La casita del señor Duque

Iniciativa ‘Abraza el Infantado’, Guadalajara // Foto: Nando Rivero-La Calle Guadalajara

Por Ávaro Nuño.

¡Anonadados!, ¡ojipláticos!, ¡desconcertados!, ¡furiosos! Así nos hemos quedado al saber por boca de la senadora socialista por la provincia, Riansares Serrano, que el Ministerio de Cultura está redactando desde el pasado mes de agosto un proyecto para habilitar un “pisito” al Duque del Infantado en el propio palacio que lleva su nombre. ¡Toma Jeroma! Nada más y nada menos que en el edificio histórico más emblemático de la ciudad, candidato a convertirse en Patrimonio de la Humanidad, el noble ha decidido desempolvar sus derechos históricos y acondicionar la última planta del torreón del Palacio del Infantado, ocupada antes por el Archivo Provincial, para su uso particular. Y el Estado ha decidido pagarle el “capricho” con 17.000 euros que ha costado el proyecto, ya redactado y finalizado aunque por el momento desconocido.

Como denunciaba Serrano en rueda de prensa, El Ministerio se ha cuidado muy mucho de llevar este asunto con el máximo sigilo. De hecho, para obtener esta información, la senadora -anterior directora del Archivo Histórico Provincial, que también se ubicaba en el Palacio hasta el traslado a su actual sede en 2013- ha tenido que presentar una pregunta en el Senado, ya que ni la Junta de Comunidades, que gestiona el edificio, ni los responsables del Museo Provincial, ubicado allí, sabían nada de nada, y la respuesta ha sido sorpresiva para casi todos. Cien años después de abandonarlo, la familia Mendoza vuelve a querer recuperar sus posesiones, eso sí, después de que el palacio fuera arrasado en la Guerra Civil y reconstruido completamente por el Estado con el dinero de todos.

Justamente el año que viene se cumplirá un siglo -el 21 de julio de 1878- desde que el Duque de Osuna cediera el uso del entonces semiruinoso edificio al Ministerio de la Guerra para que se instalará allí el Colegio de Huérfanos, que permaneció hasta 1936 cuando el edificio fue completamente destruido por los bombardeos de la aviación franquista al comienzo de la Guerra Civil, concretamente en un fatídico 6 de diciembre. En 1960, el Duque lo cedió de nuevo al Ministerio de Educación, que lo restauró por completo para albergar ya en 1972 la Biblioteca, el Archivo y el Museo provinciales, servicios que han ido abandonando sus muros para dejar solo a este último que, por lo que se ve, ahora volverá a compartir dependencias pero no con otro servicio público sino con la residencia privada y “ocasional” del actual duque del Infantado y marqués de Santillana, Íñigo Arteaga y Martín.

En ese acuerdo de cesión -explica la senadora alcarreña- es cierto que se reconocía una reserva de uso de unas dependencias para el duque pero exclusivamente para que pudieran ser habitadas “de manera ocasional y utilizadas como museo y archivo familiar”, derecho que la justicia ratificó en una sentencia de 2009. Pero no se detallaba “cómo ha de ser la vivienda, dónde ha de estar o cuáles deben ser sus características y acabados”, por lo que extraña que el Ministerio se haya gastado nada menos que 17.000 euros para realizar un proyecto de estas dependencias que, como palaciegas que son, parece que tendrán incluso acceso directo al jardín.

Si ya de por si resulta vergonzoso este descubrimiento, lo es más cuando el actual inquilino del palacio, el Museo Provincial, -el más antiguo de España-, “se encuentra prácticamente abandonado”, asegura Riansares Serrano, quien afirma que las únicas inversiones del Ministerio en los últimos años se han limitado a adquirir un equipo de control ambiental de segunda mano, procedente del Museo de Bellas Artes de Valencia, y una estantería, también usada, que antes estaba en el Museo Romántico de Madrid. “Eso es todo”, ha recalcado.

Esta situación ya fue denunciada por la exalcaldesa y ex directora de la Biblioteca, Blanca Calvo, en un artículo publicado en el boletín nº 3 “La Hora” que la formación Ahora Guadalajara editó en el tercer trimestre de 2016. En sus páginas, Calvo recordaba que “el 4 de enero de 1960, los vecinos de Guadalajara nos convertimos en propietarios absolutos del Palacio. Tuvimos que gastar cantidades astronómicas en su reconstrucción. La sustitución de una sola columna del claustro alto costó un millón de pesetas de 1981. Y todo ese dinero salió de nuestros bolsillos: el duque no puso ni un céntimo”. Pero el resquicio dejado en el acuerdo parece haber sido bien aprovechado por la familia del noble, que nunca ha renunciado a él, pese a los intentos del Gobierno de España para anularlo, negociando compensaciones económicas u otros inmuebles. Ahora, por contra,  “el Ministerio está calibrando seriamente acotar un buen espacio y montarle un piso grande y fijo que de ocasional no tendrá nada”, alertaba.

Pero ¿para qué quiere el Duque volver a vivir en el palacio de sus ancestros? ¿Se imaginan al muy noble señor Arteaga y Martín paseándose en bata y zapatillas por el palacio seguido de su mayordomo y su asistente de cámara llevándole el té? Esa no es una imagen del siglo XXI y menos en un edificio tan emblemático para esta ciudad, que todos consideramos nuestro porque realmente lo es. “¿Va a haber en el palacio del Infantado un coto privado para fiestas y saraos, como los que se hicieron hace algún tiempo?”, se pregunta la senadora del Reino recordando el enlace privado que celebró hace décadas esta misma familia en el palacio, haciendo uso “ocasional” también de este derecho a todas luces injusto y anacrónico. O como decía la exdirectora de la Biblioteca en su artículo de 2016 (curiosamente, ambas habitaron el palacio en el desempeño de sus funciones), “¿vamos a soportar que nos metan a un inquilino indeseado sin decir nada?”

Rajoy entre Román y Cospedal apoyando la candidatura del Palacio del Infantado como Patrimonio de la Humanidad en 2016. // Foto: eldiario.es

La sociedad alcarreña tiene que unirse y reaccionar hasta conseguir que el Ministerio dé marcha atrás y no ceda ninguna dependencia del palacio, ni se gaste un solo euro de dinero público en los caprichos de este noble señor. Instituciones, organismos -Estado, Junta y Ayuntamiento- y partidos políticos deben alzar su voz nítida y claramente para denunciar este uso privativo de un bien público, tan querido para los guadalajareños como es “nuestro” Palacio del Infantado. Hago mía la última arenga con la que Blanca Calvo terminaba su artículo: “¡El palacio es completamente nuestro y tenemos que defenderlo!”.

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