El Pleno del Ayuntamiento debatió ayer sobre sí mismo y sobre la necesidad de cambiar algunas fórmulas de funcionamiento que, ahora que se ha acabado la mayoría absoluta, parecían un poco faltas de democracia. // Foto: C’s Guadalajara
Por Borja Montero
La difícil aritmética política de las diferentes administraciones locales, provinciales, regionales y nacionales en los últimos dos años debido a la entrada en liza de nuevos partidos que han roto la tradicional correlación de fuerzas PSOE-PP ha sido el tema de decenas de artículos en este foro en los últimos tiempos, analizando las consecuencias del reparto de votos y, por tanto, de escaños en las diferentes instituciones. Uno de los protagonistas principales de nuestros agudos exámenes ha sido el Ayuntamiento de Guadalajara, en el que la entrada de de Ciudadanos y Ahora Guadalajara ha motivado el Gobierno en minoría de alguien que, a fuerza de mayorías absolutas, no está muy acostumbrado a tener que rendir cuentas ni a no salirse con la suya, Antonio Román. En el ultimo capítulo de esta serie de desdichas para el alcalde, de sapos que la fragilidad parlamentaria le ha hecho tener que tragar, se encuentra la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno Municipal que los catorce concejales de la oposición le han obligado a redactar al equipo de Gobierno.
La fórmula que se utiliza hasta este momento para la organización del debate en las sesiones plenarias del Consistorio tiene algunas fallas democráticas evidentes. Así, se establecen poderes prácticamente plenipotenciarios para el alcalde como director del debate, facultándole a hablar cuando estime oportuno sin unas especificaciones protocolarias. Es decir, que Román puede tomar la palabra cuando desee sin limitarse a comentar cuestiones de orden, sino que tiene permiso para hablar cuando quiera y cuanto quiera de lo que quiera. En esta misma linea, en el debate de los puntos y decisiones de gestión que se votan en el Pleno, cada menos temas y de menor importancia después de que la Ley de Grandes Ciudades haya cercenado la competencias de este órgano de decisión, el concejal del equipo de Gobierno del área, como proponente del punto en cuestión, tiene también tiempo ilimitado para explicar el tema y, lo que es más sangrante para los concejales de la oposición, para contestar a las críticas, además de ser el encargado de cerrar el debate antes de su votación. En la no tan lejana época de la mayoría absoluta, los tiempos del rodillo, este sistema de funcionamiento del Pleno era un buen reflejo del modo de proceder habitual del equipo de Gobierno, ya que la última palabra de lo que pasaba en el Ayuntamiento la tenía alguno de los concejales populares y, en última instancia, el alcalde.
El futuro Reglamento Orgánico del Pleno, según la moción que se aprobó ayer con el voto en contra del PP, intentará dar una cierta imagen de mayor apertura a las sesiones plenarias, haciendo que el alcalde no pueda convertirse en árbitro y juez de cualquier debate o, si decide hacerlo, será con una cierta limitación temporal para sus discursos, en ocasiones mítines de varias decenas de minutos en los que repartía estopa a sus distintos rivales políticos, haciendo olvidar incluso el tema original del debate. Por otro lado, esta modificación también establece que el orden de intervención que existe para los puntos de gestión también se mantenga en el caso de las mociones y las propuestas de los grupos políticos. Este cambio tiene su cierta lógica, ya que, al igual que ocurre en el caso de los temas de gestión municipal, el proponente de las medidas debe tener el derecho a la ultima palabra, ya sea para agradecer el apoyo o las enmiendas constructivas de sus colegas concejales o para responder a las dudas o críticas que provoca su petición, algo que hasta el momento no ocurría ya que ea el grupo con mayor representación, siempre el PP, y/o el alcalde quienes cerraban estos debates.
Como se ha comentado anteriormente, la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno viene en una moción propuesta y aprobada por los grupos de la oposición y ya hemos visto a lo largo de esta legislatura la poca prisa que tiene el equipo de Gobierno en poner en marcha aquellas decisiones tomadas por el Pleno con sus votos en contra. Sabedores de esto, los redactores de la moción ha incluido el compromiso de que se empiece a trabajar en el nuevo texto antes del 30 de octubre. A ver si este primer paso sirve para que la voz del Pleno se termine escuchando aunque las proposiciones no vengan del partido del Gobierno o estén apoyados por sus concejales, algo que también se pretende poner negro sobre blanco en la modificación del Reglamento, quizás el avance mas ambicioso pero, llámenme pesimista, el que creo que quedará más matizado en la redacción final del proyecto.
El hexágono de Guadalajara 