Reformar el Estatuto

El Pleno de las Cortes debe aprobar la modificación del Estatuto por mayoría absoluta. // Foto cortesclm.es

Por Álvaro Nuño.

Hasta el próximo lunes, 15 de mayo, todos aquellos ciudadanos que quieran dar su opinión sobre la futura reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha vigente desde 1982 pueden hacerlo a través de una encuesta colgada en la página web regional. Se articula así un proceso participativo que se inició mediante una Resolución firmada por el vicepresidente de la región, José Luis Martínez Guijarro, el pasado 13 de marzo, pero que ya impone el propio Estatuto a los poderes públicos en su artículo 4.2, obligándoles a “facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política. Este mandato cumple una función importante de integración de la ciudadanía en el proceso de elaboración de la reforma estatutaria”. Las nuevas tecnologías hacen el resto, “democratizando” la posibilidad de aportar su opinión a todos los ciudadanos con cualquier aparato conectado a internet, algo muy extendido hoy en día, aunque sin duda la Junta deberá facilitar también durante este proceso la participación de colectivos que no puedan o no quieran hacerlo por este medio, como personas mayores o simplemente ciudadanos que no tengan acceso a internet, algo muy común en nuestro ámbito rural.

Será esta la segunda ocasión en que se intenta reformar el Estatuto de Autonomía de manera general, porque parcialmente ya ha sido modificado hasta en seis ocasiones. Ya en el año 2007 se inició un proceso con el mismo objetivo pero, entonces, la falta de consenso político, obligó a retirar el proyecto en mayo de 2010 al entonces también gobierno socialista encabezado por José María Barreda. “Por ello es necesario iniciar una nueva reforma del Estatuto de Autonomía para construir un marco político innovado, que sea la palanca de progreso de las nuevas generaciones de castellano-manchegos, y que nos sitúe al mismo nivel de autogobierno que el alcanzado por las Comunidades Autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla y León y Extremadura” reza el documento base de participación ciudadana elaborado por la Vicepresidencia.

El objeto de este procedimiento participativo ciudadano es “recabar la opinión de la sociedad civil sobre la finalidad, necesidad y oportunidad de la reforma, y los objetivos que se pretenden alcanzar”, que no son otros que mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos con la elaboración de una Carta de Derechos de Ciudadanía, perfeccionar el entramado institucional de autogobierno, profundizar en el autogobierno asumiendo el máximo techo competencial que permite la Constitución Española con el fin de aplicar políticas públicas plenas y concretar un marco solidario de financiación, presidido por el principio de suficiencia que permita asegurar el disfrute de los servicios públicos en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos del país.

La encuesta se compone de 15 apartados y, tras rellenar como datos obligatorios, nombre, apellidos y correo electrónico, tanto de personas físicas como jurídicas o agrupaciones, el encuestado puede pronunciarse sobre todas estas cuestiones: la necesidad de reformar el Estatuto; el objeto de la reforma; los derechos sociales de la ciudadanía -haciendo mención expresa a personas mayores, jóvenes, mujeres, menores, y discapacitados-; la garantía de los derechos de los ciudadanos -reflejada en los presupuestos regionales, el Consejo Consultivo y el Observatorio Ciudadano, el Defensor del Pueblo regional y los tribunales-; el régimen electoral -apelando explícitamente a su reforma con el fin de  “conseguir una proporción equilibrada de diputados en las Cortes” y de “lograr una verdadera representación democrática de las circunscripciones, con cumplimiento de la representación territorial y de población”; modificar el régimen de aforamiento de los diputados; mejoras institucionales que supondrían rescatar o no figuras como el Defensor del Pueblo, el Consejo Consultivo, la Cámara de Cuentas o el Observatorio Ciudadano-; el Régimen local -autonomía de municipios y provincias o transferencias de nuevas competencias a las corporaciones locales y sus correspondientes medios económicos-; mejora competencial de la autonomía respecto al Estado en sectores como agua, investigación y políticas de género; financiación para garantizar la prestación de todos los servicios prestados por Castilla-La Mancha; y un capítulo de “Otros” donde las personas participantes puede incluir cualquier otro aspecto no contemplado.

Partiendo de que cualquier vía de participación ciudadana debe ser siempre aplaudida y apoyada, el formato de esa encuesta resulta un poco extraño, ya que no se plantean todas estos temas como cuestiones, es decir no se pregunta con claridad, por ejemplo “¿Es usted partidario de modificar el actual régimen electoral?” con dos respuestas: “Sí” o “No”, y en caso de que haya contestado que sí no plantea modelos alternativos claros por el cual el ciudadano pueda decantarse. Simplemente, se hace una exposición de los aspectos que se quieren modificar en el Estatuto y se deja un espacio reservado para comentar “lo que considere sobre cada uno de los temas planteados”, lo que puede derivar en un verdadero galimatías de opiniones muy difícil de cuantificar.

Otra de las cosas que se echan en falta en este formulario es un enlace al Estatuto vigente, donde el ciudadano participante pueda ver qué grado de aforamiento, por ejemplo, disfrutan actualmente los diputados y, por tanto, opinar sobre si hay que modificarlo o no y en qué sentido. Esta cuestión figura en el apartado 3 del artículo 10, donde se establece que “los miembros de las Cortes de Castilla-La Mancha gozarán de inviolabilidad aun después de cesar en su mandato, por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato no podrán ser detenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de la Comunidad, sino en caso de flagrante delito. Corresponderá decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de la Región. Fuera del territorio regional, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”. Es decir que sí están aforados y cuentan con privilegios de los que el resto de ciudadanos carecen. ¿Están de acuerdo con este artículo, sí o no? debería preguntar la encuesta abierta y directamente. Y, en caso de no estar de acuerdo, ¿es partidario de eliminar el aforamiento de los diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha? ¿Sí o no?

En cualquier caso, es el momento de que los ciudadanos tomen la palabra y opinen sobre la idoneidad de reformar el Estatuto que rige la región, sobre aquellas modificaciones a llevarse a cabo y en qué dirección. Después continuará el proceso que ya contempla la propia norma y que requerirá, en todo caso, de “la aprobación de las Cortes de Castilla-La Mancha por mayoría absoluta y la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica”.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s