
Varios operarios de la ARMH trabajan en la exhumación de los cuerpos de los fusilados en la fosa común del Cementerio en busca de los restos de Timoteo Mendieta. // Foto: eldiario.es
Por Borja Montero
A Guadalajara le ha tocado ser pionero en una materia tan sensible como es la recuperación de la memoria de muchas familias separadas por la Guerra Civil y, lo que es más grave, por la arbitrariedad del régimen totalitario que surgió de la contienda, cuarenta años de franquismo que han dejado demasiadas cicatrices sin restañar. La doble exhumación de cuerpos en busca de los restos de Timoteo Mendieta ha sido un hito en este camino, acrecentado por la épica de la perseverancia de su anciana hija, del viaje al otro lado del Atlántico y de la implacabilidad de la jueza María Servini para conseguir la necesaria colaboración de los juzgados españoles. El carácter primerizo y de posible marca de tendencia de este caso para futuras reclamaciones similares hace que cualquier novedad al respecto sea una noticia de gran alcance y, por tanto, sea acogido con atención y analizado por familias y colectivos implicados. La última ha sido bastante sonrojante para lo que concierte a los guadalajareños: el Ayuntamiento de la capital ha envíado a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, entidad que se encargó de la excavación para recuperar los cadáveres, una notificación para el pago de 2.057 euros en concepto de tasa de uso del Cementerio Municipal por la exhumación de Timoteo Mendieta y otros 27 cuerpos.
Los reparos que podrían ponérsele a la decisión de remitir la factura a la ARMH, más allá de los morales y democráticos, que a estas alturas de la película me resultan evidentes, son de carácter procedimental, jurídico e, incluso, logístico. Para empezar, no se trata de un acto administrativo al uso, de un trámite corriente. Los cuerpos enterrados en las fosas comunes del Cementerio Municipal de Guadalajara no están ahí por deseo de las familias, que han solicitado por los cauces administrativos correspondientes el uso de dicho enterramiento y han pagado las tasas devenidas de dicha ocupación, y ahora quieren trasladar estos restos a otro lugar (espero que, después de leer estas palabras, no quiera el Ayuntamiento también cobrar a los familiares las tasas por los 78 años de ocupación del enterramiento, aunque el razonamiento sería similar al que les ha llevado a emitir la notificación de pago de la tasa a la ARMH). Se trata de una situación excepcional en la que estas personas se han visto privadas de los restos de sus familiares (por no recordar que también de su compañía, ya que fueron reprimidos y fusilados) por un régimen ilegal que tomó el poder por la fuerza, una situación injusta que se pretende enmendar con esta recuperación de los restos y su puesta disposición de las familias.
Por otro lado, e incidiendo en la justificación anterior, existe un mandato judicial para llevar a cabo las labores de exhumación e identificación del cuerpo de Timoteo Mendieta por parte de las autoridades judiciales argentinas, una petición que, tras varios intentos, fue finalmente atendida por los Juzgados guadalajareños, lo que viene a recalcar que no se trata de un trámite administrativo cualquiera al alcance de cualquier ciudadano sino de una situación excepcional. Me pregunto si, de haber sido España un país lo suficientemente maduro como tomarse en serio la Ley de Recuperación de la Memoria Histórica desde el principio y este tipo de actuaciones hubieran sido más numerosas, se hubieran tratado en los tribunales nacionales y se hubieran llevado a cabo por policías forenses u otro tipo de funcionarios y fedatarios públicos, el Ayuntamiento también les hubiera remitido las facturas de los distintos desenterramientos a los Ministerios y Juzgados correspondientes. Creo que la respuesta es evidente.
Además de la excepcionalidad evidente de la situación, cabe recordar que el Pleno del Ayuntamiento aprobó hace más de seis meses una moción para que se modificaran las ordenanzas fiscales municipales de uso del Cementerio con el fin de que las exhumaciones y inhumaciones de personas represaliadas por el franquismo no tuvieran que hacer frente al pago de la tasa correspondiente. En este periodo de más de medio año, el Equipo de Gobierno no ha incluido esta modificación en este tributo, por lo que incumple nuevamente un precepto aprobado por la cámara que representa a todos los ciudadanos y, con ello, expone a sus concejales a posibles acusaciones por prevaricación, como la que está pensando interponer la ARMH.
En cuanto a la parte puramente logística, cabe recordar que los operarios municipales no tuvieron que hacer absolutamente nada para la exhumación de los cuerpos enterrados en las fosas comunes, ya que fue la ARMH la que aportó todo el equipo técnico y humano para llevar a cabo la excavación, extracción de los cuerpos e identificación de los mismos, así como los gastos derivados de estas tareas. Resumiendo, que estos trabajos no le costaron ni un euro al Ayuntamiento.
Los de un lado y los del otro. El azar es muy caprichoso y ha querido que la notificación del pago de la tasa a la ARMH haya coincidido con los actos de homenaje a las víctimas del terrorismo celebrados en la ciudad con motivo del vigésimo aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, una cita que en Guadalajara ha tenido al alcalde de la capital, Antonio Román, como actor principal, maestro de ceremonias y anfitrión. El discurso del primer edil, como no podía ser de otra manera, ha abordado algunos de los lugares comunes habituales en este tipo de homenajes, cuyo mensaje, no por conocido, es menos válido, máxime en tiempos convulsos como los que vivimos: la defensa de los valores democráticos y del derecho a diferir del otro, la oposición al fanatismo de los que matan por ideas políticas y la necesidad de unidad en la repulsa de esos execrables actos.
Miguel Ángel Blanco y Timoteo Mendieta tienen muchas cosas en común: ambos eran militantes de base en organizaciones que defendían su forma de ver el mundo, ambos tenían cierta relevancia social y política dentro de poblaciones más o menos pequeñas y ambos fueron asesinados por radicales que no compartían sus ideas. Ambos son igual de víctimas, aunque el Ayuntamiento nos ha querido recordar estos días que la familia de uno de ellos lleva un duelo mucho más largo.
Hay 282 fusilados en la carcer de Guadalajara por los milicianos republicanos en 1936 y estan enterrados en el cementerio de la carretera de Chiloeches, seguro qeu si algun familiar quiere sacar sus restos el Ayuntamiento del PP no les pasa la tasa
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