Compromiso

“Vas a muerte y nunca te cubres, / te funden a la mínima. / Las promesas nunca se cumplen, / un cuestión política” [“Las chicas son magníficas”, Quique González (Delantera mítica, 2013)]

Por Borja Montero

Las definiciones de la política, así como los atributos que se le atribuyen, valga la redundancia, a la disciplina en sí y a aquellos que la practican, son múltiples. Así, entre “el arte de hacer posible lo imposible” y “un nido de mangantes”, en un ejercicio casi aristotélico de búsqueda del término medio, cada cual puede encontrar lo que significa realmente el ejercicio de la cosa pública, incidiendo en aquellos puntos que prefiera destacar. En esta colección de vicios y virtudes del noble arte de la gestión de lo que es de todos, hay algunos ítems que son un must (algunos aspectos que se antojan obligatorios, para aquellos que prefieren no sucumbir a los anglicismos y neologismos innecesarios), tales como la capacidad de diálogo y observación, una mínima organización o la imaginación necesaria para no quedarse en lo que ya existe y para trazar innovaciones y nuevos proyectos que hagan el mundo un poco mejor para sus gobernados, ya sea cambiando la ley o su espíritu de una forma sustancial o poniendo una parada de autobús más cerca de mi casa. En esta última característica, la de imaginar mundos posibles y las mejoras necesarias para alcanzarlos, es en la que a veces falla el juicio de los políticos al cargo de las instituciones, que sobreestiman el músculo financiero de sus presupuestos o minusvaloran la insistencia de sus administrados o colaboradores, y se comprometen, en ocasiones, a llevar a cabo actuaciones que, con el tiempo, van cayendo en el olvido.

En este orden de cosas, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha comunicado esta semana al Ayuntamiento de Guadalajara una sentencia en la que certifica la obligación de la Junta de Comunidades de llevar a cabo la rehabilitación de los viejos edificios de El Fuerte de San Francisco, según acordaron ambas administraciones hace ya casi década y media en un convenio. Hasta el momento, se ha acometido la urbanización del nuevo barrio construido en los antiguos terrenos del Ministerio de Defensa, la reforma de la nave para la creación del Espacio Tyce y la rehabilitación de distintas partes de la iglesia de San Francisco, actuaciones más que notables pero que no han alcanzado al total de inmuebles existentes en la parcela.

Es de suponer que el agravio para el Ayuntamiento no ha sido tanto durante este tiempo. De hecho, el asunto no llegó a la justicia hasta 2015, más de una década después de la firma del convenio, casi un lustro después de la última obra y, casualmente, justo el mismo año en que María Dolores Cospedal dejaba la Presidencia de la Junta y el PSOE volvía a hacerse con el Gobierno regional. Por otro lado, el Ayuntamiento se ha mostrado reacio en estos años a abrir nuevos edificios de servicio a los ciudadanos, por lo que, al igual que ocurre con el Tyce, los flamantes edificios recién rehabilitados podrían permanecer como inmuebles fantasmas sin uso ni beneficio, pero esta vez con un bonito envoltorio. Todo ello sin olvidar los ingresos, anecdóticos pero reales, que el Consistorio percibe por prestar estas calles a los rodajes de series y películas, unas vías que probablemente serían mucho menos atractivas si se rehabilitarán los edificios y perdieran su imagen vintage.

A pesar de todos estos factores que han ido acumulándose en el lado del Ayuntamiento, hay que recordar que, como bien señala la justicia, el que ha roto un acuerdo es la Junta de Comunidades, por lo que será el Ejecutivo regional el que tenga que dar un primer paso y anunciar las puesta en marcha de las obras o negociar con el Consistorio una programación de las actuaciones. A pesar de ello, y temiendo el desuso que posteriormente podrían esperarle a los edificios del complejo, las responsabilidades y los compromisos estaban claros antes y lo están ahora, y siempre es mejor tener edificios convencimiento revisados y reformados que vivir con la incógnita de si alguno de ellos sucumbirá al paso del tiempo.

El caso de El Fuerte es paradigmático de una cierta forma de proceder en Castilla-La Mancha (y prácticamente en todas las regiones de España) durante la pasada década. El Gobierno regional apoyaba y espoleaba todas las ambiciones y potencialidades de sus ciudades y sus pueblos, comprometiendo con ello cientos de millones de euros en proyectos que, en muchas ocasiones, no han llegado a ver la luz. Muchos de estos desarrollos frustrados han tenido su base en la crisis económica, que ha reducido increíblemente la capacidad de gasto (y, sobre todo, de endeudamiento) de la Junta, pero otros muchos nacían con los días contados, como simples declaraciones de intenciones y brindis al sol. Así, cuando la cosa pasaba de ser simplemente un anuncio o una maqueta, un acto con gran boato pero que en muchas ocasiones no adelantaba mucho sobre el contenido de la propuesta., el documento acreditativo de la colaboración entre el Ejecutivo castellano-manchego y la localidad en cuestión solía ser algo ambiguo y no excesivamente vinculante, con nombres tan bienintencionados como convenio de colaboración, plan de actuación, addenda o protocolo. Este no es el caso de Guadalajara con El Fuerte, que ha visto ratificado en la sentencia de TSJCM el “carácter contractual” del texto firmado por ambas administraciones.

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