación Provincial de Apicultores, puntualiza en El Hexágono de Guadalajara que “se está planteando una identificación clara de la miel a la administración. Los propios apicultores deberían formar, a través de cooperativas, marcas de comercialización a nivel estatal que fueran capaces de identificar con una etiqueta la miel española”. Es una sugerencia razonable y cargada de sentido común.

Pero, por si fueran pocos los problemas a los que se enfrenta el sector apícola en nuestro país, la presencia de plagas de insectos y enfermedades mortales para las colmenas no ha parado de crecer en los últimos años. La sequía y las elevadas temperaturas durante el verano, unido a varias enfermedades y los ataques de avispa asiática, están causando estragos en los colmenares. El daño es tal que ha provocado en ocasiones una pérdida de hasta el 30% de la cosecha, tal como ocurrió en 2015.  Sobre esta adversidad, los gobiernos tampoco han reaccionado con medidas que protejan a las colmenas de la invasión de estas especies asiáticas tan dañinas. Son los propios apicultores los que dan respuesta al problema reemplazando las colmenas enfermas por otras nuevas y, claro está, acarreando con las nuevas inversiones.

La maraña normativa es otro grave escollo a salvar por parte de los apicultores. La gran mayoría de los apicultores profesionales -unos 6.000 en España- se encuentran con grandes obstáculos legales cuando practican la trashumancia, es decir, las migraciones que hacen con sus colmenas entre regiones a lo largo del año. El hecho de que existan 17 normativas diferentes por cada una de las regiones sobre ordenación de explotaciones apícolas se traduce en el pago desigual de tasas, licencias y el cumplimiento de otros requisitos que dificultan mucho su actividad. Por ello, el colectivo apícola lleva años reclamando al Ministerio de Agricultura la aprobación de una Ley Estatal de Trashumancia. Otra asignatura pendiente.

En todo caso, si hay una razón de peso para que la apicultura sea una actividad protegida por la administración es por su decisiva función medioambiental. De hecho, de la polinización de las abejas depende la sostenibilidad de muchos cultivos e incluso de ecosistemas. Según el estudio Alimentos bajo amenaza, realizado por Greenpeace, el valor económico generado por la polinización de los insectos en la agricultura sumaría 2.401 millones de euros, el 11,1% de la facturación en origen de los principales cultivos españoles.

También se trata de una actividad económica que puede contribuir a revitalizar el desarrollo rural. Cada vez son más los productores de miel, profesionales o aficionados, que se mudan al campo y emprenden su negocio apícola. Una actividad que siempre ha estado presente en el ADN rural y que ayuda a preservar el medio y a atraer población. Algo vital para Guadalajara.

La apicultura merece ser considerada como una actividad productiva relevante, aunque se encuentre por detrás de la agricultura y la ganadería en impacto económico. Las administraciones harían bien en simplificar la legislación actual, invertir en investigación para detectar el origen de cientos de enfermedades que acaban con los colmenares y proteger el proceso de producción apícola hasta el eslabón de la comercialización. Y Guadalajara debería ser la punta de lanza de estas políticas.

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