El martirio del regadío de Cogolludo

Por David Sierra

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El consejero de Agricultura reunido con la Asociación de regantes. Foto: http://www.nuevaalcarria.com

Más de 15 años han pasado ya desde que en abril de 2002, el regadío de Cogolludo fuera incluido en el Plan Nacional de Regadíos Sociales de ese año mediante el Real decreto 329/2002, firmado por el entonces Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, sin que aún los regantes involucrados en este proyecto hayan podido hacer uso de las infraestructuras. Durante el proceso, aún sin finalizar, han quedado en la cuneta proyectos de vida y muchas esperanzas de revitalización de una comarca donde los intereses políticos se han impuesto al general de los ciudadanos.

Desde que el proyecto fuera puesto sobre el papel impulsado por un conjunto de agricultores de la comarca convencidos de que podría traer mayores beneficios para la zona, y que contaban con el éxito de la experiencia del anterior regadío creado en torno al Bornova, ha sufrido el boicoteo constante de quienes en la misma zona han rechazado esta infraestructura atendiendo a intereses partidistas e incluso por animadversión personal hacía los promotores. En los pueblos de menor tamaño, como los que integran la mayor parte de la provincia de Guadalajara, las diferencias políticas y personales entre los vecinos suelen ser el mayor freno para el desarrollo. El hecho de que la política provincial esté integrada por poderes municipales suponen una losa en muchos casos imposible de levantar según qué proyectos y las personas que integren en cada momento las instituciones. El regadío de Cogolludo es el ejemplo más evidente.

El gobierno de Aznar, unos meses antes de salir de Moncloa, dotó al proyecto del mayor grado de protección legal allá por diciembre de 2003 al considerarlo de Interés General dando pie a que se constituyese la Comunidad de Regantes que aprovechase la infraestructura. Guadalajara se movía en esos años como uno de los motores principales de la economía regional y todas las iniciativas eran bienvenidas, más aún si contaban con el beneplácito del Estado y la propia Unión Europea.

Cinco años más hicieron falta para compatibilizar el proyecto con el Plan de Cuenca que garantizase el suministro de agua a la futura infraestructura procedente del río Henares. El consenso entre la Confederación Hidrográfica del Tajo, JCCM y los regantes llegó en 2007 haciendo viable el plan. En ese año, el director general de Mejora de Explotaciones Agrarias, Juan Manuel Suárez, se comprometía a financiar entre el 70 y el 75 por ciento del coste total de la obra. La superficie inicial iba a ser de 2.026 hectáreas aunque al final se quedó en 1.462 involucrando a 220 agricultores de los términos municipales de Cogolludo, Carrascosa de Henares, Arbancón, Espinosa de Henares y Membrillera.

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Regadío del Bornova. Foto: http://www.agroclm.com

Con el gobierno de España, el ejecutivo autonómico y los ayuntamientos de los municipios afectados todos del mismo signo político, la tramitación del proyecto apenas contó con oposición. Las únicas voces discordantes se producían en barras de bar difundidas por algunos miembros de la Asociación de Agricultores de Guadalajara (APAG), reticente desde el principio ante su falta de protagonismo. Su principal crítica se centraba en la inversión a la que debían hacer frente los agricultores comprometidos, que consideraban excesiva. Para ello, los regantes habían obtenido financiación crediticia a través de la extinguida Caja de Guadalajara en unas condiciones muy ventajosas.

Entre 2009 y 2011 tuvieron lugar los trabajos responsabilidad de los regantes y de la Junta, tan sólo a falta del tendido eléctrico y con una inversión de 22 millones de euros ya ejecutados. En ese año, el ejecutivo autonómico abandonó las obras, tras salir en mayo María Dolores de Cospedal triunfante de las elecciones autonómicas y obtener la Presidencia regional. Mariano Rajoy sería investido presidente del Gobierno unos meses más tarde, en diciembre. El cambio de signo político fue definitivo para que el regadío de Cogolludo quedara relegado al olvido a pesar de las denuncias constantes de los regantes para que la Junta de Cospedal terminara la parte comprometida.

Desde el año 2011, con el Partido Popular en todos los órganos de poder, la dilatación de los trámites de manera incomprensible y con justificaciones que han rozado el absurdo ha generado que, por un lado, la infraestructura ya creada se haya visto deteriorada por el paso del tiempo sin darle uso y, por otro, el retraso económico y social de una de las zonas que, con esta infraestructura, podría haber sido de las más prósperas del entorno rural provincial.

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Anuncio del consejero de Agricultura de la inversión destinada a finalizar la obra.

La caída de Cospedal de su trono autonómico y la entrada de Emiliano García Page ha supuesto una luz al final del túnel por el que está atravesando este proyecto. Si bien los avances son todavía escasos, el regadío de Cogolludo ha vuelto a centrar el debate en la administración que debe resolver su ejecución. El proyecto de presupuestos regionales de este año contaba con una partida específica para concluir las obras, pero el desacuerdo entre Podemos y PSOE puso de nuevo contra las cuerdas el plan de riego.

El último halo de esperanza ha llegado hace apenas unos días cuando el actual consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, firmaba la resolución que aprueba la obra final del proyecto para poner en marcha la infraestructura por un importe de 6,5 millones de euros con un plazo de ejecución de 18 meses. Por el camino han quedado interesantes proyectos agrícolas y comerciales que de haber estado ya funcionando esta infraestructura hubiesen supuesto un impulso para toda la comarca y, sobre todo, la pérdida de confianza en unas administraciones personalistas incapaces de atender al Interés General.

El martirio de los regantes de Cogolludo parece que llega a su fin. Será entonces el momento de exigir responsabilidades ante las pérdidas millonarias que la deficiente gestión del ejecutivo autonómico ha generado en sus economías, imposibilitando que pudieran amortizar la inversión llevada a cabo en su momento con el aprovechamiento de la infraestructura. Aunque esa será otra batalla y quién sabe si ante otro gobierno. Veremos.

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